El pasado 29 de diciembre de 2023, a pocos días de terminar la administración de la exalcaldesa Claudia López, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia que se encontraba en cabeza del General (R) Oscar Gómez Heredia adjudicó el Contrato de obra número SCJ – 1903 – 2023 al Consorcio Caná 2024.
El objeto era contratar la construcción de los equipamientos a cargo de SDSCJ lote 1 – construcción segunda fase del Centro Especial de Reclusión en la Localidad de Puente Aranda, por un valor inicial de $12.271.779.436 y en un tiempo de ejecución de 12 meses, contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita el 29 de febrero de 2024.
Según lo anterior, las obras debían terminarse el 28 de febrero de 2025, pero ese plazo nunca se cumplió.
Prórroga, tras prórroga, tras prórroga
El Consorcio Caná 2024 tiene como representante legal al señor Jaime Fandiño Merz y está integrado por las siguientes empresas: Bilbao Gestiones Inmobiliarias S.A.S. (60 % de la participación en el proyecto) y Axioma Ingeniería S.A.S. (40 % de la participación). Sin embargo, el 27 de febrero de 2025 el secretario de Seguridad del Distrito Cesar Restrepo Flórez firmó la primera prórroga del Contrato #1903 de 2023 por un término de cuatro meses, desde el 1 de marzo hasta el 28 de junio de 2025.
Un día antes de terminar esa primera prórroga, el 27 de junio de 2025, el secretario de Seguridad de Bogotá Cesar Restrepo suscribió la primera suspensión por un tiempo de 33 días hasta el 31 de julio de 2025, y el primero de agosto se firmó una segunda prórroga hasta el 29 de diciembre de 2025.
El 31 de octubre de 2025 el secretario de Seguridad Cesar Restrepo firmó una adición presupuestal y una modificación al contrato por un valor de $6.173.000.619 e incluyendo ítems no previstos por un total de $6.647.760.603 y se adicionaron mayores cantidades de obras por un valor de $2.561.802.908 y se disminuyeron cantidades de obras por un valor de $3.036.562.883, para un total de $18.444.780.056.
El 24 de diciembre de 2025, la Secretaría de Seguridad de Bogotá suscribió la tercera prórroga del contrato por un término de 5 meses a partir del día siguiente de su vencimiento, desde el 30 de diciembre de 2025 hasta el 29 de mayo de 2026.
Las denuncias del concejal
Ante este oscuro panorama y lo que ha sucedido con el contrato #1903 de 2023, entre la Secretaría de Seguridad de Bogotá y el Consorcio Caná 2024, el concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático Julián Uscátegui, quien ha hecho seguimiento al tema, señaló que el proyecto no cuenta con los diseños definitivos para la terminación de las obras.
El Centro Especial de Reclusión debería generar unos 500 cupos y dar solución a la problemática de hacinamiento que se vive actualmente en las estaciones de Policía de Bogotá y las Unidades de Atención Inmediata (URI). Sin embargo, el concejal Uscátegui aseguró que, después de casi tres años de haberse iniciado, hoy las obras solo alcanzan el 72 % de avance en la ejecución; peor aún, presentan múltiples problemas técnicos y, al parecer, fallas en la planeación del proyecto, además de que se evidencian deficiencias estructurales en los diseños originales entregados por la firma Sociedad Arquitectura y Urbanismo Siglo XXI S.A.S.
También, al parecer, existen problemas con las redes eléctricas, hidráulicas, de incendios y el sistema de seguridad, y se han planteado rediseños en las fachadas, en las puertas de seguridad, la ventilación y las redes hidrosanitarias que están a la espera de ser aprobados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
De acuerdo con los denunciado por el concejal del Centro Democrático Julián Uscátegui el Centro Especial de Reclusión podría convertirse en un elefante blanco producto de la mala planeación, los diseños incompletos y la falta de un efectivo control contractual por parte de las autoridades competentes.
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