La esposa del Fiscal Barbosa, otra mujer enredada con el poder de su marido

Su condición de esposa del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hace notorio el nombre de Walfa Téllez Duarte. Sin embargo, ella misma parece haberse encargado de que su relevancia trascienda el mundo de las páginas sociales y se ubique en aquella zona gris donde la controversia y el escarnio suelen hacer causa común.

Después de su matrimonio con el joven abogado Barbosa, recordado en su universidad, la Sergio Arboleda, como buen estudiante pero tímido de carácter, ella se encargó de impulsarlo a buscar destinos superiores a los de la academia.

Antes de que Iván Duque, amigo y condiscípulo de su esposo, llegara a la presidencia y lo nombrara Consejero de Derechos Humanos, Walfa Téllez, oriunda del eje cafetero pero graduada en Relaciones internacionales en El Externado, había logrado conectarlo con los círculos profesionales encumbrados de su alma mater, con la fama de haber sido la cuna más importante de magistrados y fiscales.

Por eso, poco tiempo después de graduarse en la Sergio Arboleda con la tesis titulada Manual de Derecho Civil: Bienes, Barbosa quiso completar sus estudios en El Externado y en 2007 se hizo magister en Relaciones Exteriores.

Francia fue después el destino de ambos. Ella, una de las estudiantes consentidas del histórico rector del Externado Fernando Hinestrosa, se fue a la Universidad de Nantes a cursar un doctorado y allí llegó también Barbosa a preparar su tesis doctoral en una disciplina afín que le valió mención de Très Honorable (muy honorable).

Al regreso a Colombia, ya casados, cada uno parecía haber encontrado su propio destino profesional: ella se dedicó a la academia y el, en medio de estudios adicionales, fue asesor de varias entidades públicas antes de ser nombrado consejero presidencial por su condiscípulo Iván Duque.

El sector público le resultó atractivo tanto a Barbosa como a Welfa Téllez quien había dejado la academia para trabajar en la Contraloría. Los primeros cuestionamientos públicos para ambos se relacionaron con el gusto por sus viajes familiares en medio de misiones oficiales. Cuando Barbosa era consejero para temas de derechos humanos solía darse escapaditas a destinos turísticos como Caño Cristales. Las críticas de los medios sobre el uso de viáticos oficiales para costearlas fueron inevitables.

Después de un tiempo breve en la Consejería presidencial vendría el verdadero ascenso al poder: la Fiscalía general de la nación, cargo que logró gracias al guiño presidencial.

Con la alta responsabilidad llegaron los deberes, pero también los privilegios que la pareja no dudó en aprovechar. En medio de la pandemia, los dos y su pequeña hija coincidieron en un viaje a San Andrés, hecho a bordo de un avión oficial. Para entonces ambos tenían investidura de funcionarios públicos. Él como fiscal y ella como contralora delegada para el Medio Ambiente, nombrada por Carlos Felipe Córdoba.

La narrativa mediática fue adversa: ponía en duda la importancia de la gestión cumplía en la isla y le añadía elementos de escándalo tales como que la gestión oficial carecía de lógica y sustento y que, en medio de un país enclaustrado, para ellos estuvieron abiertos las playas y uno que otro almacén o local para que se dieran el gusto en San Andrés.

En medio del escándalo se vio envuelto el entonces contralor Carlos Felipe Córdoba. Él y el Fiscal ofrecieron una explicación conjunta que se refería a una “articulación de esfuerzos” entre los dos organismos a su cargo para recibir y tramitar denuncias sobre la corrupción que carcomía al archipiélago.

Como esposa y como funcionaria Walfa Téllez guardó silencio, pero por consejo suyo el Fiscal dijo en una rueda de prensa que él no solo era fiscal sino también padre y que por eso no desamparaba a su hija a ninguna hora. Un argumento así que podría despertar sensibilidad y solidaria social solo fue un atenuante para los efectos de la controversia.

