La condena al Estado colombiano que Alejandro Ordóñez no quiere que se repita en la OEA

En su oficina lo esperan casos como el de estas mujeres sobrevivientes a la operación Orión quienes ganaron una importante demanda en la CIDH por el crimen de Teresa Yarce

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Septiembre 12, 2018
La condena al Estado colombiano que Alejandro Ordóñez no quiere que se repita en la OEA

Cuando Socorro Mosquera abrió la puerta de su casa, vio un niño vestido de camuflado que la señalaba directamente al rostro mientras les decía a los militares de la Cuarta Brigada y policías que lo escoltaban que era ella a quien estaban buscando. El 12 de noviembre de 2002, casi un mes después de la operación Orión dirigida por el expresidente Uribe, el General Mario Montoya y el General Leonardo Gallego en la Comuna 13 de Medellín, Socorro era llevada a la Casa Orión, un centro de operaciones por donde semanas atrás también habían pasado otros 355 detenidos.

Pero no era a la única que estaban buscando. Ese día, Mery Naranjo y Ana Teresa Yarce, compañeras suyas en la defensa de los derechos humanos, también fueron detenidas y llevadas al mismo lugar. Un vecino las estaba acusando de ser milicianas de la guerrilla, que tenía presencia en los barrios de la comuna hasta que los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara tomaron el control después de la operación el 16 y 17 de octubre.

Luz Dary Ospina, entonces directora de la Asociación de Mujeres de las Independencias —AMI—, estaba en su casa cuando recibió una llamada de advertencia de Socorro. Ya había escuchado el rumor de la detención de Teresa, Mery y Socorro, y al terminar la tarde se fue corriendo para la Sijin, en donde las dejaron encerradas en un calabozo. Ese mismo día, cuando vio que no podía hacer nada más, Luz Dary agarró lo poco que tenía y se fue de la comuna con su esposo y sus tres hijos. Los paramilitares acabaron con su casa. Primero se llevaron el lavamanos y el sanitario, luego sacaron las ventanas y las tejas, y por último tumbaron las paredes. Al final, solo había un lote con escombros.

Después de estar cuatro días en una estación de policía, las tres defensoras fueron llevadas a la cárcel El Buen Pastor, donde estuvieron otros cinco, pero las soltaron por falta de pruebas en su contra. Su detención había sido ilegal, y los señalamientos eran una persecución. Cuando salieron de la cárcel y volvieron a la comuna, les tenían un mensaje: “Si el Ejército no las sacó del barrio, ahora sí se van a tener que ir si no quieren que las matemos”. Los paramilitares les habían puesto una sentencia y las tres mujeres no tuvieron otra opción que salir huyendo. Mery dejó a sus hijos en la casa bajo el cuidado de varios familiares que vivían con ella, y aunque al principio salió de la comuna, a los pocos días se escondió en el convento de la Madre Laura, dentro de la misma zona. Mientras que Socorro y Teresa, quienes también tuvieron que dejar a sus hijos en sus casas, volvieron a los cuatro días y seis meses, respectivamente. A pesar de las amenazas y presiones, las dos mujeres siguieron denunciando las detenciones ilegales y las desapariciones por parte de los paramilitares y la Fuerza Pública.

Luz Dary regresó después de haber estado un año en Uruguay, en donde se refugió con su familia. Sin embargo, el miedo la derrotó. No pudo volver a trabajar con ninguna organización y sus manos quedaron atadas frente a los abusos, asesinatos y amenazas que tanto había denunciado tiempo atrás.

Miriam Rúa, Luz Dary Ospina, Mery Naranjo y Socorro Mosquera. Foto: Luis Benavides/El Espectador

El 6 de octubre de 2004, dos años después de las detenciones, Mery Naranjo se encontró con Teresa y su hija para desayunar. Cuando terminaron de comer, Teresa, quien en ese momento era fiscal de la Junta de Acción Comunal del barrio Independencias III y era la fontanera del acueducto veredal de la comuna, prendió un cigarrillo mientras se sentaba en el suelo. Un hombre se paró frente a ella y le disparó cuatro veces. Mery corrió hacia un árbol y se escondió detrás de él. El sicario salió corriendo y unos obreros que vieron la macabra escena pararon un taxi para llevar a Teresa al hospital. No llegó con vida. Horas después, los paramilitares celebraron el asesinato en la estación del metro en San Javier, dentro de la comuna.

