Educación y sindicalismo son dos conceptos que se encuentran íntimamente relacionados en Colombia, gracias al ejercicio combativo, reivindicativo y coherente de Fecode en defensa de la educación pública, que cabe recordar es una conquista de maestros y maestras, de otra forma no existiría y la situación para los sectores sociales vulnerables y las comunidades educativas serían aún peor de lo que es hoy en día.
Se ha repetido hasta la saciedad que la pandemia de COVID-19 desnudó las falencias del paradigma neoliberal, y que además está siendo aprovechado por las corporaciones y gobiernos proclives al modelo para profundizar la explotación, el despojo, la acumulación de capital y la destrucción del “Estado de bienestar”. Es de importancia fundamental entender que Latinoamérica como región cultural y geográfica ha sufrido efectos catastróficos en su ya menguada economía, pero que más trascendental aún es la crisis social y humanitaria que sufren sus sociedades, que históricamente, salvo pequeños relámpagos fugaces de gobiernos con visos de izquierda y una agenda de gobierno con contenido social, han estado gobernadas por sectores alineados con la política imperialista de los Estados Unidos y desde hace 40 años aproximadamente siguen al pie de la letra las recetas neoliberales impuesta por el consenso de Washington y los Chicago Boys; lo que debilitó los sistemas públicos de salud, educación, seguridad social y transformó sus economías en escenarios de especulación financiera con poco control estatal hacia las grandes corporaciones, preparando el camino para altas tasas de desempleo y una flexibilización laboral sin precedentes a costa de la pérdida de derechos ya adquiridos a través de la lucha sindical y gremial.
En ese escenario Colombia tiene unas peculiaridades que evidencian profundos retos para el sindicalismo y las luchas sociales. En palabras de Renán Vega, el Estado colombiano desarrolla una política de “contrainsurgencia laboral” macabra, pero además una constante criminalización de la protesta social (9 y 10 septiembre), situación agudizada en el marco de un conflicto armado interno, en donde los gobiernos de turno han implantado la idea en amplios sectores de la sociedad acerca de cómo las protestas y huelgas son organizadas por grupos extremistas, terroristas y subversivos infiltrados en las empresas con el ánimo de destruir los bienes privados, subvertir el orden público, acabar con el capital de unos pocos, añadiéndole que se les endosa a los sindicatos la responsabilidad de la quiebra de las empresas, el enriquecimiento de sus líderes a costa de la miseria y el desempleo de los trabajadores, motivo por el cual casi que se justifica tácitamente la persecución de los sindicalistas, su encarcelamiento, su perfilamiento e incluso el asesinato a sus dirigentes.
Esta cultura “antisindical” y de criminalización de la protesta social, que históricamente se ha desarrollado casi como política de Estado — basta recordar la masacre de las bananeras en 1928— ha sido llevada a niveles aberrantes por el uribismo y sus sectores afines, quienes desde hace ya 20 años monopolizan el poder político y militar del país, confabulados con amplios sectores del empresariado y la banca nacional como también con transnacionales y corporaciones, de esta manera durante las últimas dos décadas paralelamente al asesinato sistemático de sindicalistas, educadores y líderes sociales, se ha adelantado una contrarreforma laboral permanente que ha ido destruyendo uno a uno los derechos que durante 100 años los y las trabajadoras colombianas fueron obteniendo al calor de las movilizaciones y la lucha.
Las cifras son alucinantes, basta ver el porcentaje de sindicalización para entender el trágico panorama de los trabajadores colombianos, las reformas uribistas han venido golpeando muy duro la afiliación a los sindicatos, que se encuentra entre las más bajas del continente. Así mismom la tasa de sindicalistas exterminados en Colombia es 5 veces mayor a la del resto de países. Esto explica por qué solo se encuentra sindicalizado el 3,4% del total de los trabajadores, razón suficiente para considerar a Colombia como el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo y donde la justicia es menos efectiva, pues menos del 10% de los asesinatos a sindicalistas reportados desde 1986 han sido condenados. Cabe anotar que más de 3100 sindicalistas han sido asesinados en los últimos 40 años y de ellos más de 1000 pertenecían a Fecode.
