Fueron tres las intervenciones a EPS ordenadas durante el paso de Luis Carlos Leal por la Superintendencia de Salud, pero ninguna generó tanto revuelo como la de Sanitas, cuyo dueño, el millonario vasco Joseba Grajales, no tardó en iniciar una incansable batalla legal para proteger sus intereses. Esta disputa ha incluido varias demandas ante el Consejo de Estado y, más recientemente, una ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi) con la cual pretenden sacarle al Estado colombiano USD 1.200 millones, es decir, cerca de $ 5 billones.
Esta última demanda arbitral fue radicada por las dos empresas españolas que controlan a Keralty, Natanor XXI y Centauro Capital, ambas del español Joseba Grajales quien ha hecho su fortuna con negocios en el sector energético y que vio en la salud una mina de oro, la cual lo ha llevado incluso a llevar su emporio hasta los Emiratos Árabes. Él y su equipo legal consideran que la intervención ordenada en abril del año pasado fue arbitraria y van a ir hasta las últimas instancias para recuperar el control de una compañía que en 2022 facturó casi $ 9 billones según la Supersociedades.
Dos poderosas firmas de abogados representan a los inversionistas de la EPS, quienes consideran que les vulneraron sus derechos
Por el lado de los inversionistas extranjeros la apoderada será Debevoise & Plimpton, una importante firma estadounidense con sede en Nueva York que se dedica al derecho internacional desde 1931. Su socio-presidente es el abogado Peter Furci, quien llegó como asociado en 1995 y se convirtió en socio en 2003.
Mientras tanto, en Colombia la encargada será una firma relativamente nueva como Rincón Castro Abogados, la cual presta servicios legales especializados en resolución de disputas internacionales. A la cabeza están los abogados javerianos Rafael Rincón y Miguel Castro, quienes ya se anotaron el año pasado un triunfo millonario con Telefónica-Movistar contra el Estado colombiano, tienen también el pleito de los españoles de Copasa, una demanda de USD 26 millones contra el Distrito Especial de Bogotá por el incumplimiento del contrato para la construcción del nuevo Hospital San Juan de Dios. La firma creada en el 2017 y que ya tiene 23 abogados aspira a convertirse en los líderes en resolución de conflictos en el país.
A ellos tendrán que enfrentarse en los estrados la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), hoy dirigida por el exmagistrado del Consejo de Estado, César Palomino Cortés.