Ha llamado la atención, en medio de la disputa política y mediática del país, la controversia alrededor del nombramiento de un líder indígena, con formación de bachiller, al frente del Ministerio de la Igualdad. Más allá de las posiciones a favor o en contra, el episodio revela algo más profundo que una discusión sobre hojas de vida: pone en escena una tensión estructural sobre quién puede gobernar, desde dónde se produce el saber legítimo y qué experiencias cuentan como conocimiento político.
La coyuntura colombiana abierta por la experiencia en curso de un gobierno progresista, en confrontación con las élites tradicionales, reactiva así una pregunta de fondo: ¿hasta dónde es posible transformar el país solo con voluntad política, sin enfrentar las fuerzas históricas que lo atraviesan desde hace décadas, incluso siglos?
En un contexto marcado por desigualdades persistentes, conflicto armado no resuelto, crisis ecológica y presiones geopolíticas renovadas, resulta insuficiente limitar el análisis a la escena electoral o a la gestión gubernamental de corto plazo. Para comprender lo que hoy ocurre -y lo que realmente está en disputa -, es necesario levantar la mirada y observar los condicionantes de largo aliento que estructuran nuestra vida social.
La historia muestra que las sociedades no avanzan en línea recta. Suelen atravesar ciclos de expansión, saturación, crisis y reconfiguración, impulsados por la interacción entre crecimiento poblacional, asimetría social, competencia entre élites, formas de organización colectiva y capacidad estatal. No se trata de leyes universales ni de destinos predeterminados, sino de regularidades que ayudan a leer los momentos de tensión.
En Colombia, estas dinámicas se ven agravadas por una trayectoria histórica marcada por la colonialidad y la dependencia. No somos solo una república contemporánea: somos un territorio donde persisten estructuras sedimentadas como la concentración de la tierra, el patriarcado, el crecimiento urbano desbordado y desigual, la racialización del trabajo, el centralismo político y el extractivismo como matriz económica. Estas estructuras han demostrado una notable capacidad de sobrevivir a distintos regímenes políticos sin alterarse sustancialmente.
Por ello, las crisis recurrentes del país no responden únicamente a errores de gobierno o fallas coyunturales. Expresan bloqueos históricos que limitan la redistribución, la inclusión política y la sostenibilidad ecológica. El actual gobierno progresista emerge, entonces, no como una ruptura total, sino como un intento de abrir alternativas dentro de una corriente histórica profunda que excede los ciclos electorales. Una corriente que, además, sostiene condiciones persistentes de desigualdad y fragmentación.
A esto se suma la posición de Colombia en el sistema global: un país periférico, especializado históricamente en la exportación de materias primas, hoy reconfigurado bajo el paradigma extractivo-financiero. Esta ubicación impone límites estructurales a cualquier proyecto de transformación que no cuestione las reglas del comercio internacional, la deuda y la subordinación tecnológica. Episodios recientes de tensión diplomática con Estados Unidos lo recuerdan con claridad.
Cuando estas condiciones internas coinciden con reacomodos del orden mundial - como la transición energética, las disputas geopolíticas y la crisis climática -, las tensiones se intensifican. Mientras desde fuera se presiona para profundizar el extractivismo, desde dentro crecen las demandas por proteger la vida, los territorios y los bienes comunes. El gobierno progresista enfrenta así no solo una crisis social y/o geopolítica, sino una crisis civilizatoria, del metabolismo entre sociedad y naturaleza, que redefine los márgenes mismos de la gobernabilidad. Esta fricción explica buena parte de la resistencia al cambio por parte de las élites tradicionales y la virulencia del conflicto político actual.
Una de las claves de este momento es la sobreproducción de élites: más actores disputando poder del que el sistema puede absorber
Una de las claves de este momento es la sobreproducción de élites: más actores disputando poder del que el sistema puede absorber, lo que suele traducirse en bloqueos, conflictos y deslegitimación mutua. En Colombia, esta disputa no se reduce a cargos o ministerios; es una confrontación por el sentido mismo de lo político y de lo legítimo: Las élites tradicionales defienden un orden social, racial y territorial profundamente desigual, mientras nuevos actores - movimientos indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y juventudes urbanas -, cuestionan sus fundamentos históricos.
Desde esta perspectiva, la reacción frente a decisiones como el nombramiento en el Ministerio de la Igualdad puede leerse como parte de una tensión de hegemonía. No se trata solo de quién gobierna, ni de repetir consignas simplificadoras como “dejen gobernar al indio”, sino de algo más profundo: qué saberes cuentan, qué trayectorias son reconocidas y qué formas de vida merecen ser protegidas y promovidas.
Mirar este panorama únicamente desde la coyuntura puede llevar al desencanto o al fatalismo. Sin embargo, los saberes territoriales de los que proceden muchos de los nuevos actores políticos - campesinos, indígenas y comunidades urbanas populares -, ofrecen otra clave de lectura. Desde la marginalidad han construido formas de organización, cuidado y reproducción de la vida que no encajan en los modelos extractivos ni en las métricas estatales convencionales. No son recetas mágicas, pero sí reservorios de experiencia social que amplían el campo de lo posible.
Tal vez el problema no sea que este gobierno “no esté a la altura”, sino que el país que heredó está construido para resistir cualquier intento serio de transformación. Cuando una sociedad convierte cada gesto de cambio en motivo de escándalo, pero normaliza la desigualdad, la exclusión y la devastación ambiental, el debate se desplaza hacia lo superficial. La discusión de fondo no es si confiamos o no en un gobierno progresista, sino si estamos dispuestos a discutir el país que lo hace casi imposible. Mientras no miremos esas estructuras de frente, seguiremos cambiando de gobierno sin cambiar de historia.
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