La gran piñata del alcalde Ospina: un software de 29 mil millones para el censo de vivienda de Cali

Detrás del negocio del catastro multipróposito, presentado como una herramienta para identificar los inmuebles de Cali están Fulvio Soto y de Flower Rojas

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diciembre 01, 2022
La gran piñata del alcalde Ospina: un software de 29 mil millones para el censo de vivienda de Cali

El negocio se cocinó en la secretaria de hacienda donde hasta hace un mes gobernaba Fulvio Soto, quien maneja ahora la Emcali y de nuevo quien sirvió como patinador para viabilizarlo fue el infaltable Flower Rojas.

Como ha sido habitual en la manera de funcionar, Fulvio Soto poco aparece, de tal manera que quienes ponen la cara son funcionarios, usualmente de bajo perfil. Se repite en este caso del catastro multipropósito cuyo manejo se le entregó a Margarita Barrera, la jefe de la unidad de apoyo a la gestión, quien cuenta con el respaldo del concejal Rojas, pero sin mayor expertismo en el tema, que de hecho es bastante técnico. Causa extrañeza que desde este rol  menor se lidere un proyecto de tal magnitud. Presentado como la gran revolución tecnológica, un software para identificar al detalle los  predios con el propósito de mejorar por esta vía el recaudo tributario, para muchos en Cali es la mayor aberración por la cuantía que se provee invertir, $29 mil millones, frente a su valor en el mercado que no supera el millón de dólares (5 mil millones).

El presidente Petro y Fulvio Soto, gerente de Emcali

En junio de 2022, cuando Cali apenas si lograba pasar la pagina del estallido social que dejó una herida financiera, fiscal y social, el gobierno del alcalde Jorge Iván Ospina presentó una idea que calificó de novedosa.  Echaría mano de las tecnologías de la información para crear un sofisticado sistema capaz de establecer, vía satélite, cuántos predios urbanos y rurales existen allí y saber quiénes son sus dueños.

El engranaje para hacerlo se llama “catastro multipropósito” y es clave para hacer más eficiente el cobro de impuestos, formalizar predios privados y públicos y facilitar el acceso a crédito por parte de personas pobres en zonas rurales, entre otros atributos.

El alcalde Jorge Iván Ospina en medio del estallido social (2021)

Sin embargo, la novedad tecnológica se vería opacada por denuncias sobre los costos inflados que alcanzaban casi el 50 por ciento del valor total del contrato, firmado por $28.995 millones.

La historia comienza el 22 de junio cuando el alcalde delegó por decreto el proceso de contratación en su secretario de Hacienda y hombre de confianza Fulvio Soto. Con tradición de hombre práctico y amigo de la celeridad en los negocios públicos, Soto consideró que no harían falta ingenieros de sistemas para disponer y operar el software para hacer georreferenciación de predios, por ejemplo. Para él bastaba con un tecnólogo en el área y por eso incluyó a uno, Öscar Andrés Castro Mazorra, en el comité evaluador del proyecto.

Hay una constante: los conceptos jurídicos dan vía libre a los contratos, independientemente de las dudas

Al mismo comité incorporó a dos personas sin mayor experiencia en sus campos, la contadora Beatriz Eugenia Martínez y la abogada Iliana Caro Rentería. Esta última se encargó de la viabilidad jurídica del proceso de contratación y a todo lo dispuesto por su jefe le dijo “sí”, con la misma agilidad a la que él estaba acostumbrado.

Aunque la figura no era extraña en el gabinete de la Alcaldía, el contrato no fue adjudicado a dedo. Su alta cuantía lo impedía. Pero aunque hubo concurso de oferentes, los pliegos de condiciones no generaron condiciones de igualdad para los interesados.

Menos de dos meses después, el 8 de agosto, el contrato ya estaba adjudicado. Se lo ganó Cinteli Colombia S.A.S., una firmada de Barranquilla que había sido constituida con capital colombiano-español.

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Por si las dudas, Cintel era el único de los proponentes que cumplía las condiciones, al extremo específicas, señaladas en el pliego de condiciones. Era la única de los proponentes que tenía sucursal en Cali y eso le daba ventajas frente a otras compañías de Bogotá y otras latitudes, quizá con mayor experiencia. También era la única que cumplía con la condición de haber ejecutado al menos 10 contratos cuyo objeto correspondía a modalidades específicas.

En ninguno de los documentos que hacen parte del expediente de la contratación se menciona la existencia de los “pliegos tipo”, creados por la ley para garantizar la objetividad en la selección de los adjudicatarios de contratos públicas.

Facsímile de la adjudicación del contrato

Los problemas se presentaron cuando el mercado de los software se enteró de los precios pagados por la administración de Cali al contratista. El software que era el pivote alrededor del cual giraba el desarrollo tecnológico del proyecto fue pagado más de tres veces por encima de su valor promedio.

Cuando sobrevinieron los primeros reparos, el secretario de Hacienda, asesorado solo por el tecnólogo de cabecera, salió a explicar que no era posible establecer comparaciones objetivas respecto al precio del software debido a la amplia cantidad de tipos y variedades existentes.

Aun hoy, cuando el entonces Secretario ya no está en el cargo, pues se fue a dirigir Emcali, no ha habido una explicación satisfactoria sobre los posibles sobrecostos que hoy harían que los contribuyentes caleños tengan que pagar el contrato un 50 por ciento por encima del monto inicial.

La explicación a la que la ciudadanía no ha tenido derecho, tendrá que ser dada por la administración de Cali a las “ías” porque es previsible la apertura de procesos disciplinarios, fiscales y posiblemente penales.

Aun así, los caleños tienen la esperanza de que antes de que cumplir el mandato de Ospina el Distrito de Santiago de Cali cuente con un censo actualizado de inmuebles rurales y urbanos, que sirva como instrumento para cerrar brechas en el desarrollo social.

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