El día más triste para Carlos Campaña, un transportador del municipio de Puerres, Nariño, fue la tarde del 17 de enero del 2019 en la que viajó a Bogotá a llevar una muestra biológica y determinar mediante un examen de ADN la identidad de su hijo. Fueron horas espesas, durísimas, confusas. Lo único que pedía en su mente era que no fuera Carlos Daniel Campaña Huertas una de las 23 víctimas que había dejado el bombazo de 80 kilos de pentonita perpetrado por el ELN en la Escuela de policía General Santander.
Los peores temores se hicieron realidad. Carlos Daniel había caído. El 21 de enero, con el alma envuelta en un puño aterrizó en una avioneta de la policía en el aeropuerto Antonio Nariño de Pasto con el cuerpo del muchacho de 20 años. Atrás quedaba las ilusiones, los sueños. Estudiaba derecho dentro de la Escuela y era un deportista eximio desde que era estudiante de la Institución Educativa de Puerres donde se graduó. A Calos Daniel le gustaba el fútbol y el baloncesto.
Una vez se bajó de la avioneta un centenar de policías le hicieron calle de honor. El féretro lo llevaron a la catedral de Pasto. Doña Isabel Huertas Ruano, madre del cadete, estaba inconsolable. Varias veces tuvo que recibir atención médica. En la ceremonia estaba el Gobernador de Nariño, Camilo Romero, el comandante de la policía de Nariño y el Comandante de la Policía de Pasto. Fue la última atención que tuvo la policía con esa familia.
Semanas después del atentado las familias de los 23 cadetes que murieron en la Escuela General Santander los invitaron a un acto en el Club Campestre de Patrulleros de Bogotá. El general Oscar Atehortúa pronunció un discurso. Las mismas palabras, las mismas promesas. Cuando los familiares de las víctimas pidieron la palabra para exigir un apoyo por parte de la policía el general no los quiso escuchar y orondo se levantó y se fue, dejándolos plantado.
Si, la ayuda de la policía se fue pronto para los Capaña Huertas. En las primeras semanas enviaban una trabajadora social y un sicólogo a la humilde casa en Puerres, ya ni esto sucede. A veces mandan a un patrullero de la estación del pueblo para tomarle fotos a Doña Isabel Huertas, la madre del cadete asesinado, pero la intención es sólo llenar un requisito. A veces el Intendente Capaldo, quien está a cargo del pueblo, llama a la familia a preguntar cómo está pero ahí se acaba la ayuda. No es la única familia que ha sido abandonada, a los papás de Cristian Fabián Gonzalez ni siquiera los han llamado para ver cómo están.
Nacido en la Caldera Nariño, tenía 19 años cuando murió. Acababa de llegar de estar con su familia en las fiestas de Navidad en donde bailaba y cantaba hasta el cansancio. Incluso tenía un sueño escondido: además de ser Alférez quería ser un músico famoso. Tenía un grupo musical en su pueblo donde tocaba el bajo. Ahora todos esos son recuerdos. Doña Lidia Pinilla, su mamá, debe sumar el dolor que siente cada día al olvido en el que la tiene la policía, sobre todo teniendo en cuenta de que 10 de sus familiares perteneces a la institución.
Dentro de las familias de los 23 cadetes asesinados hay algunos que no se sienten abandonados. Este es el caso del Intendente Virgilio Ayala quien ha luchado a brazo partido para que desde el Congreso se apruebe este martes 3 de septiembre una ley que les dará ascenso póstumo a subtenientes, mejorando considerablemente su ingreso, cree que la policía en ningún momento los ha abandonado y que los ha apoyado hasta donde lo permite la ley. Lo mismo piensa el cadete Diego Molina, líder de las victimas quien afirma que no hay mejor apoyo que la presión que ha tenido la institución para que desde el Ministerio de Defensa se apruebe la ley “lo que pasa es que muchos quieren tener la policía al lado todo el tiempo y a veces no es posible el conflicto y las victimas se multiplican permanentemente”.
Si bien la ayuda económica llegará con la aprobación de la ley los familiares se sienten aislados, olvidados y necesitan de una ayuda sicológica que ha sido ineficiente.
