La fiscal María Cristina Patiño ha alcanzado durante su carrera prestigio por sus condiciones como jurista y fama de severidad. Esas dos cualidades sobresalieron durante su ejercicio como magistrada auxiliar de la Corte y como Juez 18 Penal del Circuito de Bogotá.
Quienes trabajan a su lado saben que se sabe mantenerse imperturbable ante los intentos de descalificación, que suelen darse en medio de procesos sensibles, y actuar con ponderación en los estrados.
Por eso no dejó sorprender el despliegue argumental, cargado de duros adjetivos, que hizo al imputar tres delitos a los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, dentro del proceso relacionado con el saqueo a la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastre, y al pedirle a la magistrada de control de garantías del Tribunal Superior de Garantías que autorice su detención.
Las frases que utilizó para sustentar sus acusaciones resultaron especialmente duras para Bonilla que, visiblemente descompuesto y con manos temblorosas -una actitud nada habitual en él- exclamó: “¡No acepto los cargos! Hace medio siglo trabajo en actividades públicas y privadas y nunca he tenido un peso de actividad ilícita”.
Su respuesta era una réplica a una sentencia pronunciada por la fiscal Patiño en el sentido de que él, Bonilla, y Velasco integraron un esquema delictivo con vocación de permanencia, pues operó durante el tiempo en que ambos fueron ministros.
La frase era el colofón de otras que la fiscal acusadora utilizó durante las más de ocho horas de audiencia. Su índice señaló a los dos funcionarios con afirmaciones de este tenor: “(Su conducta) alteró deliberadamente la independencia del Congreso, pervirtió la función administrativa y afectó el patrimonio público”.
Luego hizo una aseveración que más tarde merecería una solicitud de nulidad anunciada por el abogado Mauricio Pava, apoderado de Bonilla, al decir que el cargo de concierto para delinquir carecía de sentido. Según ella, las actuaciones de los dos ministros al cooptar el apoyo de congresistas para apoyar el trámite de proyectos de especial interés para el gobierno del presidente Gustavo Petro “fue un acuerdo delictivo que lesionó los intereses jurídicos esenciales que configuran los delitos imputados y demuestran la planificación conjunta y permanente”.
La fiscal también cuestionó una supuesta actitud solapada de sus imputados, para ella poco dispuestos a poner la cara por lo que hacían: “Se evidencian unos intereses políticos sin límite que obviamente Velasco y Bonilla articulaban a través de terceros, tratando de no ser detectados en sus actos de corrupción”
Los presentó como dos hombres dispuestos a vender sus almas al diablo. Para conseguir intereses perversos: “Hicieron un pacto criminal que lesionó intereses jurídicos esenciales (porque) lo que estaba en juego no era un trámite legislativo cualquiera, sino la integridad del sistema democrático”.
“Impulsaron el desarrollo de una empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando gestiones ilícitas”, les espetó.
Cuando el Tribunal les preguntó si aceptaban los cargos, Velasco -que atendía la diligencia de manera virtual- respondió en forma de réplica a lo que acababa de oír:
“No acepto los cargos. No tengo nada que negociar con la Fiscalía porque soy completamente inocente”, respondió.
Como la fiscal relacionó una serie de contratos movidos al amparo de los cupos indicativos de los congresistas, pero con la intención de comprar votos parlamentarios, Velasco agregó: “Estoy muy confundido porque me acusan de haber intentado sobornar a ocho congresistas de la Comisión Primera y no sé quiénes son”.
“Soy inocente -prosiguió Velasco- y hasta hoy en la investigación sólo se ha escuchado a testigos interesados que han reconocido sus delitos y se han hecho a penas menores de las que debían pagar”.
Su última respuesta aludía claramente a los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGDR, respectivamente, y a María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.
Bonilla, presente en la sala de audiencias, replicó a su turno: “Yo sé cuáles son los hechos. No estoy de acuerdo con ellos y lo demás vendrá en el proceso”.
“Cumplí con mis funciones como Ministro de Hacienda conforme a la Constitución y la ley y tengo la certeza de no haber cometido ningún delito”, concluyó.
Contados a partir del primero de diciembre de 2025, día de la audiencia, correrá un plazo de 17 días para que la magistrada de control de garantías, Aura Alexandra Rosero, decida si acoge o no la solicitud de la fiscal de enviar a la cárcel -casa por cárcel, en realidad- a los dos exministros.
La magistrada Rosero se encuentra en condición de encargo ante la Sala Penal del Tribunal, mediante resolución del Consejo Superior de la Judicatura, mientras su cargo de provee en propiedad. Sin embargo, ya ha intervenido en casos complejos como el proceso que terminó en absolución al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ella no intervino en La fase decisiva, pero sí lo hizo para negar una tutela con la que el exmandatario buscaba que la juez que lo condenó en primera instancia se retirara del caso tras rechazar una recusación en su contra.
Si bien no aprobó en primer término el examen necesario para su ascenso a la magistratura en propiedad, está pendiente de una revisión a la prueba.
De acuerdo con un reporte de la secretaría del Tribunal su despacho se encuentra al día si se hace una relación entre la carga procesal y la oportunidad en los pronunciamientos.
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