La investigación que rodea a la familia del exciclista Luis Alberto “Lucho” Herrera sigue ampliándose y sumando nuevos frentes judiciales. A las indagaciones por la desaparición forzada de cuatro campesinos en Fusagasugá ahora se suma un proceso adicional que involucra a uno de sus hermanos, también vinculado al expediente principal, por un presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad.
El caso por desaparición forzada se remonta al 23 de octubre de 2002, cuando cuatro hombres fueron sacados por la fuerza de sus viviendas en una zona rural de Fusagasugá. Desde entonces, sus familias iniciaron una búsqueda que ha atravesado más de dos décadas. La Fiscalía General de la Nación sostiene que los hermanos Herrera habrían tenido un papel activo en la planeación de estos hechos, en los que presuntamente se recurrió a integrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare para ejecutar las desapariciones.
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El proceso judicial ha tenido avances recientes. Este viernes 10 de abril se llevaron a cabo diligencias de indagatoria ante una fiscal especializada en violaciones a los Derechos Humanos. Con base en los elementos materiales probatorios recaudados, las autoridades formalizaron la vinculación de los hermanos por el delito de desaparición forzada, lo que marca un punto clave dentro de la investigación.
Parte del expediente se ha construido a partir de testimonios de antiguos miembros de ese grupo armado ilegal, quienes señalaron la posible participación de los implicados en los hechos. A esto se suma el hallazgo de restos humanos en 2008 en zona rural de Silvania, que solo hasta diciembre de 2025 pudieron ser identificados plenamente como pertenecientes a dos de las víctimas. Los otros dos hombres continúan desaparecidos y las labores de búsqueda siguen en curso.
En medio de este escenario, la situación judicial se complica aún más para la familia. Mientras avanzan las investigaciones por desaparición forzada, una nueva acusación se cierne sobre uno de los hermanos Herrera, quien ahora es objeto de indagaciones por un presunto abuso sexual contra una menor de edad. Este nuevo proceso, independiente pero concurrente en el tiempo, refuerza la atención de las autoridades sobre el entorno familiar ya comprometido en el caso principal.
La coincidencia de ambas investigaciones pone en evidencia un momento crítico para los implicados. Por un lado, la Fiscalía intenta esclarecer hechos ocurridos hace más de veinte años, con víctimas que aún esperan justicia y verdad. Por otro, surge una denuncia reciente que abre una nueva línea de investigación penal con implicaciones propias.
El avance de las diligencias en ambos frentes será determinante en las próximas etapas del proceso. Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios, mientras las familias de las víctimas mantienen la expectativa de que se logren respuestas definitivas después de años de incertidumbre.
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