La Corte Constitucional comenzó el control automático de constitucionalidad de dos decretos clave: el Decreto 1390 de 2025, que declara la emergencia económica y social, y el Decreto 1474 de 2025, que la desarrolla. Es un proceso obligatorio, pero su impacto va mucho más allá del trámite jurídico.
El Gobierno sustentó la declaratoria en siete causas: deterioro fiscal, rigidez del gasto público, dificultades para cumplir obligaciones judiciales, déficit en la financiación de la UPC, riesgos en la prestación de servicios públicos y, de manera particularmente llamativa, la no aprobación de la ley de financiamiento o reforma tributaria.
Aquí está el punto de fondo: estos argumentos no describen hechos sobrevinientes, excepcionales ni imprevisibles, como exige el artículo 215 de la Constitución. Son problemas estructurales, conocidos y advertidos desde hace años por expertos, tribunales y organismos de control. No surgieron de repente ni tomaron por sorpresa al Estado.
Permitir que estos decretos desplieguen todos sus efectos mientras la Corte decide de fondo implica un riesgo institucional serio. La figura de la emergencia no puede convertirse en un atajo para gobernar por decreto aquello que no logró consenso democrático en el Congreso.
Este debate cobró mayor fuerza tras una entrevista en BLU Radio y La FM, en la que el exfiscal general Francisco Barbosa advirtió sobre la probable inconstitucionalidad de la emergencia. Su señalamiento más delicado apunta al artículo 14 del Decreto 1474, donde el Gobierno reintroduce la prohibición de deducir las regalías del impuesto sobre la renta.
Ese punto no es menor: esa misma norma ya fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-489 de 2023, por vulnerar la equidad tributaria. Reproducirla, prácticamente palabra por palabra, plantea un choque directo con el precedente judicial.
Barbosa fue claro al señalar que la Corte podría aplicar el Auto 272 de 2023 y decretar una suspensión provisional inmediata, para evitar efectos económicos irreversibles y proteger la supremacía constitucional mientras se adopta una decisión definitiva.
Más allá de nombres o posturas, el mensaje es claro para la ciudadanía: la Constitución no admite improvisaciones. La excepcionalidad tiene límites precisos. Y cuando se normaliza el uso de la emergencia, se debilita el equilibrio de poderes que sostiene la democracia.
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