El colombiano es un Estado débil, incapaz de ocupar el territorio, administrar justicia, proveer seguridad a los ciudadanos y llevar servicios esenciales a buena parte de los habitantes. El criterio centralista impera. Desde Bogotá los tecnócratas oficiales; los congresistas mermeladeros; los académicos idealistas y muchos magistrados de dudoso proceder, manejan la agenda y las políticas públicas.
La tragedia es que sin conocimiento directo, sin contexto ni criterio, cuando no guiados por intereses particulares, aquellos individuos determinan la vida y obras de infinidad de compatriotas. Buena parte de los habitantes del Catatumbo, la costa pacífica, el Putumayo y otras regiones vegetan sin esperanza en tierra de nadie. Sus necesidades básicas distan de estar satisfechas, carecen de las seguridades mínimas, están condenados a cultivar coca o meterse en tráficos de cualquier tipo para sobrevivir.
No hay que ir tan lejos para ilustrar estas afirmaciones. Veamos lo que pasa en las goteras de Cali. La Cumbre es un municipio situado a escasos treinta kilómetros al noroccidente de la cabecera departamental. Su nombre ha saltado a los medios porque el profesor Rubén Darío Cárdenas, quien dirige el colegio María Auxiliadora de esa localidad, ganó el premio Compartir al mejor Rector del País.
En una entrevista reciente, Cárdenas explicó el origen y alcance de su proyecto: “Ante la ausencia del Estado y la presencia de la violencia, teníamos que apropiarnos de nuestras problemáticas y darles solución desde la única infraestructura que el Gobierno dejó en la región, que son las escuelas, y desde allí dignificar el campo para que la gente permanezca en él”. En la misma línea remarcó: “El abandono del Gobierno es total, pues no hay puestos de Policía, ni de salud, ni llega nada. No solo se desplazó al campesinado, sino con ellos todas las costumbres y saberes”. Al preguntársele si había tenido ayuda oficial fue claro: “No. Hice sinergias con amigos del sector privado, ni siquiera teníamos donde establecer las huertas. Yo me puse en la pelea por unas tierras que tenían extinción de dominio, pero que en últimas terminaron en manos de políticos y testaferro”. Y concluyó: “Con mi proyecto buscamos que la gente se quede en el campo, pero para que se quede hay que dignificar el campo, meterle ciencia, tecnología…”
Se tiene la impresión de que el gobierno no tiene claras
sus responsabilidades en los territorios.
La semana pasada un líder del movimiento campesino lo describió así:
no somos subversivos, no pedimos nada raro
A veces se tiene la impresión de que el Estado y el gobierno que lo representa, no tiene claras sus responsabilidades en los territorios. La cuestión fue bien descrita la semana pasada por un líder afro caucano perteneciente al movimiento campesino: no somos subversivos, no pedimos nada raro. Solo esperamos que el Estado cumpla su propósito, haga aquello para lo cual fue establecido.
Hay más ejemplos sobre ese Estado alejado de la gente y sus necesidades, incapaz de actuar para que las leyes cumplan su objetivo. De la Constitución del 91 procede en buena hora, la protección de las etnias y la consulta a las comunidades cuando hay iniciativas que involucran sus territorios. Pero la institución se está corrompiendo y desnaturalizado, volviéndose en contra de las mismas poblaciones.
El caso del empobrecido Pacífico vallecaucano es aberrante. Allá las obras de desarrollo necesitadas por los habitantes, sufren dilaciones injustificadas, ven multiplicado su costo y comprometida su viabilidad. Y es que en los Consejos Comunitarios se presentan con frecuencia casos de líderes corruptos, dedicados a entrabar los proyectos. El asunto se resuelve con una dádiva, un aporte o la contratación de un pariente cercano de los directivos comunitarios. En otras palabras, la consulta a las comunidades se viene prostituyendo ante la indiferencia de los funcionarios a cargo.
El asunto tuvo inicio en la doble calzada a Buenaventura donde se ocupó parte de la futura vía con cambuches improvisados, y cobraron la propiedad de cada uno a precios estrafalarios. Ahora los mismos activistas aprovechándose de la consulta, han estado entrabando el tendido que intenta Emcali de un nuevo cable submarino para mejorar las comunicaciones del puerto y todo el Occidente.
Pero la tapa de la olla es la paralización de una segunda línea eléctrica a la ciudad de Andagoya, obra impulsada por Energía del Pacífico–Epsa, la cual permitiría atender el flujo eléctrico adicional que demanda la región. En este caso dentro del estrecho corredor por donde debería pasar la red y en tierras de los consejos comunitarios, surgió una “población” deshabitada de varios kilómetros de largo y pocos metros de ancho. La eventualidad de tener que adquirir esas construcciones a precios exagerados con el fin de lograr la aprobación en la consulta respectiva, tiene comprometido el futuro del proyecto.
La solución para asuntos tan complejos necesita construirse desde la Colombia profunda. Allá donde está esa gente olvidada que lucha, ama y padece. Es una perfecta quimera pretender que todo pueda cambiar para bien y la paz hacerse sostenible, gracias a normas dictadas a espaldas de los ciudadanos, al amparo del Acto Legislativo para la Paz. Esto es a partir del protagonismo de los mismos politiqueros, tecnócratas y juristas torcidos. Menos aún cuando el gobierno que impulsa esas iniciativas se está arrogando facultades exorbitantes que los electores jamás le dimos.
