Texto escrito por: Óscar Julian Molano Vargas
Gustavo Petro asumió la presidencia de la República el 7 de agosto de 2022 en medio de una gran tensión política y económica en Colombia, derivada de hitos sin precedentes ocurridos durante el gobierno de Iván Duque, como la pandemia y el estallido social, expresado en diversas movilizaciones ciudadanas que dejaron episodios de uso excesivo de la fuerza, un fuerte incremento de la inflación y el debate alrededor de una reforma tributaria que planteó gravar bienes de consumo básico, entre muchos otros asuntos que movilizaron una cantidad histórica de votantes y terminaron llevando al candidato del Pacto Histórico a la Casa de Nariño.
Con respecto a Petro se dijeron muchas cosas, que el dólar llegaría a diez mil pesos, que era el fin de la Constitución y de las instituciones en Colombia, que el país se convertiría en una dictadura. Muchas de esas afirmaciones respondían más al miedo y a la incertidumbre que a un análisis suficientemente estructurado. En campaña se presentó como un líder cercano al pueblo, carismático, transformador y con propuestas distintas.
Gustavo derrotó por un margen estrecho a Rodolfo Hernández, impulsado en gran medida por la irrupción de Francia Márquez, una lideresa afrodescendiente que representó una ruptura con buena parte de la política tradicional. Ese triunfo también respondió a una ciudadanía totalmente inconforme con los gobiernos anteriores y que decidió darle un voto de confianza a una promesa de cambio que ofrecía reformas estructurales, mayor inversión social, fortalecimiento del campo, transición energética, educación pública y una transformación profunda de la relación entre el Estado y los sectores históricamente excluidos.
Y bien, le pusieron la estola, mandó a traer la espada de Bolívar, se posesionó ante el Congreso de la República y comenzó su gobierno; logró cosas realmente valiosas; a pesar de sus constantes rifirrafes con el legislativo, salió adelante una reforma laboral que benefició a muchos trabajadores, con mejores recargos, mejores condiciones laborales y la consolidación de la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas. También impulsó políticas sociales dirigidas a personas en situación de pobreza extrema, fortaleció la agenda de la economía campesina y promovió una reforma agraria orientada a la redistribución parcial de la tierra y a la sustitución de cultivos ilícitos.
Otro logro que debe reconocerse es haber intentado cambiar la lógica de un salario mínimo hacia la idea de un salario vital, que, aunque todavía insuficiente para millones de colombianos, terminó representando una suma más digna para muchos trabajadores. Ahí Petro dejó una huella importante al poner nuevamente en el centro del debate público la desigualdad y la dignidad del trabajo.
En materia económica, el balance exige más cuidado del que suele hacerse en la arena política. Como parte de un acercamiento multidimensional, sostuve una conversación con una estudiante de economía, donde pudimos precisar que algunos indicadores sociales mejoraron durante este gobierno: el desempleo descendió frente a los niveles registrados en 2022, la pobreza monetaria y la desigualdad disminuyeron, y el aumento del salario mínimo fortaleció el poder adquisitivo de muchos hogares.
Sin embargo, esos resultados no son totalmente atribuibles al gobierno de turno; parte de la reducción de la inflación y de la apreciación del peso responde también al proceso de normalización posterior a la pandemia, a las decisiones del Banco de la República, a la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y a factores internacionales como los precios del petróleo. En contraste, un estudiante de derecho consultado, sostiene que varias decisiones del Gobierno y, sobre todo, los mensajes enviados desde el Ejecutivo, terminaron alimentando una percepción de incertidumbre económica e institucional en un momento en que Colombia necesitaba estabilidad, confianza para invertir y claridad sobre el rumbo fiscal del Estado.
Pero el éxito del gobierno Petro no fue absoluto. A pesar de que no todo dependía de él, quedaron profundamente cuestionados aspectos centrales de su proyecto político, como la reforma a la salud, la implementación de la reforma agraria y las incertidumbres alrededor del nuevo sistema pensional.
En medio de las diversas coyunturas y trámites legislativos, quienes terminan pagando los platos rotos son los ciudadanos. La atención hospitalaria se deterioró, la entrega de medicamentos se volvió más lenta y persistieron problemas estructurales de supervisión y ejecución de las entidades. La discusión sobre las pensiones sigue marcada por el envejecimiento de la población y por dudas sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Al mismo tiempo, Colombia continúa dependiendo en buena medida de economías ilegales como el narcotráfico, fenómeno que es tanto consecuencia como síntoma de décadas de abandono estatal y concentración de la tierra.
