En la cárcel de mujeres de máxima seguridad de Bronzefield, la más grande de Europa, la economista Zulma Guzmán acusada por la Fiscalía fue llevada por haber presuntamente tramado el envenenamiento de talio de dos niñas bogotanas que terminaron muriendo en horas, espera la orden de extradición solicitada desde Colombia.
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Guzmán fue capturada en Londres, a mediados del pasado mes de diciembre. Allí empezaron a buscarla tras dejarse ver en una entrevista con el canal de YouTube Focus Noticias con una botella de agua de marca Brixton que solamente se vende en las calles londinenses, a donde se fugó cuando las investigaciones por la muerte de las niñas empezaron apuntar sobre ella.
La penitenciaría HMP Bronzefield, en Ashford, Surrey, en Inglaterra es el complejo carcelario más grande de Europa para mujeres y diseñado para internas de alta peligrosidad con la vigilancia de 140 custodios que controlan todos sus movimientos.
En los pabellones de Bronzefield, dirigida por la psicóloga Charlotte Wilson, conviven mujeres procesadas y condenadas por delitos graves, incluidas internas clasificadas en la categoría A, la más alta dentro del sistema penitenciario británico. En ese mismo lugar cumple cadena perpetua Joanna Dennehy, una de las asesinas seriales más conocidas del Reino Unido. La presencia de reclusas de ese perfil define el nivel de seguridad del penal y explica las restricciones severas en comunicación con el exterior, un aspecto por el que la cárcel ha sido cuestionada en varias ocasiones.
Al mismo tiempo, la penitenciaría Bronzefield, administrada por Sodexo, una multinacional francesa líder en servicios de alimentación y gestión de instalaciones, ha construido una reputación institucional centrada en programas de educación y trabajo, con el objetivo de preparar a las internas para una eventual reinserción social. Según información oficial del propio establecimiento, el enfoque está puesto en el desarrollo personal, aunque ese discurso contrasta con la realidad de quienes, como Guzmán, enfrentan procesos judiciales complejos y de alto impacto internacional.
En Colombia, mientras Guzmán espera su extradición tras las rejas, la Fiscalía ha mantenido activo el caso y asegura que cada nuevo elemento refuerza la hipótesis de su culpabilidad. Durante los últimos meses, los investigadores han seguido una cadena de pagos, intermediarios y movimientos que, según la Fiscalía, apuntan de manera directa a la detenida. En ese entramado aparece el nombre de Gabriel Enrique Ayala, un veterinario que habría realizado un pago de 12 mil pesos a un mensajero llamado José Luis Trejo. Ese dinero correspondía a la entrega de un paquete que terminó en la casa de su examante, Juan de Bedout, donde las frambuesas fueron consumidas por su hija y una amiga, las dos menores de edad que terminaron muertas.
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La Fiscalía sostiene que, aunque el veterinario ha dado explicaciones alternativas sobre el origen del pago, los movimientos financieros, los contactos posteriores y la aparición de personas que actuaron en nombre de Guzmán refuerzan la línea investigativa. A esto se suman testimonios de personas cercanas a ella y rastros digitales que, según las autoridades, evidencian búsquedas sobre el talio, su adquisición y sus efectos.
La distancia geográfica no ha detenido el caso, y la prisión inglesa se ha convertido en el escenario provisional de una espera marcada por la gravedad de las acusaciones y el peso de las pruebas que continúan apareciendo.
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