Hemos sido testigos de avances teóricos, normativos e institucionales en el continente para luchar efectivamente contra la impunidad en América Latina, factor que supone un serio obstáculo para los derechos humanos, pero sobre todo para la paz que tanta propaganda y desinformación ha suscitado en nuestro país.
Organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado insistentemente sobre la importancia de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y a la reparación como elementos clave para poner fin a la impunidad. Hoy se hace evidente que es la impunidad uno de los obstáculos más serios para el adecuado disfrute de los derechos humanos, la paz, la democratización y la consolidación de un auténtico Estado de derecho.
El estudio del fenómeno se centró en graves violaciones de los derechos civiles y políticos, y se está prestando atención a su impacto en los derechos económicos, sociales y culturales,algo muy necesario en un contexto de una acentuada globalización que está exacerbando la exclusión y la desigualdad. y Colombia no es la excepción. La impunidad es multicausal porque encuentra sus orígenes durante el proceso que inicia con la comisión de un delito, hasta que este es castigado y sus víctimas reciben la reparación por el daño causado. La impunidad mantiene correlación estadística con los niveles de corrupción y desigualdad socio económica, y surge a partir del mal funcionamiento de las dimensiones de seguridad, justicia y derechos humanos en el ámbito nacional. Pero en el desarrollo cotidiano de los hechos punitivos no es el acontecimiento mismo el que nos escandaliza; no es la coima, el peculado, el chanchullo, el torcido ni las maniobras grotescas que atentan contra la ética y la moral pública, sino lo consecuente. La obsecuente impunidad de los hechos ya declarados y expuestos a la luz pública no nos enferma; ni siquiera la falta de rigor por parte de los entes de investigación, ni la trivialidad con que manejan los delitos los diferentes medios de comunicación, sino más bien cómo estos hechos son aceptados cotidianamente por la sociedad.
En Colombia los organismos de control trabajan rigurosamente para develar la trampa y su perversa metamorfosis; muestran las evidencias y siguen los procedimientos requeridos para garantizar un correcto desarrollo investigativo y judicial, pero son los organismos de justicia quienes no sancionan. Persiste una carente administración de justicia que fomenta la impunidad en el país y genera un descontento social explosivo que en el mediano plazo terminará por convertirse en un factor de desestabilización nociva para el país. Hoy más que nunca, estamos a merced de la peor corruptela jamás vivida; con un agravante: se ha instalado en el consciente colectivo la desconfianza entre pares así como la reticencia a creer en la institucionalidad colombiana. ¿Quién es el culpable de este fenómeno en Colombia? Sin duda el Estado colombiano en su conjunto.
Uno de los contextos en los que la impunidad ha campado se basa en supuestos de justicia transicional como el que se pretende aplicar en el proceso de paz en Colombia con la guerrilla de las FARC. El acuerdo define además el trato que recibirán los responsables de delitos de lesa humanidad bajo un sistema jurídico especial creado como parte del proceso de paz que incluye penas alternativas de reclusión, otorga amnistía para los guerrilleros que no estén implicados en delitos atroces, como secuestro, violencia sexual, ejecuciones fuera de combate, y solo estén acusados de levantarse en armas contra el Estado. El principal objetivo de la JEP es investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado. Y es aquí donde se percibe la impunidad en todo el proceso, porque lo que busca la JEP es
"Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas, contribuir a luchar contra la impunidad, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de éste y contribuir al logro de una paz estable y duradera".
El texto cargado de ilusa ensoñación recrea nítidamente la brecha de pensamiento del colombiano medio: utopías cargadas de metáforas contrastan con un imposible práctico. En nuestro país todavía creemos que cambiar el nombre a una entidad pública la convierte por arte de magia en impoluta y eficiente. (el Seguro Social de antes, hoy llamada Nueva EPS). No solo es necesaria la verdad, la justicia y la reparación; se necesitan organismos de justicia —es decir personas capaces de lograr que eso sea posible—, y eso es de lo que carece la sociedad. La jurisprudencia meliflua olvida los elementos constitutivos de la sociedad colombiana al momento de redactar la norma. El papel aguanta todo. No en vano se dice que en Colombia una de cada tres normas es inoperante, ineficiente, contraria o imposible de cumplir. Redactamos literatura, no leyes. Tal vez por eso el derecho avanza a paso de caracol mientras la sociedad evoluciona a velocidades vertiginosas. No la toca ni la comprende.
En abril de 2015 el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad De Las Américas Puebla presentó el Índice Global de Impunidad 2015 (IGI 2015), instrumento diseñado para medir en forma comparada los grados de variación de la impunidad entre países. A partir de una metodología pensada para medir estadísticamente catorce variables dentro de tres dimensiones (estructural, funcional y derechos humanos) y dos ejes transversales representativos de áreas de la gestión gubernamental (sistema de justicia y sistema de seguridad pública), el IGI 2015 permitió analizar variaciones en los grados de impunidad en 59 países del mundo. Estos casos corresponden regionalmente a Europa (33), Asia (9),Norteamérica (3), Sudamérica (4), Centroamérica (5) y el Caribe (5).El IGI 2015 arrojó como resultado que Filipinas alcanza los niveles de impunidad más altos con un índice de 80.0; mientras que Croacia se ubicó en los niveles más bajos de impunidad entre los casos estudiados, con un índice de 27.5, seguido por Eslovenia (28.2), República Checa (34.8), Montenegro (34.9) y Bulgaria (37.5). Todos países ubicados en Europa del Este. Por su muy alto grado de impunidad sobresalen México (75.7), Colombia (75.6), Turquía (68.7), la Federación Rusa (67.3), Nicaragua (69.5), Honduras (64.1), El Salvador (64.1) y la República de Corea (Corea del sur) (63.3). Esa es la realidad de nuestro país en medio de un proceso de paz iluso y frustrante.
Un intento por definir impunidad en términos prácticos sería “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, que escapa a toda investigación, evitando así cualquier forma de sometimiento a la justicia”. El país pasó de mostrar las pruebas, a no mostrar los presos; del cacareo al "tapen tapen"; de la acusación firme y evidente a la simple "calumnia"; del oprobio a la desvergüenza. Cuántos casos investigados por años por el ministerio público, hoy los casos más sonados de corrupción muestran el mismo resultado: muy pocos condenados, la inexistencia del castigo ejemplar y el descrédito, y la ausencia total de sanción económica y social. La lista de escándalos antes que disminuir, crece como espuma ante la indolente mirada de una sociedad perdida entre la desvergüenza y la apatía. Pasamos de la eficiencia en la investigación, a la ineficiencia en la acción punitiva; los escándalos que ayer eran pesados grilletes contra la dignidad y el respeto, hoy son valiosos instrumentos publicitarios que aportan popularidad. Cualquier flagrante delito es fácilmente convertible en "likes" con un aporte importante en seguidores. Lo que ignoramos es el contenido intelectual de los fanáticos seguidores. Las redes sociales aglutinan víctimas y victimarios; es la mejor vitrina para conjurar el yugo de la culpa y el delito y medir la popularidad de un sujeto doblegado por la falsa adulación del imbécil.
