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El pleito contra el Estado lo lideró la ingeniera Alicia Naranjo, gerente y representante legal de Concisa, integrante del Consorcio Vías de la Competitividad del cual formaba parte la mexicana Conoisa filial de la gigante ICA. Muy conocida en el sector, Naranjo fundó su propia empresa con la cual participó en distintas licitaciones, pero en esta demanda actuó en su condición de representante legal de Concisa en relación al proceso de licitación de una parte de la Ruta del Sol.
En el plano familiar, Alicia Naranjo de Pinzón es consuegra del expresidente Juan Manuel Santos por ser la mamá de Sebastián Pinzón, quien es el esposo de María Antonia Santos. Naranjo tuvo un breve paso por el sector público como directora del INVIAS en el gobierno de Álvaro Uribe, cargo al que llegó después de haber trabajado en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa. Sin embargo; se retiró del sector público para fundar su propia empresa de ingeniería y construcción, que después vendió.
La demanda en favor del Estado colombiano fue fruto del trabajo articulado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), cuyo director vigente César Palomino Cortés, y de la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani), director Óscar Javier Torres Yarzagaray. En efecto, el Consejo de Estado evitó que el gobierno pagara $465 mil millones.
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Los abogados de la Andje y la Ani demostraron que el Consorcio Vías de la Competitividad, representante legal en el momento David Fernando Sáenz de Russi, fue evaluado de manera apropiada. No se encontró ninguna irregularidad en la licitación pública N LP-001-2010 sector 3 proyecto Ruta del Sol. El consorcio fue resultado de la unión de la empresa colombiana Sociedad Concesiones y Construcciones S.A.S., Concisa, con la mexicana Conoisa.
De Conoisa se sabe su pertenencia a la empresa Controladora de Operaciones de Infraestructura S.A de C.V, a su vez parte del emporio Ingenieros Civiles Asociados, ICA.
Ingenieros Civiles Asociados es un conglomerado internacional, que tiene dentro de sus principales accionistas a Bernardo Quintana Isaac, Management Trust y Fundación Trust. En un primer momento los aztecas consideraron que no se evaluó con justicia la documentación acreditada; no obstante, la empresa que demandó al estado colombiano fue Concisa, la firma colombiana.
Para Concisa, ahora en liquidación, la capacidad financiera del Consorcio no se evaluó de manera objetiva y en consecuencia perdió puntaje de forma arbitraria frente a la competencia. En efecto, Concisa, representante legal y gerente Alicia Naranjo Uribe, buscó recuperar mediante recursos legales el dinero perdido en la fallida licitación.
El Consejo de Estado una vez escuchó los alegatos de las partes declaró que al Consorcio Vías de la Competitividad en ningún momento se le examinó de manera caprichosa o contraria a la ley, en efecto, el gobierno colombiano no debe pagar ni un peso.
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