Con voz trémula, Rubiel Espinosa, tío del coronel Rafael Granados Rueda, hace este parangón cargado de indignación: “Mientras ‘Calarcá’, un secuestrador, extorsionista y narcotraficante, infiltrado en altas esferas del Estado, se mueve libremente en camionetas blindadas de la Unidad de Protección, Rafael, que entregó su vida por la patria, iba y volvía de su trabajo en un carro pequeño y con la compañía ocasional de un soldado”.
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Es domingo 30 de noviembre y los despojos del coronel, asesinado tres días atrás en Popayán, reciben el homenaje póstumo de quienes fueron sus compañeros en la sensible misión de combatir a las mafias desde la Brigada Número 3 contra el Narcotráfico.
En sus memorias desfilan los recuerdos de un joven oficial, diestro piloto de helicópteros Black Hawk y dueño de un valor y un arrojo incomparables que le llevaron a internarse en las selvas y montañas, a desafiar condiciones climáticas adversas y a soportar el fuego de artillería y morteros con los que las disidencias protegen sus laboratorios en los confines en los que Estado y autoridad son conceptos etéreos, intangibles.
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Ese mismo oficial, que a sus 37 años se llenaba de requisitos para comandar algún día a su Ejército, cayó bajo las balas asesinas de dos sicarios que lo atacaron por sorpresa cuando salía de su unidad Militar con rumbo a las casas fiscales. Estaba inerme y para su esposa Nini y para el resto de su familia resulta insuficiente la declaratoria de “crimen de guerra” para el homicidio de un hombre justo que creía en los principios de “patria, honor y lealtad” que proclama el lema de la institución a la que defendió hasta el último día de su vida por encima de todo riesgo.
“¿Qué estarán pensando los pícaros y narcotraficantes defendidos por Huertas, un hombre que no merece llevar las insignias de general? ¿Estarán celebrando la inmolación de uno de los mejores soldados de la patria como un triunfo?”, se pregunta Espinosa, abogado y exdiputado de la Asamblea del Tolima.
Las preguntas, relacionadas con las recientes denuncias sobre los vínculos de las disidencias de las Farc con oficiales de la línea de mando y de los servicios de inteligencia nacional, suelan lacerantes a los oídos de los oficiales que se duelen de que los hombres y mujeres que integran los destacamentos de antinarcóticos de las Fuerzas Armadas estén convertidos hoy en “objetivos militares” de las organizaciones que dicen estar negociando la paz total.
Hasta ahora el alto mando militar no ha respondido por qué Granados, jefe de Estado Mayor, de una Brigada contra el narcotráfico, estaba desprotegido y no tenía derecho siquiera a un carro blindado mientras operaba en un departamento como el Cauca, donde durante el ultimo año ocurrieron más del 40 por ciento de los asesinatos de miembros de las Fuerzas Armadas en el país.
Si no hay respuesta para esa pregunta, quizá la Justicia pueda responder pronto por qué los sicarios que segaron la vida de Granados sabían que el día de su muerte saldría a una hora inusual y por qué lo atacaron con entera libertad a menos de 300 metros de la guardia de su cuartel.
Desde su época de subteniente recién egresado de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, el ahora coronel Granados se destacó entre sus compañeros de curso. Lo mismo entre la compañía de cadetes a la que perteneció, como cuando hizo sus cursos de su especialidad en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Por lo pronto, esa es la historia que por ahora conoce su hijo Emmanuel, de diez años. Quizá algún día sepa quiénes asesinaron a su padre y por qué lo hicieron.
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