Ningún gobierno puede usar la soberanía para oprimir, censurar o someter a su pueblo. Alegar que toda acción externa viola la soberanía ha protegido dictaduras y justificado abusos, hambre y represión, según informes de derechos humanos y organismos internacionales.
El concepto clásico de soberanía parte de la idea de que todo Estado libre ejerce autoridad e independencia sobre su territorio y población para autogobernarse. En las democracias, la soberanía reside en el pueblo, titular real del poder. En los regímenes dictatoriales ocurre lo contrario: quien gobierna se arroga el poder, no representa a la ciudadanía y ejerce autoridad sin legitimidad.
Quien analice con seriedad el caso venezolano no puede negar que Nicolás Maduro se convirtió en dictador tras el fraude de las elecciones del 28 de julio de 2024. Las actas conocidas y difundidas por la oposición y observadores independientes mostraron que el ganador fue Edmundo González, según reportes electorales. Desde entonces, el poder de Maduro es ilegítimo, al no emanar de la voluntad soberana del pueblo.
El régimen de Maduro provocó en Venezuela una grave crisis humanitaria que desató la migración masiva de millones de ciudadanos. Según la ONU y organismos de derechos humanos, más de siete millones de venezolanos han abandonado el país por expropiación de capitales, persecución política, censura a la oposición, colapso económico, pobreza e inseguridad. Esta combinación de factores condujo a una nación antes próspera al fracaso como Estado y la convirtió en una narcodictadura sostenida por alianzas criminales con carteles internacionales.
¿Puede la soberanía justificar todo eso? La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas y su salida del país, según versiones difundidas en círculos diplomáticos, abrió un debate global sobre los límites de la soberanía. Para algunos, fue un acto legítimo de fuerza para poner fin a un poder ilegítimo y restablecer el orden democrático. Para otros, el ingreso de fuerzas militares extranjeras y la extracción del gobernante violaron la soberanía y los principios clásicos del derecho internacional.
Si se acepta el concepto tradicional, no hay duda de que la acción violó la soberanía de un Estado formalmente independiente. Pero ese concepto no es inmutable. En un mundo multipolar, la soberanía se redefine en función de la seguridad de otros Estados, los intereses estratégicos, la protección de los derechos humanos y la estabilidad del orden internacional.
Estos elementos constituyen la base política de un concepto moderno de soberanía, según el abogado y profesor brasileño Felipe Jason, al analizar Venezuela desde una perspectiva contemporánea. Su argumento es claro: la soberanía no es un escudo absoluto para justificar opresión, hambre o tortura; se pierde cuando un régimen viola sistemáticamente los derechos humanos. En esos casos, una intervención externa puede ser legítima e incluso necesaria, postura citada repetidamente en debates sobre Venezuela.
El argumento de que solo los venezolanos debían resolver su problema interno queda sin sustento frente a la elección de Edmundo González, triunfo que el dictador desconoció al violar la soberanía popular. A ello se suma el fracaso de la ONU y la OEA, atrapadas en la lógica del consenso y la burocracia diplomática, lo que les impidió actuar frente a la ruptura del orden democrático. Este fracaso evidencia los límites de la diplomacia tradicional frente a una dictadura y refuerza la tesis de Jason: en circunstancias extremas, el uso de la fuerza puede estar justificado.
La crisis política de Venezuela, que derivó en una crisis humanitaria por la migración masiva y la “exportación” de su modelo socialista que alteró la geopolítica regional, se convirtió en un factor de perturbación con graves consecuencias sociales, políticas y económicas. La expansión de bandas criminales como el Tren de Aragua disparó los índices de criminalidad en varios países, afectando el orden y la seguridad ciudadana.
Ningún Estado puede hoy ampararse en la soberanía para afectar a otros, desestabilizar regiones o someter a su pueblo sin consecuencias. La comunidad internacional ya no observa solo fronteras, sino conductas. El concepto clásico, heredado del siglo XIX, choca de frente con una realidad internacional transformada.
Así, la soberanía tradicional es reevaluada frente a las nuevas realidades políticas. Emerge un concepto moderno de soberanía que no niega la autodeterminación de los pueblos, pero la condiciona al respeto de normas mínimas de convivencia internacional. La soberanía contemporánea deja de ser un privilegio absoluto y se convierte en un mandato ético y político: proteger a la población, respetar la dignidad humana y no poner en riesgo a otros Estados.
Bajo este enfoque, la captura y extracción de Nicolás Maduro no solo pueden considerarse legítimas y necesarias, sino coherentes con un orden internacional que ya no tolera la impunidad de regímenes autoritarios.
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