En 2012, el entonces director nacional de fiscalías, Luis González León, le vio madera como investigador criminal a Nelson Andrés Escobar López, un joven abogado nariñense que se desempeñó primero como secretario del Juzgado Civil Municipal de la Unión y luego como juez promiscuo y municipal en Pasto y en el vecino Departamento del Putumayo.
González venía de ser uno de los primeros fiscales que investigó en Colombia los nexos que parecían imposibles entre miembros de las Fuerzas Armadas, la guerrilla y facciones paramilitares, que se hizo visible en casos como el secuestro y asesinato del empresario Benjamín Khoudari que implicó a miembros de la Brigada 13 del Ejército.
Desde entonces, incluso cuando ya desempeñaba cargos en la alta dirección de la Fiscalía González cumplía misiones sensibles y en el sur del país se encontró con la colaboración de Escobar a quien le propuso vincularse a la Fiscalía.
Desde entonces Escobar ha hecho una carrera brillante en el ente de investigación y acusación como fiscal delegado y está al frente de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.
Una trayectoria similar ha cumplido su superior inmediato, Raúl González Flechas, delegado contra la Criminalidad, quien tiene también bajo su mando a las direcciones especializadas para los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la de delitos contra la Administración Pública, la especializada en delitos contra el medioambiente y también aquella que combate a la cibercriminalidad.
Estos dos hombres acaban de recibir de manos de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la que podría ser una de las misiones más sensibles de sus carreras: investigar las denuncias sobre la infiltración de las disidencias de las Farc, manejada por alias ‘Calarcá’, en organismos del Estado, incluida la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y las Fuerzas Militares.
Lejos de intentar un desmentido, como lo han hecho otros altos funcionarios, entre ellos el propio presidente Gustavo Petro, la Fiscal ha confirmado que el organismo a su cargo a estado durante más de un año de “un compendio de pruebas técnicas de altísima fiabilidad que exponen en forma contundente una presunta conexión entre las disidencias de las Farc y figuras de considerable influencia dentro del Estado colombiano”.
Las evidencias, según la propia Fiscalía, estaban desde el 23 de julio del año pasado bajo custodia de la Dirección de Policía Judicial e Interpol (Dijin), con cuyos expertos trabajarán ahora los dos altos delegados de la Fiscalía para hacer una exploración técnica de conversaciones, mensajes de chats y otros contenidos que servirán para establecer hasta donde han llegado las disidencias al permear altas esferas gubernamentales.
Los frentes de la investigación conducida por González Flechas y por Escobar ya están definidos: las amenazas a la seguridad nacional, la financiación de la campaña a la Presidencia, las alianzas entre distintos actores ilegales y la creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales.
Ya previamente la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín envió copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para indagar la conducta del brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, quien sería uno de los principales interlocutores de ‘Calarcá’.
El caso se remonta al 23 de julio de 2024. Cuando el Ejército interceptó en Anorí, Antioquia, a una caravana de las disidencias que se movía en siete vehículos de la Unidad Nacional de Protección. Allí las autoridades militares se incautaron de computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos que luego fueron entregados a la Fiscalía.
Los ocupantes de los vehículos eran Alexander Díaz Mendoza (‘Calarcá’), Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar, Diana Carolina Rey Rodríguez, María Alejandra Ojeda Londoño, Wenser Yosony Sábana Duque (‘Oliver’) y Édgar de Jesús Ortega (‘Firu’). Todos ellos fueron recluidos en el batallón en el Municipio de Bello.
Echavarría, Agudelo y Rey no quedaron capturados, como en condiciones normales debía ocurrir porque estaban en posesión de armas y llevaban consigo a un menor de edad, porque la Fiscalía ordenó su libertad invocando disposiciones legales relacionadas con los diálogos de la paz total. Los demás fueron detenidos y condenados y están presos.
La Fiscal general no ha recibido hasta ahora informes sobre los contenidos de la información recaudada y por eso, 16 meses después, decidió destacar a dos de sus funcionarios más experimentados y mejor calificados para meterse a fondo y mirar como está tejida la trama.
Ha aclarado, eso sí, que los fiscales delegados actúan con autonomía en el ámbito de sus facultades y que por ende serán ellos los que conduzcan el proceso de investigación.
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