Por otro lado, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso estuvo marcada por una confrontación permanente, de cierta forma resulta cuestionable que sectores del congreso hayan trancado reformas sociales que, en sustancia, buscaban atender problemas reales del país, más allá de su ideología política, mientras defendían prebendas particulares como sus altas primas de altos funcionarios; sin embargo, también es evidente que el Gobierno Nacional careció de la destreza para construir consensos estables y entender que, en una democracia, las transformaciones profundas requieren negociación y acuerdos.
Desde la perspectiva jurídica, una lección fundamental de este periodo es que ningún presidente puede gobernar desconociendo la estructura del Estado. La Constitución de 1991 organizó un Estado Social de Derecho basado en la tridivisión de poderes, la descentralización territorial y el respeto a los límites constitucionales. Las reformas necesitan instituciones fuertes que garanticen su permanencia, no el abuso del "decretazo".
En este punto, un abogado consultado para este análisis resalta que la llegada de Petro representó, para muchos sectores sociales, la posibilidad de materializar promesas históricamente aplazadas de la Constitución de 1991. Destaca especialmente su trayectoria denunciando fenómenos como la parapolítica, el paramilitarismo y prácticas de corrupción dentro de sectores del establecimiento político. Desde esta perspectiva, el Gobierno representó un intento de construir una sociedad con mayores niveles de igualdad y reconocimiento para quienes históricamente habían quedado relegados, desde su perspectiva, el proyecto fue un intento de construir solvencia y reconocimiento para quienes viven del día a día.
En esa misma conversación surge un contraste particularmente interesante. Otro abogado en formación considera que el problema central de esta administración fue precisamente la distancia entre el discurso del cambio y la práctica del poder. A su juicio, las constantes polémicas por los nombramientos, las discrepancias públicas dentro del propio gabinete, la alta rotación ministerial y la sensación de improvisación administrativa terminaron debilitando progresivamente la credibilidad del Gobierno y de su promesa transformadora.
Además, el discurso presidencial, en varios momentos, estuvo marcado por una confrontación constante con sectores opositores, instituciones y medios de comunicación. La política naturalmente implica diferencias, pero convertirlas en una división permanente entre “buenos” y “malos” termina trasladando la disputa política al comportamiento ciudadano y profundizando un sectarismo que Colombia, por su historia de violencia, no le conviene de ninguna forma avivar. Más allá de las reformas, los gobiernos también se juzgan por la coherencia entre los principios que proclaman y la manera en que reaccionan cuando esos principios son puestos a prueba; precisamente allí, según las consideraciones de algunos de los entrevistados, comenzó a erosionarse buena parte de la legitimidad política con la que Petro llegó al poder.
Esta tensión también afectó la percepción del proyecto del progresismo y la campaña de Iván Cepeda, pues una parte del electorado interpretó el estilo confrontativo del presidente como una señal de continuidad de esas divisiones. La política si bien es cierto que necesita liderazgo, también debe ejercerse de manera prudente, con capacidad de escuchar, dialogar y de comprender que gobernar no significa convencer únicamente a quienes piensan igual.
En materia de seguridad, el balance del orden público demuestra que la política de Paz Total enfrentó resultados claramente insuficientes. Tratar al ELN como un actor político y negociante (pese a las complejas dinámicas criminales que caracterizan a esa organización) terminó debilitando la confianza de amplios sectores ciudadanos en la capacidad del Estado para recuperar el control territorial. El resultado fue la continuidad de altos índices de violencia en varias regiones y una realidad dolorosa donde hay zonas del territorio que, atónitamente, el Estado parece dar por perdidas.
Está claro que el enfoque no puede reducirse a la confrontación armada directa, pues la guerra tampoco ha resuelto el conflicto colombiano; sin embargo, el Estado debe ser inteligente en la forma en que asume el problema, recuperando el territorio mediante una combinación de inversión social, presencia institucional y autoridad legítima. Desde una postura consultada para este análisis, precisamente uno de los mayores errores del gobierno fue proyectar una sensación de debilitamiento del principio de autoridad frente a organizaciones armadas que continuaron expandiendo su presencia en distintas regiones. En contravención, es justo reconocer las leyes y proyectos impulsados por Petro para mejorar algunas condiciones de vida de los miembros de las Fuerzas Militares, quienes también han enfrentado históricamente dificultades de bienestar y reconocimiento institucional.
