Mi primera impresión fue de escepticismo cuando el presidente Gustavo Petro nombró ministra de justicia a la doctora Ángela María Buitrago. En ese momento, prejuzgué que sería una "ministra de bolsillo", debido a que ella había sido ternada para fiscal general de la Nación por el presidente, y la percepción general, confirmada luego con el nombramiento de Luz Adriana Camargo, indicaba que cualquier candidata de la terna para fiscal sería una funcionaria sumisa al gobierno.
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La doctora Buitrago renunció a su cargo de ministra y el país pudo conocer su verdadera dimensión personal y profesional. Sabíamos de ella antes de ser ministra, que contaba con una larga trayectoria en cargos de la rama judicial. Su experiencia como funcionaria pública en ese ámbito jurídico, que exige honestidad, moralidad e independencia, la convertía en una candidata idónea. Sin embargo, su nombramiento por el presidente Petro en la cartera de Justicia generó dudas sobre su imparcialidad como ministra.
La renuncia de la doctora Buitrago ha mostrado su intachable rectitud. Su gestión en el Ministerio de Justicia se caracterizó por la ética profesional, el respeto a la ley y el cumplimiento del deber. No se dejó manipular por el gobierno, ejerciendo el cargo con independencia y objetividad. Su lealtad fue al derecho y no estuvo condicionada personalmente al presidente. Si hubiera sido elegida fiscal general, seguramente habría ejercido mejor ese cargo que la actual fiscal, a quien se considera de bolsillo.
La exministra, en su carta de renuncia del 12 de abril de 2025, alegó injerencias en su gestión. Después, precisó ante diversos medios de comunicación que recibió presiones del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del Dapre, Angie Rodríguez, para destituir al director de la Uspec, y de la misma Rodríguez y la senadora Isabel Zuleta para autorizar la exportación a Cuba de cloruro de calcio, un precursor químico prohibido.
También dijo que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz pidió que su ministerio firmara un concepto jurídico desfavorable para la extradición del narcotraficante Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”, a pesar de existir un concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. El director de esa oficina es el señor Otty Patiño, exguerrillero del M-19, quien, abusando de su poder, trató de evitar la captura con fines de extradición de Andrés Rojas, alias “Araña”, procedimiento legal avalado por la ministra Buitrago. No es de extrañar, entonces, que Patiño, aliado de Petro, haya influido en la salida de la ministra, más cuando el presidente afirmó: “yo pedí la renuncia de la ministra porque hay un conflicto con unos ejes fundamentales de mi política de paz”.
Una persona del talante de la doctora Buitrago, una funcionaria rara en vías de extinción, no cabía en este gobierno, protagonista de escándalos de corrupción. Este “desgobierno”, que auspicia una falsa “paz total”, negocia con criminales, les paga a jóvenes por no matar y usa su “primera línea” como arma de destrucción social para incendiar el país cuando el presidente la convoca; que soborna al Congreso para obtener la aprobación de leyes espurias, con ministros llamados a juicio (Benedetti, Sanguino), congresistas presos como Iván Name y Andrés Calle, la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, y exfuncionarios condenados (Olmedo López, Sneyder Pinilla).
Una persona como la doctora Buitrago, cuya vida ha estado guiada por un firme faro moral que ha guiado sus actuaciones, por supuesto que no se iba a dejar manipular por oscuros intereses a los que jamás se prestaría. Así lo afirma la exministra en su carta: “Mis actuaciones no dependen de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias o intereses políticos; mi actuar siempre está regido por lo que considero adecuado al derecho y a la equidad”. Una funcionaria tan proba es un lujo que cualquier presidente querría tener a su lado; por eso, uno esperaría que el llamado presidente “del cambio” le hubiera brindado su apoyo y la hubiera sostenido en el cargo. Por el contrario, el presidente salió a decir que él le pidió la renuncia, y el ministro del Interior, Benedetti, que la despidieron.
La exministra, por supuesto, puso los hechos que rodearon su renuncia en conocimiento de la Fiscalía. Ojalá que la fiscal Luz Adriana Camargo no se comporte, como la señalan, “una fiscal de bolsillo”, del presidente, y no archive la denuncia para proteger a los funcionarios involucrados.
Funcionarios honorables y patriotas —no "hp"—, como dice el presidente, son los que este país necesita para sacarlo de la crisis moral que vive, para que la sociedad vuelva a confiar en las instituciones públicas y se cumpla el mandato constitucional según el cual "los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad", así como los fines de imparcialidad y moralidad pública de la función administrativa. A Colombia le hacen falta más personas como Ángela María Buitrago.
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