El poder tradicional funciona como un juego en un tablero de ajedrez. Y ganarle en urnas la partida para destituirlo es cuestión de jugar con la superpotencia de la conciencia. Su tablero tiene reyes que se niegan a pasar de moda (expresidentes y patrones sin programa de jubilación que piden idolatría); alfiles que controlan las jugadas (alcaldes, gobernadores, empresarios, altos cargos, contratistas y capataces de clientelas); peones dispuestos a batirse donde sea (gentes leales a reyes, alfiles y capataces).
Hacen jugadas de enroque: mientras un alfil paga cárcel, un pariente suyo lo reemplaza. La estructura que los sostiene es la de un poder colonialista, patriarcal y avaro, atado a redes y clanes históricamente vinculados a los partidos Liberal y Conservador, con total dominio de unas élites convencidas de que tienen el histórico derecho a saquear, violentar y vivir del botín del Estado.
Con la nueva Constitución ajustaron la estrategia de poder fraccionando en partes los partidos sin abandonar la esencia. Fueron paulatinamente apareciendo Cambio Radical, Mira, Justos y Libres, Salvación Nacional, Centro Democrático y otros, orientados a apropiarse del poder local descentralizado y a refundarse en la elección popular de alcaldes y gobernadores. En cada tablero se repiten los apellidos de la familia del rey tipo López, Gavirias, Gómez, Santos, Pastranas, Uribes, Valencias e ibídem los alfiles regionales. Los reyes definen en qué momento y quién puede o no ser candidato, sucesor o tener éxito en cargos y mandados.
Con el fraccionamiento también florecieron empresas electorales de negocios varios, formadas por inversionistas devotos que ponen (apuestan) un capital para luego recibir beneficios pagados con cargos, coimas y contratos, entregados por los ganadores. Los cientos de candidatos al Congreso (Cámara y Senado), al entrar al tablero del poder tradicional, aceptan mantener y defender el perverso modelo y, como soldados, cumplen con la obediencia debida del mandato de élites; su brújula no es la Constitución, sino la voluntad de su rey en el tablero.
Esta condición los hace corresponsables del destino trágico provocado por las élites desde las guerras civiles del siglo XIX, donde devastaron la economía, profundizaron la concentración de tierras y vendieron a Panamá. En el siglo XX organizaron una estructura de altísima concentración de tierra y pasaron la página de la violencia que dejó 300.000 asesinados y luego medio millón más, 120.000 desaparecidos y 10 millones de víctimas del conflicto armado.
El sistema estructural de corrupción es su pilar de reproducción de desigualdad y saqueo. La memoria recuerda la venta o robo de la flota mercante, ferrocarriles, banca pública, Reficar, Foncolpuertos, el desfalco a la salud, Odebrecht y la contratación amañada de acueductos y comida escolar. Todo esto junto a la parapolítica, falsos positivos, chuzadas y una estructura tributaria regresiva que beneficia lo privado sobre lo colectivo.
El gobierno de las élites se refleja en hospitales inconclusos, municipios sin agua potable y universidades desfinanciadas, sin que ningún presidente o ministro haya enfrentado penalmente un juicio por traición a la patria o detrimento patrimonial. Y como si nada pasara, cada candidato (alfil) sigue la matriz que llama al desprecio por lo popular. Estos clanes familiares, sin ética ni vergüenza, tratan de lograr, a última hora y como sea, “ganarse” los votos para seguir manteniendo intactos sus privilegios.
También le puede interesar:
Anuncios.
