Las oficinas ordenadoras del gasto y responsables de la contratación del gobierno nacional acaban de batir un auténtico récord: en el curso de siete días comprometieron recursos públicos por $2,1 billones, cifra comparable a los ingresos de 2024 de una empresa del tamaño de Cementos Argos.
Fue una carrera contra el reloj y contra el calendario porque en ese lapso 40 entidades públicas, entre ministerios, departamentos administrativos e institutos descentralizados, firmaron 56 millonarios contratos antes de que entrara en vigor la Ley de garantías que congela los gastos por esa vía mientras comienza y termina la campaña electoral.
La maratón, seguida al detalle por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, consistió en la firma de convenios administrativos que, por su naturaleza, no exigen los rigurosos requisitos plasmados en el Estatuto de la Contratación para negocios entre el Estado y los particulares.
El concejal Daniel Briceño ha hecho de las redes una tribuna de denuncias de la malversación de los dineros públicos como puede ver en esta conversación.
El millonario convenio entre el min trabajo Antonio Sanguino y Astrid Cáceres del ICBF
El convenio con el monto más alto (más de $770 millones) fue suscrito entre el Ministerio del Trabajo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, teóricamente para programas sociales, “Mucha plata para organizaciones indígenas, eventos y política en general”, advirtió en sus redes Briceño, experto en navegar en plataformas como el SECOP.
“¿Dónde está la Contraloría?”, se preguntó el dirigente al echar de menos las acciones preventivas de los órganos de control. La Contraloría General de la República en cabeza de Carlos Hernán Rodríguez, por ejemplo, dispone de un complejo denominado Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata que le permite seguir en tiempo real todos los procesos públicos de contratación y tener al día su trazabilidad.
A su denuncia se plegó también la congresista Katherine Miranda, quien acercó más la lupa hasta encontrar el mayor número de contratos, por 1,5 billones, fue firmado en menos de 24 horas.
En que consiste la Ley de Garantías
La Ley 996 del 2005 o Ley de Garantías prohíbe, durante los cuatro meses previos a la elección presidencial, celebrar contratos públicos -salvo aquellos de probada emergencia- para prevenir que los recursos derivados de ellos sean destinados a lubricar maquinarias electorales de partidos y movimientos políticos.
Esa ley señala también que quienes ejercen la presidencia o la vicepresidencia de la República no podrán asistir a actos de inauguración de obras públicas; entregar personalmente recursos o bienes estatales, o cualquier otra suma de dinero proveniente del erario o producto de donaciones de terceros al Gobierno Nacional.
Estrategias de publicidad oficial como el Periódico Viva pueden verse afectadas.
Tampoco podrán referirse a los candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones o presentaciones públicas, como jefe Estado o de gobierno; utilizar o incluir la imagen, símbolos o consignas de su campaña presidencial en la publicidad del gobierno o utilizar bienes del Estado, diferentes a aquellos destinados a su seguridad personal, en actividades de campaña presidencial.
También restringe la ley el monto de la publicidad estatal porque durante la campaña presidencial no se podrán aumentar los recursos destinados a la propaganda del Estado ni tampoco los gastos del del Estado en ese campo podrán ser utilizados como promoción política de candidatos o partidos o movimientos políticos o sociales.
Además, debe quedar suspendida cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal en la Rama Ejecutiva del Poder Público durante los cuatro meses anteriores a los comicios.
La voz de las regiones para abolir la Ley de garantías
Durante los últimos cuatro años los gobiernos territoriales, principalmente, han propuesto que la ley sea abolida porque resulta traumática en materia de gasto público e inversión social. Según varios alcaldes y gobernadores la ley está desactualizada, no corresponde al escenario actual y ha creado más limitaciones y desincentivos a la gestión pública que cualquier otro beneficio.
En su origen, la ley buscó evitar que, cuando aún existía la reelección, el presidente de la República tuviera ventajas sobre otros candidatos.
Las cámaras, sin embargo, han sostenido mayoritariamente la postura de que el gasto público no puede ser fuente de financiación de campañas así ya no exista la reelección, ya que los mandatarios siempre serán proclives a elegir a quienes ellos quieren que los sucedan.
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