Teniendo esta perspectiva es menester indicar que la situación descrita y la persecución, estigmatización y señalamientos reiterativos del régimen contra los maestros y maestras colombianas afectan directamente el ejercicio pedagógico y el papel de la escuela pública como escenario de construcción del conocimiento. Si bien la federación ha enarbolado la bandera de la escuela como territorio de paz, la realidad desborda las intenciones. Desafortunadamente esa cultura antisindical y mezquina hacia los educadores y educadoras colombianas se ha mezclado con una política de desfinanciación de la escuela pública mientras que a la par se impulsa la privatización endógena y exógena, manifestándose en una crisis estructural del sistema educativo que toca todos los aspectos de la vida escolar y de las comunidades.
El estado de guerra permanente al cual se ha sometido al pueblo colombiano ha creado un estado de excepción en donde se ha relativizado la justicia y las leyes; al mismo tiempo que se ha normalizado la barbarie, imponiendo una necropolitica que actúa con total impunidad y corrupción, los fenómenos de desposesión y neocolonialismo corporativo apoyados en el ejercicio de máquinas de guerra estatales y paraestatales han ocasionado el desplazamiento de comunidades, el ataque y la eliminación sistemática de pueblos ancestrales, la privatización de extensos territorios y la entrega de los recursos naturales a multinacionales mineras. En nombre de la “seguridad” se han invertido billones de dólares en el aparato represivo del Estado, mientras que la educación apenas recibe migajas obtenidas al calor de las movilizaciones del magisterio colombiano.
De esta manera se ha reproducido una sociedad violenta, patriarcal, antidemocrática y excluyente, contra la cual es necesario luchar desde los escenarios educativos, los educadores, intelectuales, pedagogos y demás sujetos vinculados a la escuela no pueden permitirse estar de espaldas a la realidad de sus comunidades, para ello es imperante rescatar al maestro como sujeto político que pone la pedagogía en clave de emancipación y no al servicio de las lógicas mercantiles.
El movimiento sindical magisterial enfrenta a nivel externo al poder suprainstitucional ejercido por la OCDE, el FMI, el Banco Mundial y otros organismos internacionales. A nivel nacional enfrenta lo que algunos han denominado un cogobierno corporativo, en donde poderosos gremios patrocinan las elecciones y luego disfrutan de la inversión económica a costa de una democracia corrompida. A nivel discursivo enfrentan por un lado el estado de opinión que astutamente el uribismo ha ido imponiendo, apoyándose en todo un “ejército” de “líderes de opinión” que ejercen un papel casi “de mercenarios del micrófono” desde los medios de comunicación privados y oficialistas. Por otro lado, nociones culturales muy arraigadas que terminan invisibilizando, discriminando y censurando el ejercicio del maestro/a como pedagogo, sujeto político y transformador de realidades. Al mismo tiempo en el interior de las organizaciones sindicales se enfrentan procesos relacionados con la crisis del ejercicio democrático, burocratización, corrupción, pérdida del horizonte político pedagógico, paralelismo sindical, y acomodamientos de fuerzas que utilizan las organizaciones para intereses particulares, dejando en segundo plano las luchas gremiales y ocasionan la despedagogización de la lucha.
Desde la red de maestros y maestras La Roja creemos que en este momento histórico la transformación educativa debe estar subscrita a la organización, unidad y fortalecimiento de los sindicatos de educadores a través del mundo, a la desobediencia férrea y la resistencia activa y creativa, el capitalismo viene mostrando su cara más horrible dentro de la pandemia y como educadores estamos llamados a defender a la escuela pública como baluarte de la democracia, como un logro fundamental en la lucha histórica por la emancipación de los pueblos oprimidos, en momentos en donde el capitalismo mercantiliza la vida, los recursos naturales y el conocimiento, debemos transformar a la escuela en un espacio de resistencia del conocimiento como bien común de la humanidad, como construcción colectiva que debe dignificar al ser humano, como espacio de desarrollo del pensamiento crítico que transforme realidades, en donde la tecnología esté al servicio de la humanidad y no sea privilegio que discrimine y profundice las inequidades. En ese escenario es necesario rescatar el papel del sujeto-maestro y su rol fundamental en la escuela como protagonista de la reflexión pedagógica y didáctica para la construcción de escenarios educativos alternativos, deconstrucción de los discursos institucionales, develando las intencionalidades de sus políticas, pero también ejerciendo su papel en las propuestas y apuestas por una sociedad diferente a partir de la valoración de la memoria colectiva y el análisis de las actuales condiciones en contra de la arremetida de las tendencias fascistas y el neoliberalismo como forma brutal de desposesión, destrucción del medio ambiente y deshumanización.
