No fue una decisión menor ni un trámite cualquiera. Fue una carta. Y con ella, una exoneración que hoy tiene en el ojo del huracán a las autoridades de San Andrés.
Todo ocurrió en medio de la XVII Vuelta Atlética a la Isla de San Andrés, un evento que reunió a más de 5.400 deportistas y que, en condiciones normales, habría significado un ingreso importante por concepto de tarjeta de turismo. Pero esta vez no fue así.
El 20 de enero de 2026, a través de un documento oficial, el director de la OCCRE, Delroy Austin Gordon Fox, habría autorizado que los participantes no pagaran ese cobro, pese a que desde el 7 de enero ya estaba vigente la Ordenanza 001 de 2026, que establece la obligatoriedad de esta tarifa para quienes ingresen al archipiélago, salvo excepciones muy específicas que no incluyen eventos deportivos. Ahí es donde empieza el problema.
Una excepción que no está en la norma
La justificación de la decisión se basa en que la solicitud del evento habría sido presentada en octubre de 2025, antes de la expedición de la ordenanza. Sin embargo, el texto de la norma no contempla ese tipo de excepciones ni incluye disposiciones transitorias que permitan aplicar ese criterio. Eso ha encendido las alarmas.
El punto más sensible está en el principio de equidad tributaria, establecido en el artículo 5 de la misma ordenanza, que prohíbe otorgar tratamientos diferenciados sin justificación. Y es precisamente ahí donde surgen las preguntas: ¿por qué este evento sí fue exonerado y otros no?
Según lo que se ha conocido, otros eventos deportivos realizados en 2026 sí habrían tenido que pagar la tarifa, lo que refuerza la percepción de una aplicación desigual de la norma.
Más de $800 millones en discusión
Más allá del debate jurídico, el impacto económico es evidente. La exoneración otorgada superaría los $800 millones, una cifra considerable para la isla, cuya economía depende en gran parte del turismo.
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El dato toma más fuerza si se mira el contexto: cada deportista que llega a San Andrés gasta, en promedio, cerca de $2 millones durante su estadía, lo que demuestra el peso del turismo deportivo como motor económico.
Es decir, el evento sí dejó ingresos indirectos, pero el debate está en lo que dejó de entrar directamente a las arcas del archipiélago.
De la carta a los tribunales
El caso ya escaló a instancias judiciales. Fue radicada una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación y una denuncia penal por presunto prevaricato por acción contra el director de la OCCRE.
Las autoridades deberán determinar si hubo una interpretación indebida de la norma o si la decisión fue, directamente, contraria a la ley. Porque más allá de un evento puntual, lo que está en juego es la forma en que se aplican las reglas en el territorio.
En un lugar donde el turismo sostiene buena parte de la economía, decisiones como esta no pasan desapercibidas. Y menos cuando dejan una sensación difícil de ignorar: que la norma no siempre se aplica igual para todos.
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