Según informes de prensa, la Fiscalía anunció el pasado martes que el equipo de fiscales que lidera las investigaciones por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre (UNGRD) solicitó ante el Tribunal Superior de Bogotá audiencias de imputación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán. La Fiscalía había abierto investigaciones preliminares contra varios altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, incluyendo al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González; y a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Si bien se debe aplaudir la imputación contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, todo parece indicar que es extemporánea: según información de medios como El Tiempo y El Heraldo, el pasado mes de marzo González habría partido desde el Aeropuerto El Dorado con destino a San José, Costa Rica y las posibilidades del regreso de González al país son más que remotas. ¿Asumimos Sra. Fiscal que la institución que usted dirige no está esperando que cojan vuelo los otros altos implicados en el caso de la UNGRD antes de hacerles imputaciones, o nos equivocamos?
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Un segundo caso tiene que ver con el hecho de que funcionarios de la Fiscalía recurren a divorcios, embarazos exprés y paternidades extrañas para atornillarse en los cargos, patrañas y timos directamente relacionados con el proyecto de reforma estructural que ha emprendido la Fiscalía con el objetivo de reemplazar aproximadamente 4.000 cargos dentro de la entidad. Esta medida, según informes de prensa, “busca depurar la planta de personal, ya que se estima que menos del 40 % de los funcionarios actuales han ingresado por méritos en concursos públicos, mientras que el resto lo ha hecho mediante nombramientos provisionales o por libre nombramiento y remoción.” Existen varias prácticas irregulares o "triquiñuelas" que algunos funcionarios de la Fiscalía están utilizando para prolongar su permanencia en cargos temporales o provisionales. Estas prácticas bordean la ilegalidad o violan principios de mérito, igualdad y transparencia. ¡Ojalá Sra. Fiscal que usted actúe de manera contundente contra esos bribones!
¡Ojalá Sra. Fiscal que usted actúe de manera contundente contra esos bribones!
El tercer caso se refiere a lo ocurrido durante una audiencia del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Según informes de prensa, en un receso de la audiencia la fiscal Marlene Orjuela, sin percatarse de que el micrófono estaba abierto comentó entre risas sobre un tuit del expresidente Uribe, en el que pedía la ayuda del papa Francisco tras su fallecimiento: “Yo también le estoy pidiendo al papa que me ayude, ¿a quién le hará caso?” Los fiscales se tienen que comportar con sobriedad, respeto y profesionalismo, no solo dentro de la audiencia, sino en cualquier espacio relacionado con el proceso y toda burla, especialmente de un o una fiscal, es inaceptable. También preocupa la más que evidente cercanía de la fiscal con un “odiador profesional” del expresidente Uribe como es el senador Cepeda. En torno a este enojoso episodio, el exvicepresidente Humberto de la Calle criticó la falta de profesionalismo en las audiencias judiciales, refiriéndose al incidente como parte de una serie de comportamientos inapropiados captados por micrófonos abiertos. ¡Por decoro y por la absoluta necesidad de mantener imparcialidad, la Fiscal debe apartar de este juicio a la fiscal Orjuela de manera inmediata!
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