En el corazón del centro de Bogotá, donde cada andén tiene siglos de historia y cada cuadra sostiene buena parte del relato urbano del país, una obra pública se convirtió en sinónimo de espera, desgaste y confusión. La intervención del espacio público en la localidad de La Candelaria, pensada para mejorar la accesibilidad y renovar el entorno del centro histórico, hoy suma más de dos años de retraso, una seguidilla de suspensiones y un incremento presupuestal que despierta preguntas sin resolver.
El proyecto comenzó formalmente el 5 de diciembre de 2022, cuando el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria, durante la administración distrital de Claudia López, adjudicó el contrato 242 de 2022 al Consorcio Candelaria LC. El valor inicial fue de 2.054 millones de pesos y el objeto del contrato incluía el ajuste, la complementación y la actualización de estudios y diseños, además de la construcción y rehabilitación de espacio público con énfasis en accesibilidad para personas con movilidad reducida.
La adjudicación se dio en un proceso competitivo al que se presentaron diez proponentes.
El consorcio ganador obtuvo el mayor puntaje técnico y financiero, según el proceso licitatorio, y cumplía los requisitos exigidos en los pliegos. Al frente del consorcio quedó como representante legal María Paula González Bozzi. La alcaldía local estaba entonces bajo la dirección de Ángela María Quiroga Castro, quien firmó el contrato en nombre de la administración local.
Dos meses después, el 6 de febrero de 2023, se suscribió el acta de inicio. El plazo de ejecución era claro: ocho meses. Eso significaba que para octubre de ese mismo año las obras debían estar completamente terminadas y entregadas a satisfacción. Ese calendario nunca se cumplió. Se prolongaron las fechas. Las intervenciones quedaron a medias y la ciudadanía no recibió explicaciones claras sobre el rumbo del proyecto.
Hoy, más de dos años de iniciada la obra, esta no ha sido entregada. Los frentes de trabajo permanecen inconclusos. Los impactos los sufren los ciudadanos y comerciantes, especialmente en el entorno de la Plaza de La Concordia, han visto disminuir el flujo de clientes. Residentes enfrentan dificultades para movilizarse y turistas, que llegan buscando caminar sin prisa por el centro histórico, se encuentran con andenes rotos, polisombras y tramos en obra permanente.
El retraso no es el único problema. A lo largo de su ejecución, el contrato ha sido modificado de forma reiterada. A la fecha, registra 16 suspensiones, cuatro prórrogas y una adición presupuestal de mil millones de pesos, aprobada cuando la obra ya acumulaba un atraso significativo. Esa adición elevó el valor total del contrato a más de 3.085 millones de pesos.
La autorización del aumento estuvo a cargo de la actual alcaldesa local de La Candelaria, Angélica María Angarita Serrano, quien asumió el cargo en julio de 2024 tras ser designada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. La decisión se tomó para cubrir trabajos que no estaban previstos inicialmente, pese a que el nivel de ejecución apenas alcanza el 69 por ciento. En términos prácticos, más de 2.100 millones de pesos siguen pendientes de ejecutar para completar la obra.
El desfase entre tiempo, dinero y resultados ha encendido alertas. Desde el Concejo de Bogotá se ha cuestionado la lógica de aumentarle el presupuesto a un contrato que no ha cumplido. Para varios expertos, este caso refleja problemas de planeación, supervisión y control, así como una falta de coherencia entre el estado real de la obra y las decisiones administrativas que se han tomado en su transcurso.
A ese escenario se suman versiones sobre presuntos incumplimientos financieros del contratista. En la Alcaldía Local de La Candelaria reposaría un documento en el que se advierte que el Consorcio Candelaria LC no estaría al día con sus obligaciones de pago. Esa situación habría llevado a que algunos subcontratistas se nieguen a firmar los paz y salvos correspondientes, condicionando cualquier cierre administrativo a que se cumplan los compromisos económicos previamente pactados.
La falta de acuerdos con los subcontratistas introduce un nuevo factor de incertidumbre. Mientras tanto, el espacio público sigue intervenido a medias.
El contrato está siendo supervisado por la empresa GEORGE S.A.S., encargada de vigilar el desarrollo técnico y administrativo de las obras. El Consorcio Candelaria LC, por su parte, está conformado por Constructora Sacyr Colombia S.A.S. y la firma Estudios Técnicos S.A. Sacyr Colombia hace parte del grupo español Sacyr, una multinacional con amplia trayectoria en grandes proyectos de infraestructura. Estudios Técnicos S.A, una empresa colombiana especializada en consultoría e ingeniería de diseños.
La presencia de empresas con experiencia contrasta con el desarrollo accidentado del proyecto. En el papel, la intervención buscaba mejorar la movilidad peatonal, ordenar el espacio público y facilitar el tránsito de personas con discapacidad en una de las zonas más visitadas de la ciudad. En la práctica, el resultado ha sido una obra prolongada, fragmentada y costosa, que no ha logrado cerrar su ciclo.
Para quienes viven y trabajan en La Candelaria, el contrato 242 de 2022 dejó de ser una promesa de renovación y se convirtió en un recordatorio cotidiano de cómo una obra pública puede quedarse atrapada entre trámites, modificaciones y decisiones tardías. El paso del tiempo ha diluido la expectativa inicial y ha puesto el foco en las responsabilidades pendientes.
Mientras no se entregue la obra y no se esclarezcan las razones detrás de los aumentos y los retrasos, el proyecto seguirá siendo un punto crítico en la gestión del espacio público del centro histórico. En una ciudad que aún debate cómo cuidar su patrimonio sin paralizarlo, la intervención inconclusa de La Candelaria se suma a la lista de obras que avanzan más en el papel que sobre el terreno.
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