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El presidente Gustavo Petro firmó este miércoles 11 de junio el esperado "decretazo" que permitirá continuar con la Consulta Popular que el Senado bloqueó por tan solo dos votos.
El presidente no cedió ante los llamados de expresidentes como César Gaviria, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, quienes le pidieron "no polarizar más al país". Tampoco se amedrentó por las críticas de congresistas de oposición y abogados que lo instaban a respetar la decisión de la Cámara Alta.
“El decreto tiene fuerza vinculante”, declaró Eduardo Montealegre, nuevo ministro de Justicia, subrayando que el registrador nacional, Hernán Penagos, tiene la obligación de convocar las votaciones el 7 de agosto de 2025. Sin embargo, Penagos aún guarda silencio, mientras su equipo jurídico analiza si acatar o no el decreto.
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El próximo paso está en manos del registrador. ¿Cumplirá con la orden presidencial, o esperará las decisiones del Consejo de Estado y la Corte Constitucional? La situación podría desembocar en un choque de trenes legales que definirá el rumbo de esta consulta popular.
“Si el registrador se niega a cumplir el decreto, incurriría en prevaricato”, advierte Montealegre. La controversia está servida, y el futuro de este proceso depende de las decisiones jurídicas que se tomen en las próximas semanas.
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