Texto escrito por: Carlos Lagos
Las democracias no suelen romperse de un día para otro. Comienzan a erosionarse cuando quienes tienen la obligación de proteger las instituciones dejan de reconocerlas. Ese parece ser el verdadero significado de la crisis política que vive hoy Colombia.
Durante varias semanas el presidente Gustavo Petro había cuestionado el proceso electoral. Hasta ahí podía afirmarse que se trataba de una controversia política. Pero los acontecimientos de las últimas horas modificaron sustancialmente el escenario.
El presidente no solo volvió a poner en duda el resultado de las elecciones presidenciales. También anunció que presentará supuestas pruebas ante su bancada y, en declaraciones públicas, continuó refiriéndose a Iván Cepeda como si fuera el verdadero presidente electo, pese a que el escrutinio nacional concluyó, el Consejo Nacional Electoral expidió la credencial correspondiente y Abelardo de la Espriella fue reconocido oficialmente como Presidente electo de la República.
Ese hecho tiene una enorme trascendencia institucional.
Una cosa es cuestionar políticamente una elección mientras se desarrolla el escrutinio. Otra muy distinta es desconocer, de manera pública, una decisión ya adoptada por las autoridades electorales competentes.
Precisamente esa ruptura institucional terminó produciendo un segundo hecho igualmente grave: la suspensión del proceso de empalme.
Abelardo de la Espriella anunció que su equipo no continuará sentado en una mesa con un gobierno que —según afirmó— desconoce el orden constitucional y pretende impedir una transición legítima. Más allá de la dureza del lenguaje empleado por el presidente electo, la pregunta de fondo es otra: ¿puede existir un empalme institucional cuando una de las partes niega la legitimidad misma de quien debe recibir el Gobierno?
Difícilmente.
El empalme no es un acto protocolario ni una cortesía política. Es un deber jurídico destinado a garantizar la continuidad del Estado. Los gobiernos pasan; la administración pública permanece. Cuando ese mecanismo se rompe, el perjudicado no es el presidente entrante sino el país entero.
La experiencia comparada demuestra que las transiciones presidenciales constituyen uno de los momentos más delicados de cualquier democracia. Estados Unidos, Francia, Chile, España o Brasil han construido protocolos precisamente para evitar que las diferencias políticas afecten el funcionamiento del Estado.
Por eso Colombia enfrenta ahora un escenario inédito.
Si el empalme permanece suspendido, el país podría evolucionar hacia cuatro escenarios diferentes.
El primero sería el restablecimiento institucional. Procuraduría, Contraloría, Consejo Nacional Electoral y demás organismos de control podrían asumir un papel mucho más activo para garantizar que toda la información administrativa llegue oportunamente al gobierno entrante.
El segundo consistiría en una fiscalización extraordinaria. Ante la pérdida de confianza política, el nuevo gobierno podría reemplazar el diálogo por auditorías técnicas, revisiones documentales y verificaciones exhaustivas sobre el estado de las finanzas públicas.
Un tercer escenario trasladaría la transición al terreno judicial. Derechos de petición, acciones constitucionales y requerimientos de los organismos de control terminarían sustituyendo las reuniones de empalme que normalmente deberían resolver esas diferencias.
Existe, finalmente, un cuarto escenario que ningún demócrata debería desear: una crisis institucional creciente alrededor de dos fechas decisivas.
El 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso, podría convertirse en el primer gran escenario de confrontación política si persisten los discursos que desconocen la legitimidad de las autoridades elegidas.
El 7 de agosto, día de la transmisión del mando presidencial, representa un desafío aún mayor. La Constitución no contempla vacíos de poder. El mandato popular expresado en las urnas debe materializarse mediante la posesión del presidente elegido conforme a las reglas democráticas.
Por esa razón resulta indispensable que las instituciones actúen desde ahora.
Los organismos de control tienen el deber constitucional de exigir el cumplimiento integral del proceso de empalme y garantizar la conservación de toda la información pública.
Las autoridades electorales deben preservar la confianza ciudadana defendiendo la validez del escrutinio que ellas mismas concluyeron.
Y las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en cumplimiento de su misión constitucional, deben garantizar que la transición presidencial pueda desarrollarse sin presiones, sin intimidaciones y con absoluto respeto por el orden constitucional y por el gobierno legítimamente elegido por los colombianos.
Existe también una dimensión internacional que no puede ignorarse.
Colombia mantiene compromisos con la Carta Democrática Interamericana, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y múltiples acuerdos de cooperación que presuponen estabilidad institucional. Una transición marcada por el desconocimiento del resultado electoral proyectaría hacia el exterior una imagen de incertidumbre política que afecta la confianza de inversionistas, organismos multilaterales y gobiernos aliados.
Las democracias maduras aceptan las derrotas electorales porque comprenden que la legitimidad proviene de las reglas y no de las simpatías personales.
Quien pierde conserva todos sus derechos para ejercer oposición.
Quien gana adquiere el derecho —y el deber— de gobernar.
Cuando esa regla elemental deja de ser compartida, la discusión ya no gira alrededor de un presidente ni de un partido político. Comienza a girar alrededor de la estabilidad misma de la República.
Porque el verdadero patrimonio de una democracia no es un gobierno determinado.
Es la certeza de que el poder cambia de manos respetando la voluntad popular, la Constitución y las instituciones que hacen posible la alternancia democrática.
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