El 5 de noviembre de 1982 el presidente Belisario Betancur le comunicaba al país la renuncia de Colombia a ser la sede del mundial de fútbol de 1986: "Como preservamos el bien público, como sabemos que el desperdicio es imperdonable, anuncio a mis compatriotas que el Mundial de Fútbol 1986 no se hará en Colombia" informaba por radio y televisión. Ese día, Colombia se convirtió en el único país del mundo en renunciar al evento más popular de la historia reciente a cambio de la ilusión del gasto razonable, de preservar lo publico y de construir casas, hospitales y colegios.
40 años después, el descuido por el bien público y la desvergonzada licencia para desperdiciar fue tal que no solo ninguna de las condiciones exigidas para su organización se cumplen (entre ellas una red de trenes que permitiera comunicar a todas las sedes o aeropuertos con capacidad para el aterrizaje de aviones tipo jet en todas las ciudades) sino que la construcción de casas, hospitales y colegios fue tan remota y fugaz como el mismísimo mundial.
En 1966, ante las afugias económicas y de infraestructura, la baja cobertura escolar y la necesidad de formar mano de obra calificada para fines agrícolas, el presidente Carlos Lleras Restrepo, como paliativo emanado del acuerdo llamado Frente Nacional, redujo de 8 a 6 horas la jornada estudiantil de los colegios públicos en Colombia. La media jornada, en teoría, planteaba unos beneficios de ahorro económico y ampliación de la cobertura educativa a corto plazo.
Pero después de 50 años y docenas de alocuciones presidenciales los recortes presupuestales y la disminución de la calidad educativa crecieron exponencialmente. No hubo ni presupuesto necesario ni construcción de infraestructura urgente, pero si un claro aumento de la brecha social resultado de la vergonzante y directa propaganda gobiernista de la oferta privada de 8 horas versus la pobre educación estatal de seis: en total 400 horas menos de presencialidad por estudiante al año, 4400 horas en los once años regulares y un valioso tiempo difícilmente recuperable.
Como la renuncia al mundial, la implementación de la doble jornada en el país confirmo su atraso, resignándolo a su escueta realidad: país pobre, con deporte pobre para pobres y educación pobre para pobres. En el mundo conocido, donde no hay país perfecto y existen peores que nosotros (según dicen), los optimistas difícilmente lo pueden negar: el mínimo esfuerzo criollo condeno la educación estatal escolar a la postración y a sus beneficiaros al más imbatible atraso y olvido.
No obstante, años de lucha magisterial devolvieron la jornada única a las instituciones educativas mediante el artículo 85 de la Ley 115 de 1994. Pero a esperanza puesta frustración dispuesta, luego de sucesivos y crecientes recortes en transferencias. ¿No es al menos curioso que 21 años después y sin presupuesto, con hacinamiento de estudiantes y sin suficientes docentes, con infraestructura de más de 50 años y sin contemplar las necesidades de las instituciones, con gran indiferencia por la salud mental de la comunidad estudiantil y sin la menor voluntad política, ahora si sea una prioridad? Por mencionar un ejemplo, el departamento de Boyacá, no muy reconocido por tener la mejor infraestructura educativa, la ha implementado en el 27% del total de instituciones educativas y con la misma necia fórmula: a petición legítima, sordera e ignoro. Un agotador proceso mental el de superar las promesas incumplidas, que de buena fe los consejos directivos decidieron creer. Gran error.
Sobre todo porque, cuando varias cosas puedan fallar siempre lo hará la que cause un mayor perjuicio.
Ahora, no contentos con la improvisada jornada única, en el gobierno pospandémico del cambio se vienen tiempos de diagnósticos y, por ahí, tal vez si acaso responsables. Por eso, raro no será encontrar, enmarañados en sus lemas como “evaluar para avanzar”, el tan candorosamente pregonado “reducir la brecha”.
Homicidio colectivo en lugar de masacre; ley de financiamiento en lugar de reforma tributaria y brecha en lugar de lo obvio: una herida. Eso es lo abierto en la educación colombiana. Comenzando por las familias, pasando por el preescolar y llegando a la universidad, los gobiernos han roto y profundizado un resquicio por donde el sistema educativo comenzó a perder su seguridad y permitió el único avance irrefrenable en Colombia: el de la injusticia y la pobreza.
Cuando un programa como el de Evaluar para Avanzar aprovecha parcialmente un Sistema Universitario Estatal (SUE) o su presencia en el 80% del territorio nacional o la investigación en pedagogía de universidades públicas con trayectoria, se ahonda la herida. O como lo llaman algunos eufemísticamente, se aumenta la brecha. ¿Será que el objeto y alcance del programa Evaluar para Avanzar es limitado, carente de ambiciones?
No es casualidad que 3 de las 7 universidades encargadas sean privadas, y 2 de las restantes públicas no tengan (comparadas con otras) las mejores credenciales. Quizá los aportes del SUE para una transformación de la educación en la pospandemia no se alinean con las "políticas" del Ministerio de Educación. Eso reforzaría el prejuicio, el estigma y hasta la persecución hacia lo popular, la provincia y, por supuesto, lo publico (desde lo público).
Por eso la propuesta debe ser, primero, llamar las cosas por su nombre y luego curar las heridas. Evaluar para Avanzar es una oportunidad. ¿De qué? De ampliar el panorama más allá del diagnóstico para que en lo sucesivo se incluya el Sistema Universitario Estatal en un gran programa nacional de transformación y adaptación de la educación en las regiones: impulsando por primera vez la autonomía más allá del discurso contradictorio del estándar, llevándola al estudio de los entornos escolares, la dotación con recursos para sanear las finanzas de las instituciones y a la investigación docente mediante la formación permanente y de calidad.
Colombia es profuso en historias optimistas y finales predeciblemente tristes. En el gobierno del cambio puede que sea distinto y se cure, o al menos muestre mejoría, la dizque brecha, es decir, esa profunda herida en la educación estatal.
