Las relaciones de la magistrada Cristina Lombana con sus compañeros de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema nunca fueron buenas y por lo menos en dos ocasiones sus tensiones desembocaron en incidentes que dieron lugar a intervenciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Su pugilato data, según los episodios registrados, de febrero de 2023 y ligados a sus detonantes aparecen los nombres de dos influyentes políticos de la costa Caribe: el exministro Armando Benedetti y el excongresista Arturo Char Chaljub.
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A punta de recusaciones, solicitudes de conflictos de competencias entre la Corte y la Fiscalía e incumplimiento de las citaciones, Benedetti no solo logró eludir un proceso por enriquecimiento ilícito y dos por el caso de un presunto saqueo de recursos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), cuota suya durante la administración de Juan Manuel Santos.
En medio de ese clima de anarquía, Benedetti convenció a la mayoría de los integrantes de la Sala, conformada también por los magistrados Marco Antonio Rueda y César Reyes Medina, que Lombana había montado una persecución en su contra y que dilataba las actuaciones, ordenaba allanamientos a sus propiedades y utilizaba otras supuestas argucias con el propósito de mantenerlo subjudice o encartado judicialmente.
La estrategia del exministro y exembajador en Venezuela le dio resultados. La Sala le quitó a la magistrada la conducción de los procesos y en uno de sus autos lo justificó con regaño incluido: “(…) Precisadas las premisas constitutivas del norte para definir el carácter fundado o no de la recusación ante la dilación judicial y, trasladadas a la elevada por el aforado contra la magistrada Lombana Velásquez, un discernimiento inicial se impone. En concreto, que nadie, ni aún la funcionaria judicial, discuten que se desconoció, además, con creces, el término previsto legalmente para definir la pretensión probatoria de la representación judicial de aquel”.
La misma sala le quitó también a Lombana el expediente por el caso Fonade al declararse en desacuerdo con que fuera ella quien oyera en indagatoria a Benedetti.
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En un auto de dos párrafos ella misma reconoció su derrota: “Durante la sala celebrada en la presente fecha, los argumentos estructurales del proyecto de nulidad presentado por la suscrita Magistrada ponente fueron derrotados, acordándose elaborar una ponencia sustitutiva a cargo del Magistrado César Augusto Reyes Medina, la cual será sometida a consideración de la colegiatura próximamente”.
Su compañero de sala Francisco Farfán tiene una versión distinta sobre la génesis de las disputas. En una denuncia que acaba de presentar contra ella ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara el togado explica que en noviembre de 2022, cuando radicó el proyecto de apertura de instrucción y citación a indagatoria al senador Arturo Char, por un escándalo de compra de votos, la magistrada Lombana montó en cólera y los amenazó y a su magistrado auxiliar Álex Movilla con hacerles la vida imposible.
De hecho, durante una licencia solicitada por farfán para afrontar un proceso ante la Cámara, la magistrada Lombana se arrogó el conocimiento del proceso contra Char y tuvo listo incluso y proyecto de preclusión que finalmente fue rechazado por la Sala.
Los cargos presentados por Farfán contra Lombana incluyen los delitos de acto arbitrario e injusto, abuso de función pública y prevaricato por acción y omisión.
Magistrado Francisco Farfán.
La denuncia va más allá y dice que la jurista también incurrió en acoso laboral contra sus pares de la Sala y en agravios contra los magistrados Marco Antonio Rueda y César Reyes Medina. Le atribuye, en síntesis, un carácter “belicista y pendenciero” que atentado contra la majestad de la sala para que, según Farfán, nunca debió haber sido elegida.
Como quiera que sea, las peleas han beneficiado entre otros sindicados a Benedetti porque la magistrada Lombana termina este septiembre su periodo en la Corte y los procesos no han tenido un desenlace en derecho. La magistrada Lombana se ha limitado a decir que todo es consecuencia de la actitud machista y excluyente con la que, según ella, actúan sus compañeros.
Hay pruebas que duermen en los anaqueles de la corporación. Una de ellas data del 18 de noviembre 2021 cuando llegó la Corte Suprema un informe de policía judicial firmado por Diego Andrés López Bautista, investigador experto del Grupo de Investigaciones Financieras – Sección de Investigaciones para las Finanzas Criminales, según el cual no se advertían inconsistencias en sus últimas declaraciones de renta de Benedetti en las que no estaba reportado debidamente su patrimonio.
El documento llegó al expediente pocos días después de que la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía ocupó ocho inmuebles urbanos ubicados en Bogotá, Puerto Colombia (Atlántico) y Villavicencio (Meta), que estaban a nombre del excongresista y de tres personas posiblemente relacionadas con él.
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En aquella época la DIAN le envió a la Corte información según la cual Benedetti no había justificado patrimonios correspondientes a los períodos 2009, 2014, 2016 y 2017.
Uno de esos procesos fue enviado a la Fiscalía por la Sala Penal de la Corte, con ponencia del magistrado César Augusto Reyes, y otro asumido por la propia Corte, con ponencia de la magistrada Cristina Lombana.
Quedó servida así una oportunidad para que prosperara una solicitud de nulidad de la defensa de Benedetti basada en el principio universal según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
En últimas Benedetti consiguió que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le abriera investigación a la magistrada de la Sala de Instrucción Penal de la Corte por una supuesta filtración de la ponencia que buscaba afectarlo jurídicamente.
La decisión de la Comisión de Disciplina fue tomada con base en un proyecto presentado por el exgobernador de Boyacá y hoy magistrado, Juan Carlos Granados, que generó división entre los integrantes de la sala de decisión.
Tres de ellos se apartaron de la decisión tras señalar una debilidad probatoria en la decisión, pero los cuatro restantes consideraron extraño y digno de investigación el hecho de que, cuando la ponencia fue filtrada -como lo asegura Benedetti- el expediente estuviera desaparecido y más tarde fuera hallado en el despacho de Lombana.
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