Los resultados de la consulta interna evidencian la consolidación de una burocracia militante como requisito esencial para la conservación del poder.
Más allá de los votantes provenientes de los románticos del antiguo Partido Comunista —una minoría— y de otras sectas de la izquierda, así como de un segmento cada vez menor de opinión, resulta innegable el aporte determinante de los votos ligados a los contratos de prestación de servicios, que, según cifras oficiales, superan el millón de personas.
A ello se suma la burocracia directiva del Estado, los trabajadores oficiales y otros sectores que, en conjunto, representan cientos de miles de votos en favor de quien ostenta el poder, tanto a nivel nacional como territorial.
Esta realidad quedó en evidencia con la elección del señor Cepeda como candidato único del petrismo y con los resultados de la consulta, donde los ganadores se beneficiaron de una amplia clientela política construida desde el actual gobierno.
Incluso entre los llamados influencers se observa el mismo patrón, pues muchos de ellos son contratistas del Estado con honorarios elevados, insertos en la red de lealtades que alimenta esta nueva generación.
No es casual que el presidente Petro haya afirmado en un Consejo de Ministros —visiblemente molesto porque estos no salieron a respaldarlo en las calles— que los funcionarios de carrera administrativa fueron puestos por Uribe y que, por tanto, debe cambiarse ese régimen.
Se trata de una afirmación difamatoria que refleja su aversión hacia los vínculos laborales meritocráticos con el Estado y su interés en reemplazarlos por un modelo funcional a sus intereses políticos. Petro no necesita servidores públicos de carrera, sino ejércitos de funcionarios militantes, subordinados al régimen, sin vínculo meritocrático alguno.
Esa lógica se extiende a las reformas estructurales que impulsa. En la reforma a la salud, por ejemplo, ingresarán automáticamente batallones de trabajadores afines a la causa petrista, del mismo modo que en la reforma laboral, que incorporaría centenares de miles de personas al ICBF, incluidas las madres comunitarias, o al sector educativo, donde se busca vincular a numerosos docentes que rehúyen los concursos de mérito.
Paradójicamente, estas maniobras pasan desapercibidas ante la sociedad y los actores institucionales, políticos y sindicales que deberían reaccionar. Lo mismo ocurre en la DIAN, donde su director —abierto militante del petrismo—, junto con sindicatos abiertamente antimeritocráticos, se niegan a aplicar las listas de elegibles en las vacantes, perpetuando la arbitrariedad en el acceso al empleo público.
Y ni qué decir del sector consular, donde la designación de la viceministra Juliana Guerrero constituye un insulto a los millones de profesionales del país que no encuentran una oportunidad laboral digna.
No sorprende, entonces, que el primer director de la Función Pública, amigo personal del presidente, hoy esté procesado por crímenes de cuello blanco.
De llegar a convocarse una Asamblea Constituyente, la carrera administrativa correría graves riesgos: las prácticas petristas de contratar gente afín a su Gobierno podría convertirse en un principio constitucional, consagrando la destrucción definitiva del mérito y la ética pública en Colombia.
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