La historia fiscal de Colombia en el último lustro podría leerse como un relato de promesas y compromisos, pero también como un inventario de obligaciones que se trasladan al futuro. El gobierno Petro, lejos de corregir una trayectoria fiscal ya frágil, ha profundizado una práctica que se acerca a la tradición latinoamericana de financiar el presente con el crédito del mañana. El resultado no es solo un aumento de la deuda, sino una creciente dependencia del financiamiento externo, con tasas más altas y plazos más largos, que comprometen el presupuesto de futuras administraciones.
El pasado 13 de enero, Colombia realizó la mayor emisión de bonos en su historia, por US$4.950 millones. Para entender la magnitud de esta cifra, basta compararla con el PIB del tercer trimestre de 2025, que fue de $258,763 billones. Convertida a pesos, esa emisión equivale a $18,13 billones, cerca del 7 % del PIB de un trimestre. Es decir, el país decidió financiar con deuda externa casi una décima parte de la producción de tres meses. De ahí que la cifra no sea un detalle técnico, sino una decisión política con consecuencias inminentes.
La emisión se estructuró en tres tramos, con vencimientos en 2029, 2031 y 2033, y tasas que van desde 5,375 % hasta 6,500 %, con un costo promedio de 5,93 %. En 2020, durante la pandemia, Colombia obtuvo recursos del FMI a una tasa promedio de 2,35 %; de manera que la comparación es inevitable, pues en pandemia el país se endeudó más barato bajo una emergencia global y hoy lo hace más caro en un contexto sin una crisis similar, una señal inequívoca de deterioro en la percepción de riesgo sobre la economía nacional.
El Gobierno insiste en que la deuda “abarata” el costo del financiamiento. Pero esa afirmación es engañosa, porque compara magnitudes distintas. Las tasas del 12 % en pesos no son equivalentes a las tasas del 5,6 % al 6,7 % en dólares. Convertidas a una misma base, las tasas en pesos se acercan al 14 %, incluso más altas que las del mercado local. En ese sentido, el país no se está financiando más barato, sino más caro, y lo hace porque los inversionistas exigen una prima por el riesgo fiscal e institucional.
En octubre del año pasado, la deuda externa de Colombia alcanzó US$239.154 millones, equivalente al 54,9 % del PIB, lo que implica que más de la mitad de la producción anual del país está respaldada por crédito externo. El aumento interanual fue de 9,23 %, o más de US$20.000 millones, y aunque parte del crecimiento se explica por un cambio metodológico del Banco de la República, el incremento real es claro, especialmente porque la deuda del sector público creció más del 10 %. Dicho de otro modo, el Estado gasta más de lo que recauda y financia esa diferencia con deuda, incluso sin una crisis comparable a la pandemia.
Bajo ese entendido, el costo de la deuda adquiere una dimensión aún más inquietante, porque Colombia está pagando el tercer interés más alto en dólares del mundo, solo por detrás de Ucrania y Argentina. El gobierno Petro recibió una deuda de $789 billones y ya ha elevado ese saldo a más de $1.176 billones; es decir, la aumentó en un 49 %. Y este crecimiento no es un dato menor, en la medida en que se traduce en obligaciones concretas, pues la tercera parte del recaudo nacional se destina al pago de intereses, una cifra que deja poco margen para inversión productiva y para atender necesidades sociales sin recurrir a más deuda.
La preocupación no es solo numérica, sino de sostenibilidad. Germán Machado, profesor de la Universidad de los Andes, manifestó en entrevista con La República que “Colombia se está endeudando más caro que países comparables, como Brasil, México o Chile, y en condiciones similares a economías de mayor riesgo”. Ese costo se refleja en un diferencial frente al Tesoro de Estados Unidos de entre 250 y 300 puntos básicos y en el aumento del CDS (Credit Default Swap) del país, que pasó de 183 a 210 puntos. En el lenguaje de los mercados, el país es un prestatario con una prima de riesgo elevada.
El impacto fiscal es tangible. En 2025, la ejecución del presupuesto de inversión fue apenas del 51 %, mientras que el gasto de funcionamiento llegó al 80 % y el servicio de la deuda al 89 %. La inversión, que es el motor del crecimiento futuro, se ejecuta con lentitud, en tanto la deuda se paga con rapidez. Es un desequilibrio que reduce la capacidad del Estado para construir y lo obliga a sostenerse en la deuda. La lógica es simple: si el gasto supera los ingresos, la deuda crece; y si la deuda crece, el costo del financiamiento aumenta, cerrando el círculo.
Desde finales del año pasado, el dólar ha venido cayendo frente al peso. Una parte de esa caída se explica por factores externos, como las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y la depreciación del dólar en ese contexto. Pero también influyó la entrada de dólares por deuda externa, situación que no es un signo de fortaleza económica, sino una consecuencia de mayor dependencia del crédito externo. Entonces, no es un mérito del gobierno Petro, porque un peso más fuerte frente al dólar oculta los problemas, pero no los resuelve.
Gustavo Petro llegará a la condición de expresidente con el discurso de haber dejado un país perfecto, aunque el costo político y fiscal de sus decisiones recaerá íntegramente sobre su sucesor. Se trata de una conducta que traslada responsabilidades, compromete el futuro inmediato de la Nación y termina perjudicando al país. Mientras la lógica de endeudamiento se mantenga, Colombia seguirá avanzando hacia un futuro hipotecado. Y esa es la crítica más severa al gobierno de Petro: la política fiscal actual no corrige la precariedad de la economía nacional, sino que la profundiza.
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