En el escenario internacional, es valorable la defensa de la soberanía e independencia de Colombia, dejando momentos icónicos como su discurso excelso ante la ONU en defensa del pueblo palestino. No obstante, allí también aparecieron las constantes "cosas de Petro" manifestado en un tono confrontativo e imprudente ante mandatarios globales como Donald Trump donde, si bien se tenía razón de fondo, se careció de la serenidad que exigen las relaciones diplomáticas como prevención de incluso una guerra.
Punto aparte, el gobierno desafortunadamente incurrió en un uso oportunista de ciertas causas; por ejemplo, cuando en campaña se ondearon con fuerza las banderas del feminismo y otros movimientos para posteriormente al olvido institucional. Un caso idéntico es el de la vicepresidenta Francia Márquez, aunque su votación y consolidación política fueron determinantes para ganar la contienda electoral, durante el periodo presidencial la relación entre ambos se enfrió drásticamente, relegando a la Vicepresidencia a un mínimo de expresión, participación y voto dentro del Ejecutivo. A este panorama se suman el clientelismo y prácticas de corrupción frente a las cuales el presidente mostró permisividad, como los cuestionamientos alrededor de ciertos nombramientos, la permanente rotación ministerial y algunos escándalos de corrupción como el de la UNGRD.
A pesar de inversiones puntuales en infraestructura para universidades, colegios y hospitales, existieron derroches burocráticos como el Ministerio de la Igualdad, una buena iniciativa en su génesis pero que fracasó rotundamente en su planeación y ejecución. Es en este escenario de contradicciones donde el análisis de estudiante de periodismo consultado adopta una postura más crítica.
Desde su percepción hay diversas alarmas institucionales de fondo frente a la alternativa del progresismo, además cuestiona firmemente las posiciones históricas de Iván Cepeda frente a la garantía de no extradición de alias "Jesús Santrich" y plantea serias dudas sobre la idoneidad técnica que tenía su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, para asumir responsabilidades de Estado tras el desgaste del rol de Francia Márquez. Asimismo, la crítica periodística pone al descubierto problemas sobre la legitimidad democrática en zonas de orden público dominadas por la insurgencia, donde la presión armada revivió las alarmas históricas sobre el fenómeno del "voto fusil", y cuestiona que las tensiones institucionales pretendan resolverse mediante llamados a la desobediencia civil o la conformación de gabinetes alternos que debilitan la confianza en el sistema electoral.
La realidad es que hoy Abelardo de la Espriella asume por los próximos cuatro años la Presidencia de la República. Muchos lo reciben con esperanza e ilusión, convencidos de que podrá corregir buena parte de los errores y deficiencias que dejó el gobierno de Gustavo Petro; otros lo reciben con miedo e incertidumbre ante la llegada de un “outsider” profundamente polémico, de discurso confrontativo y de posiciones que para muchos representan un giro extremo en la política colombiana.
Debo decir que no comparto buena parte de sus políticas, de sus discursos ni de su visión de país. Sin embargo, como ciudadano le exijo algo mucho más importante que cualquier afinidad ideológica y política: que gobierne dentro de la Constitución y para la Constitución; que respete la soberanía de Colombia y no la someta a intereses ajenos, especialmente de quienes tanto daño hacen a la humanidad, que escuche a los distintos sectores sociales, políticos, económicos y regionales que conforman esta nación y que tenga la capacidad de construir verdaderos acuerdos que beneficien al país.
Quiero un país con seguridad, pero no a cualquier precio, debe ser acompañada de presencia estatal, inversión social, justicia y respeto irrestricto por los derechos humanos. Quiero un Estado Social de Derecho que deje de ser una promesa y se convierta, por fin, en una realidad material para millones de colombianos. Quiero un gobierno que actúe con rectitud, honestidad y responsabilidad, y que entienda que la autoridad no se fortalece con el odio, sino con instituciones legítimas y ciudadanos que vuelvan a confiar en ellas.
Este artículo no es una defensa de Petro ni un ataque a Abelardo. Es la voz de una generación cansada de la polarización, preocupada por el rumbo del país, pero todavía convencida de que Colombia puede construirse desde la diferencia. Si algo me dejaron las conversaciones con una economista, dos juristas de orillas ideológicas opuestas y un periodista fue que la ideas no tienen por qué destruirnos; pueden confrontarse, debatirse y enriquecerse mutuamente. Ojalá el próximo gobierno comprenda que el verdadero desafío no es derrotar a la otra mitad del país, sino gobernar para ella también.
Porque los presidentes pasarán;
pero el pueblo siempre permanece en resistencia.
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