Todo empezó, o más bien terminó, en una gallera en una vereda de Fusagasugá. Cuatro hombres, entre amigos y familiares, conversaban mientras miraban los gallos finos a los que esa noche había que apostarles. Cuando la noche avanzaba hombres armados, con chalecos y gorras que los identificaba como agentes del DAS ingresaron al lugar. Pidieron documentos, y hablaban de una investigación grande. Minutos después Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega fueron subidos a una camioneta sin placas. Desde ese momento nadie volvió a saber de ellos. Esa escena, repetida ante jueces, por quienes dicen haber ejecutado el crimen, es el punto de partida de una historia que hoy sacude a uno de los íconos deportivos más queridos de Colombia: el ciclista Lucho Herrera.
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Los cuatro hombres desaparecidos vivían cerca de la finca que Herrera tenía en la vereda La Aguadita, en Fusagasugá, a comienzos de los años dos mil. Campesinos, vecinos, conocidos del sector. El 23 de octubre de 2002 desaparecieron sin dejar rastro. Durante años, el silencio fue casi total. Hasta que las versiones de antiguos integrantes de grupos paramilitares empezaron a señalar al ciclista como presunto determinador de su desaparición y asesinato.
Esas versiones son las que llevaron al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá a compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Herrera, si no lo había hecho antes, por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado. A partir de esa decisión, la Fiscalía lo llamó a indagatoria para que responda por los hechos.
Quienes lo señalan son tres exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare, una estructura armada ilegal que tuvo presencia en la región entre 2002 y 2003 y que estuvo bajo el mando de Héctor Buitrago, conocido como Martín Llanos. El primero es Luis Fernando Gómez Flórez, alias Ferney u Ojitos, hoy condenado a 22 años y seis meses de prisión por desaparición forzada y recluido en la cárcel de Cómbita. El segundo es Héctor Díaz Gaitán, alias Camargo, excomandante de un grupo urbano de esa organización. El tercero es Óscar Huertas Sarmiento, alias Menudencias.
Según sus relatos, Herrera habría tenido un papel activo en los hechos. Afirman que el exciclista pagaba una cuota a la estructura paramilitar para recibir protección y que fue él quien solicitó la eliminación de cuatro personas a las que señalaba como milicianos de la guerrilla. Los exparamilitares sostienen que esas personas eran, precisamente, sus vecinos.
De acuerdo con esas versiones, la operación comenzó con una identificación previa. Hablan de fotos, de nombres, de indicaciones precisas sobre a quiénes recoger. El día de los hechos, algunos de ellos llegaron a la gallera donde estaban tres de las víctimas. Al ultimo lo buscaron y lo recogieron en un punto cercano. Ellos lo cuentan como perpetradores.
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Luego vino el trayecto hacia una zona rural, en la vía que comunica a Novilleros con La Aguadita. Allí, dicen, los bajaron, los asesinaron y los enterraron en fosas improvisadas. Los relatos coinciden en la brutalidad: degollamientos, desmembramientos, machetes, entierros rápidos. Algunos aseguran que los cuerpos quedaron en una finca ubicada al borde de la carretera, que otros identifican como una propiedad del propio Herrera.
En esas narraciones aparece también un hombre llamado Rafael, a quien los exparamilitares describen como familiar o persona cercana al ciclista. Según ellos, habría servido de enlace para coordinar detalles logísticos y facilitar el acceso a la finca. La mención de este nombre se repite en más de una declaración y forma parte del rompecabezas que ahora intenta armar la Fiscalía.
Con el paso del tiempo, la versión inicial de que las víctimas eran guerrilleros empezó a resquebrajarse incluso dentro de los relatos de los propios victimarios. Algunos afirman que después supieron que no pertenecían a ningún grupo armado y que, al parecer, el verdadero motivo del crimen habría sido un conflicto por tierras. Según esa hipótesis, los cuatro campesinos se habrían negado a vender sus predios a Herrera, lo que habría detonado la decisión de desaparecerlos. Las familias de las víctimas siempre han sostenido que los hombres no tenían vínculos con la guerrilla. Precisamente esas versiones son las que la Fiscalía está tratando de aclarar.
El caso avanzó primero contra los ejecutores. La condena contra alias Ojitos fue el punto de inflexión. En la sentencia, la jueza María del Pilar Bocarejo dejó constancia de los señalamientos contra el exciclista y de la necesidad de que la Fiscalía investigara su posible rol como determinador. Esa orden judicial es la que hoy tiene a Herrera enfrentando una indagatoria.
Herrera, por su parte, ha dicho estar dispuesto a declarar una vez conozca con precisión los cargos que se le atribuyen y ha afirmado su inocencia. En días recientes, trascendió que reconoció haber conocido a dos de las víctimas, pese a que en un primer momento había señalado no conocerlas. Ese matiz también será parte del examen judicial.
Por ahora, lo que existe son solo versiones, testimonios de hombres condenados por graves crímenes y una investigación que apenas comienza en lo que respecta al exciclista. Para las familias de Gonzalo, Víctor Manuel, José del Carmen y Diuviseldo, la verdad llega tarde, pero sigue siendo una deuda.
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