El domingo 19 de junio de 2022, la entonces senadora electa María José Pizarro apareció al lado de Gustavo Petro celebrando como propio el triunfo obtenido por la izquierda al llegar por primera vez a la presidencia de la República. Juntos batieron una bandera del M-19: ella para honrar la memoria de su padre, Carlos Pizarro León- Gómez, asesinado jefe de ese movimiento, y él para para exaltar el hecho de que una guerrilla desmovilizada habría conseguido llevar al solio de Bolívar a uno de los suyos.
Todos, salvo ella misma, daban por sentado que María José haría parte de la bancada del gobierno en el Congreso. Ella lo negaría, especialmente cuando fue notificada de una demanda presentada ante el Consejo de Estado contra su elección como primera vicepresidenta del Consejo de Estado.
Harold Eduardo Sua Montaña, el demandante, aducía que esa elección vulneraba el artículo 40 de la Ley Quinta de 1992 (reglamento del Congreso) que les reserva a las minorías su participación en las primeras vicepresidencias del Senado y de la Cámara, a través del partido o movimiento mayoritario entre ellas.
La congresista desestimaba la demanda pues alegaba que el aval para llegar al Congreso se lo dio el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), primero entre las minorías, y no el partido que llevó a Petro al poder.
María José Pizarro fue la senadora más cercana a Gustavo Petro y contó con su apoyo para aspirar a la presidencia pero finalmente desistió y adhirió a Iván Cepeda
El 7 de marzo de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, consideró que, si bien la senadora fue inscrita por MAIS, movimiento que alcanzó cuatro curules, su realidad política mostraba que hacía parte del Pacto Histórico que, con 20 curules, era la bancada del gobierno integrando a sus coaliciones.
“Para efectos de la doble militancia somos coalición, pero para anular mi elección en la mesa directiva somos un solo partido”, se quejó entonces Pizarro.
Por coincidencia, en el mismo expediente figuraba también como demandado el presidente del Senado, Iván Name, cuya elección en ese momento sí quedo a salvo.
Esa coincidencia se repite hoy, dos años después, pero en circunstancias diferentes y por otra causa. Esta vez el afectado es Iván Name, cuya pérdida de investidura acaba de ser decidida en primera instancia el Consejo de Estado por su relación con los pagos de sobornos que caracterizan el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
La providencia no afecta jurídicamente a la senadora Pizarro, pero sí la menciona en veinte ocasiones. ¿Qué dice en esencia? Que, después de haber recibido un millonario pago, con cargo a los recursos de la Unidad, para favorecer el trámite de la agenda legislativa del gobierno Petro. Name le cedió a ella la presidencia del Senado en 14 de 16 sesiones de la reforma pensional entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024.
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La alta corte calificó esa cesión como parte de un patrón para favorecer el trámite legislativo. El nombre de María José Pizarro vuelve a aparecer cuando el fallo cita el testimonio rendido el 26 de agosto de 2024 por Olmedo López, exdirector de la Unidad, ante la Corte Suprema de Justicia. Según él, la colaboración de Name consistía en dejarle a Pizarro el asiento reservado al presidente.
La jugada de cederle la presidencia a la senadora en momentos clave de la sesión formaba parte de la jugada z
El Tribunal interpreta que dejarle la presidencia a ella -que era primera vicepresidenta y una de las principales voces del Pacto Histórico- permitió darle metodología, orden y celeridad a la reforma, con alianza con liberales y La U para hacer quórum.
La dirigente reaccionó incómoda ante la asociación. En un comunicado público escribió: “(…) Que el fallo examine sesiones que presidí no significa que se me atribuya participación alguna en los hechos por los que el señor Name fue sancionado”. Recordó que el artículo 45 de la Ley Quinta obliga a los vicepresidentes a reemplazar al presidente en ausencias temporales. Remarcó que justo fue eso lo que hizo, en medio de sesiones marcadas por dilaciones, falta de quórum y retrasos.
Hasta ahora ninguna autoridad ha anunciado compulsa de copias o indagación contra ella. De hecho, en el proceso de pérdida de investidura de Name la Procuraduría en el proceso de Name pidió negarla por falta de pruebas.
Sin embargo, expertos consultados consideran que si el fallo contra Name es confirmado en segunda instancia, el Consejo de Estado podría enviar copias de la actuación ante la Corte Suprema para que investigue a Pizarro, sobre todo si sigue considerando que su encargo en la presidencia del Senado podría ser parte de un acuerdo ligado al pago de un soborno.
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