Aparte de la plaga de los “Pinchallantas”, posiblemente la mayor plaga que afecta la capital son los ‘grafiteros’, antisociales que en realidad deberían ser apodados ‘empuercadores’. En Bogotá, el grafiti se ha convertido en una epidemia visual: los rayones ilegales, las letras ilegibles, y las manchas de pintura en puentes, iglesias, monumentos y estatuas son un atentado contra el paisaje urbano. A punta de aerosol, odios, rencores, maldad y arrogancia, los ‘empuercadores’ violan el derecho del ciudadano a tener una ciudad medianamente limpia, sin tener que ser obligado a ver los principales monumentos y estatuas de la ciudad embadurnadas con tinta “contestataria”. Los bogotanos merecemos liberararnos de esta plaga que con aerosol en mano arruina lo poco que queda de digno en sus calles. ¿Qué derecho tiene un ciudadano a ver un puente limpio o una estatua sin tinta? Al parecer, ninguno y como lo señalaba recientemente un comentarista, “En esta Bogotá progresista y “alternativa”, los derechos están reservados para quienes rompen reglas, no para quienes las siguen.”
¿Cuál es el costo para la ciudad de esta auténtica plaga que parasita los espacios públicos, mancilla monumentos, y hace de la anarquía una forma de “arte”?
Según denuncias recientes de la concejal de Bogotá, Diana Diago, publicadas por la revista Semana, el Distrito ha invertido más de 500 millones de pesos en la limpieza y restauración de monumentos públicos afectados por actos vandálicos, principalmente grafitis. Esta cifra representa la mayor asignación de recursos para este propósito en los últimos cinco años. “En el año 2024, se intervinieron 109 monumentos, de los cuales 97 presentaban daños por actos vandálicos. Esta cifra supera incluso las intervenciones realizadas en 2021, durante el denominado “estallido social”, cuando se atendieron 72 estructuras patrimoniales.” La concejal Diago atribuye esta situación a una “permisividad institucional” frente a los hechos de vandalismo y ha propuesto “un proyecto de acuerdo que busca restringir beneficios estatales, como subsidios y becas, a las personas que incurran en estos actos hasta que reparen el daño causado.” Sin embargo, la iniciativa ha encontrado oposición entre sectores del Pacto Histórico y de partidos de centroizquierda .
Lo que parece ser urgente es una legislación o normativa que obligue a todas las obras públicas hacer unas inversiones con el objetivo que un grafiti pueda ser lavado casi inmediatamente después de ser colocado. Para este fin se pueden utilizar recubrimientos y materiales específicos, resistentes a disolventes y a la intemperie, que actúan como barreras protectoras sobre las superficies, productos que a base de poliuretano o silicona formen una capa dura y transparente que permitan limpiar el grafiti varias veces sin necesidad de reaplicar el producto. Esto no para el que los ‘empuercadores’ actúen, pero sus garabatos sería borrados en pocas horas.
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Apostilla 1: Con todos los gastos pagos, el gobierno trajo a más de 20.000 integrantes de la Minga a Bogotá. En agradecimiento, la Minga retiene a centenares de funcionarios públicos, la mayoría de ellos petristas.
Apostilla 2: Todo parece indicar que al gobierno le preocupa mucho más unos reclamos que en el Club El Nogal se le hicieron al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que al asesinato en las últimas semanas de 17 integrantes de la Fuerza Pública.
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