Pocos en Barrancabermeja o en el país se enteraron de la fugaz y nefasta visita de la viceministra de Relaciones Laborales al puerto petrolero. La señora llegó, visitó sonriente la carpa de la huelga de los trabajadores del puerto de Impala, les mintió sin vergüenza diciéndoles que venía a buscar un acuerdo, conversó con la empresa, y se les arrodilló, accediendo a forzar el levantamiento de la huelga, violando los principios sobre libertad sindical.
Todo empezó cuando Impala, filial de la multinacional Trafigura, construyó en Barrancabermeja un puerto multimodal con una inversión de 450 millones de dólares. Cuando necesitó trabajadores para su operación les impuso un pacto colectivo (que es un acuerdo entre la empresa y los trabajadores no sindicalizados) y los amenazó (así quedó en sus contratos de trabajo) con quitarles beneficios si decidían sindicalizarse.
Los trabajadores fundaron, con el tiempo, una subdirectiva de la Unión Portuaria, sindicato de industria. Tuve la oportunidad de acompañar ese proceso y lo conozco de primera mano. En 2016 se fundó la seccional y se presentó un pliego de peticiones, que, como suele ocurrir en la primera negociación y más, cuando hay pacto colectivo, termina en tribunal de arbitramento. Lo que básicamente hicieron los árbitros fue igualar la convención al pacto colectivo y conceder garantías a los trabajadores sindicalizados. Como era de esperarse, el pacto colectivo está denunciado ante el Ministerio del Trabajo desde hace años y duerme allí el sueño de los justos.
Durante la vigencia de la convención colectiva a los trabajadores les aplicaron todo el catálogo de acciones de persecución sindical que promueven los empleadores “amparados en la ley”. Llamados a descargos y sanciones indiscriminadas, sobre todo, a los directivos sindicales.
Entendiendo la situación de la pandemia, el sindicato dejó vencer la vigencia de su laudo arbitral y por lo tanto se prorrogó por 6 meses. Luego presentaron denuncia al laudo y un nuevo pliego de peticiones. La empresa, como era de esperarse y a pesar de no haber detenido su operación en el marco de la crisis, presentó un “contrapliego” buscando desmontar los únicos tres beneficios extralegales que tenían los trabajadores. Así comenzó la negociación en donde participé como asesor. Los trabajadores hicieron todas las ofertas, propuestas y fórmulas, es decir, negociaron de buena fe. Hasta quiso que la negociación se extendiera en una prórroga a lo que la empresa se negó. La misma comisión de la empresa felicitó al sindicato por su disposición al diálogo. Una felicitación hipócrita.
Terminada la negociación, el sindicato, siendo minoritario, convocó a votaciones para que los trabajadores de la empresa decidieran entre tribunal de arbitramento o huelga, obteniendo el apoyo de trabajadores no sindicalizados a favor del cese de actividades. Esas votaciones fueron auditadas y certificadas por el Ministerio del Trabajo.
Con la decisión en sus manos, a los trabajadores no les quedaba sino decidir la hora cero, que en virtud de la ley debe ser durante los diez días hábiles siguientes, por lo que acordaron que fuera el último día esperando que la empresa buscara un acuerdo, cosa que no ocurrió. Vino la desinformación, la amenaza y la descalificación de la Oficina Regional del Trabajo de Barrancabermeja por parte de Impala.
La huelga debía empezar y la empresa obstaculizó el trabajo de los inspectores locales del trabajo, también del sindicato, quiso imponer un funcionamiento exagerado de la empresa para hacer inútil la huelga. En pocas palabras, la saboteó.
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La empresa puso a disposición de los trabajadores no sindicalizados transporte, instalaciones y garantías para hacer dizque un proceso de votaciones para levantar la huelga
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Mientras la huelga seguía su curso, la empresa puso a disposición de los trabajadores no sindicalizados transporte, instalaciones y garantías para hacer dizque un proceso de votaciones para levantar la huelga, la empresa no invitó al Ministerio de Trabajo sino a un funcionario notarial, violando el debido proceso, como lo advirtió la mismísima directora de Inspección Vigilancia y Control (IVC) quien al parecer no supo lo que firmó, pues en oficio calendado el 5 de febrero de 2020 sugirió que la votación no fue clara respecto de los lugares en donde se hizo, que hubo líos de transparencia, legalidad y publicidad. La pregunta que supuestamente le hicieron a los trabajadores no fue clara y dejaba el conflicto en el limbo jurídico. A esas votaciones tampoco invitaron a los trabajadores sindicalizados y aparecieron un sinnúmero de trabajadores “fantasma” que sirvieron para completar la supuesta mayoría que alcanzaron.
Luego de eso y como señal clara de la existencia de un plan entre la empresa y el gobierno, al ministro, la viceministra y la directora de Inspección, Vigilancia y Control, presionaron a los inspectores del trabajo de Barrancabermeja y Bucaramanga para que levantaran la huelga. Unos y otros se negaron porque era abiertamente ilegal. Entonces le tocó venir a la viceministra personalmente a Barrancabermeja en compañía de su directora de IVC (que olvidó lo que ella misma había escrito y firmado) a forzar el levantamiento de la huelga usando ilegalidades, violando las normas sobre el derecho de huelga. La señora Ligia Stella Chaves levantó la huelga, obligó el reinicio de la actividad productiva.
Esta es una demostración clara de cómo los convenios internacionales, la Constitución y las normas laborales que protegen a los trabajadores son pura retórica cuando no existen autoridades que garanticen su efectividad. También es la demostración de que este gobierno y este ministerio están de rodillas ante los grandes empresarios y solo la lucha política dará lugar a una inspección del trabajo que sirva a los intereses de los trabajadores colombianos.
Al final, la viceministra fue el caballo de Troya, la trajeron a Barrancabermeja disfrazada de diálogo social, cuando en realidad traía a inspectores de Bogotá con el único propósito de engañar al sindicato, pasarse la ley por la faja y levantar la huelga que había sido legalmente votada por los trabajadores. Y hecho el daño, salió corriendo.
Ayer, ni el mismo ministro fue capaz de convocar a la empresa a una mesa de diálogo. Le levantaron la huelga a la empresa y sin presión, no solo no acude a la conversación, sino que premiaron a su jefe de recursos humanos enviándola a Ginebra, Suiza.
Los trabajadores de Impala, afiliados a la Unión Portuaria ya ganaron, jóvenes, sin experiencia en temas sindicales y minoritarios lograron hacer lo impensable: pelearle a un gigante que además tiene al gobierno de su lado. Para ellos, toda la admiración y solidaridad.
La lucha de estos trabajadores continúa. Debe ser la lucha de todos los trabajadores colombianos. No están solos.