Después de la muerte de Teresa, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos liderado por la abogada María Victoria Fallon, decidieron tomar cartas en el asunto. “Sus asesinos tuvieron la intención deliberada de acallarla por las denuncias que estaba realizando de la presencia de los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en la Comuna 13 y su trabajo de colaboración con miembros del ejército y la policía nacional. Sus denuncias se hicieron sentir entre la comunidad, durante todo el año 2002 y más fuertemente tras su liberación después de la Operación Orión, en las reuniones que se realizaron con autoridades del municipio de Medellín y delegados del gobierno nacional en los que estuvo presente señalando esa connivencia”, aseguró el Grupo Interdisciplinario durante el proceso.

La abogada María Victoria Fallon fue la defensora de las cinco mujeres ante la CIDH, en un proceso que duró más de 10 años. Foto: flickr.com/corteidh

Aunque desde 2002 se venían haciendo audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH— para explicar y denunciar lo que estaba sucediendo en la comuna 13, no solo en la operación Orión sino en las otras 18 intervenciones de la fuerza pública durante ese año, con el asesinato de Teresa el Grupo Interdisciplinario toma decisión de comenzar tres procesos distintos en Washington: el primero fue la detención ilegal de Mery Naranjo, Socorro Mosquera y Teresa Yarce, y posterior desplazamiento de estas tres mujeres junto a Luz Dary Ospina; el segundo es el asesinato de Teresa; y el tercer caso es el de Myriam Rúa, quién también era una líder de la comuna que tuvo que salir huyendo de los paramilitares, quienes destruyeron su casa por completo después de la operación Mariscal en junio de 2002.

Después de presentar los tres casos, en la CIDH se decidió unificarlos para dar cuenta de un problema mucho más grande: la persecución sistemática a mujeres líderes en la comuna. Tras más de 10 años en un largo y extenuante proceso judicial, en que el Estado colombiano intentó defenderse y negar cualquier responsabilidad en estos casos, en 2014 el proceso logró llegar a la Corte Interamericana de Derechos humanos, que decidió en 2016 condenar a Colombia como responsable de los abusos contra estas mujeres y posterior asesinato de Teresa Yarce.

La CIDH publicó el fallo relacionado con el caso que se llamó “Yarce y otras” y Colombia fue hallado como directo responsable del desplazamiento de las cinco mujeres después de comprobarse que por lo menos 65 familias tuvieron que huir de la Comuna 13, de las cuales 55 estaban encabezadas por mujeres. El Estado nunca les garantizó el “retorno voluntario y seguro” y si regresaron fue porque no tenían otra opción, pero las amenazas y presiones nunca se detuvieron.

En 2009 y en 2010 dos paramilitares fueron condenados por el asesinato de Teresa Yarce, y el estado colombiano utilizó esas condenas para demostrar que no tenía responsabilidad en el caso, pero la Corte aseguró que, a pesar de las advertencias y alertas de Yarce y su familia, además del antecedente de la detención ilegal, Colombia no hizo nada y estaba más que advertido sobre el posible homicidio que efectivamente sucedió.

Aunque ya ha pasado más de un año y medio desde la sentencia, con que la Corte además le exigió al Estado realizar un acto de reparación, perdón y conmemoración, hoy todavía no se ha hecho nada. La situación en la Comuna 13 se ha recrudecido en el último año, y a gente tiene miedo de salir a la calle a un evento con estas características para que después puedan tomar represalias. Hoy las organizaciones sociales son otra vez blanco de las bandas criminales que todavía controlan la comuna. La AMI, el grupo del que fue directora Luz Dary Ospina, pasó de tener cerca de 700 mujeres afiliadas a menos de 100. Sin embargo, Mery Naranjo y Socorro Mosquera siguen trabajando desde la Mesa de derechos humanos de la Comuna 13.

Este caso constituyó la condena número 17 contra el estado colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde todavía existen otros tres procesos pendientes que están a la espera de una sentencia, y desde 2006 el estado colombiano ha tenido que enfrentar y cumplir 86 medidas cautelares mientras la comisión sigue revisando los expedientes. El exprocurador Ordóñez, nuevo embajador ante la OEA, tendrá que capotear todos los casos que están en el sistema interamericano, pero su llegada a Washington no tuvo la mejor recepción. Se conocieron varios mensajes de diplomáticos en Estados Unidos quienes “han manifestado en privado su preocupación de que, al llegar Ordóñez, el Consejo Permanente se vuelva una tarima para irse contra la CIDH y la Corte IDH por avances de los derechos de las poblaciones LGBTI”. Con esto, más las casi 300.000 firmas que se recogieron rechazando su nombramiento, el Estado colombiano deberá saber jugar sus cartas para mantener las relaciones exteriores en buenos términos, y esperar que el exprocurador no se convierta en un problema futuro.

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