La permanencia de Walfa Téllez en la Contraloría fue breve, pero se convertiría para ella en fuente de nuevos problemas. Córdoba la hizo parte de su equipo directivo en atención a que ella había sido profesora suya en el Externado, donde él se formó como relacionista internacional, en la misma facultad.

Ella aceptó con la condición de que se tratara de un cargo temporal porque tenía proyectos en curso con la maestría en Gerencia de Desarrollo que estaba a cargo suyo en El Externado y no le gustaría desprenderse definitivamente de ellos. La idea era que ella llegara a la Contraloría con la misión de darle forma administrativa y financiera al Observatorio de Control Fiscal Ambiental preparado gracias a una donación de los Países Bajos. También estaría al frente de la preparación de un informe sobre la situación ambiental de San Andrés y Providencia en la coyuntura generada por el paso del huracán Lota.

Pero era lógico que no podía sustraerse al cumplimiento de otros deberes de control y vigilancia que le imponía el cargo. A comienzos de 2021 la delegada a su cargo hizo equipo con la Contraloría Distrital para establecer lo que ocurría con los proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales Salitre-Canoas. La auditoría determinó que los vertimientos contaminantes de la planta terminaban en el Río Bogotá, impactaban toda la sabana al sur de la capital y finalizaban en el río Magdalena. El informe, rubricado por ella, reportó 17 hallazgos administrativos.

Los hallazgos dieron lugar a un proceso de responsabilidad fiscal contra los responsables del proyecto. Con el proceso en desarrollo, ella se retiró del cargo y menos de un año volvió a hacer otro receso en la academia y aceptó el cargo de directora ejecutiva de la Fundación Ríos Sostenibles, operadora del proyecto que ella había cuestionado cuando era fiscal. Una clara puerta giratoria.

“El derecho nunca fue su fuerte”, comentó un abogado que alguna vez trabajó con ella al advertir que ese paso por la puerta giratoria que suelen traspasar algunos funcionarios le acarreaba un ineludible conflicto de intereses. Para él, quien denunció penalmente por esa causa a la señora Téllez y los medios que la cuestionaron tienen razón cuando afirma que era mucho más que reprochable que ella hubiera aceptado trabajar para una entidad que alguna vez fiscalizó.

Con el fiscal general impedido por razones obvias, la investigación contra ella está en curso. La defensa sostiene que no se configuró el conflicto de intereses porque las obligaciones contraídas en las cláusulas de un contrato de prestación de servicios por $190 millones, no le imponen tareas que impliquen injerencia sobre el desarrollo del controvertido contrato de las PTAR que ella cuestionó desde el órgano de control. Sus críticos insisten en que el simple sentido común sugiere lo contrario: antes de cumplir el término de inhabilidades, no podía ponerse al servicio de sus antiguos vigilados.

Ese desconocimiento del derecho y de las reglas de inhabilidades e incompatibilidades también habrían nublado su visión ética. Eso se haría evidente en el hecho de que, valiéndose de su condición de esposa del fiscal, utilizó empleadas del aseo del bunker para quehaceres domésticos en su casa. O más grave aún: utilizó, como lo documentó Noticias 1, un almacén de depósito de pruebas como bodega para pertenencias y objetos decorativos de su casa. Como en esa “bodega” reposan elementos sometidos a la cadena de custodia de pruebas de la Fiscalía las suspicacias han sido muchos mayores.

Aunque inicialmente participó en un acalorado debate sobre esos cuestionamientos, el fiscal Barbosa decidió cerrar el capítulo diciendo que respetará la independencia del fiscal que tiene a cargo la investigación por posible violación al régimen de conflicto de intereses y que será su esposa -y no él- la que tendrá que responder por sus actuaciones.

En medio de ese panorama surge la pregunta sobre si ella ha sido en realidad el motor de impulso en la carrera del fiscal o se ha convertido en una sombra que opaca su gestión.

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