Crece la inseguridad, la criminalidad, la corrupción y la impunidad en todo el país. Estas letales endemias, no aparecen por generación espontánea. Tienen causas específicas e inequívocas.
Colombia las padece. Comúnmente se conocen como delincuencia común, organizada y de cuello blanco, corrupción, impunidad y complicidad institucional y social.
Las respuestas y actitud de los gobiernos, ante la magnitud del desastre material, administrativo, institucional, ético, moral y social, son ridículas. No corresponden a la magnitud del flagelo y la evidencia de la amenaza.
En el equipo del nuevo gobierno aparecen ilusos, despistados y ridículos dignatarios, investidos de poder, anunciando soluciones ridículas, como lo acaba de hacer los ministros de Justicia con su novelón de humanización de las cárceles.
Estas deben humanizarse, evitando el hacinamiento y dando tratamientos psicopedagógicos especializados y específicos a los delincuentes presos.
Se equivoca con frecuencia el presidente Petro. Errar es de humanos. Lo reprobable no es la equivocación per se. Lo reprobable es mantenerse en el error.
La inseguridad y criminalidad arraigadas en Colombia, para erradicarlas requieren políticas de Estado integrales, que garanticen, poder atacar y erradicar todas las causas que las generaron.
Dichas causas son de orden económico, jurídico, educacional, laboral, operativo e institucional. Colombia requiere reconstrucción total e integral, en todos los campos del desarrollo.
El modelo económico-político dominante, la politiquería, el clientelismo, la corrupción tácita y abierta e institucionalizada, crearon y mantienen un régimen político, institucional-administrativo, favorables a la descomposición social y degradación moral individual y colectiva.
El tiempo ha demostrado que la concentración de la riqueza, la criminalidad, la segregación y la inseguridad se agudiza con gobernantes de derecha y extrema derecha y oportunistas, representantes de las viejas castas politiqueras, de los gremios económicos y de los dueños del capital y la riqueza, en general.
La laxitud e incoherencia del ordenamiento político-jurídico y económico, propician y cultivan la laxitud institucional, frente a los desafíos del ordenamiento legal y los requerimientos de reformas, por la gravedad de la amenaza criminal y la corrupción.
Por lo tanto, remover y erradicar todo lo que generan las causas del desastre nacional, exige cambios integrales en todas las estructuras de poder público, del modelo económico-político, del marco legal y procedimental que define y regula el ejercicio del poder público.
Los gobiernos tienen la responsabilidad legal de garantizar la seguridad ciudadana. Organizaciones internacionales por la defensa de los derechos civiles y transparencia de la justicia, reiteradamente señalan el crecimiento de la criminalidad y la impunidad en Colombia. Precisan que la impunidad supera el 97%.
Estadísticas verificables, ubica a Colombia entre las cuatro naciones con mayor criminalidad e inseguridad ciudadana, en el planeta, mientras sostiene el gasto militar más alto, en términos del PIB (mayor al 6%). Esto es aberrante.
Colombia gasta más de $120.000 millones diarios en su aparato militar, policial y de inteligencia, sin incluir inversiones en equipamiento y crecimiento de pie de fuerza, pago de recompensas a delatores y hasta a aliados criminales, en no pocos casos. Más del 12% del presupuesto de 2.022. ¿Es el costo de no garantizar la inseguridad?
Hay más de 1.7 millones de armas de fuego legalizadas, en manos de civiles. Es un negocio. Por cada arma con salvoconducto hay 6 ilegales. Promedio de una por cada 6 habitantes, sin control efectivo, por parte del gobierno. Pero el gobierno y el negocio militar, se niegan al desarme de civiles.
El dantesco panorama de inseguridad ciudadana y corrupción que azota a Colombia, puede controlarse y erradicarse, si hay voluntad política y responsabilidad ética, social y moral de los gobernantes y coherencia social. *
La situación colombiana exige y justifica decretar la emergencia nacional por inseguridad ciudadana. Esta debe decretarse y debe consistir, mínimo en el siguiente ordenamiento:
1.-Prohibir el porte de todo tipo de armas blancas y de fuego en todo el territorio nacional, aún si tiene salvoconducto.
2.-El desacato del porte de armas, sin excepción, debe sancionarse con 3 años mínimo, de detención inconmutable en recinto carcelario, si no tiene antecedentes delincuenciales o más, si tiene antecedentes.
3.-Toda acción realizada por terceros contra la integridad física del ciudadano o de sus bienes, tiene que ser respondida, por el Estado, a través de los jueces, con solo la versión de los hechos, por parte de la víctima, o de terceros testigos, con detención en recinto carcelario, mínimo por cuatro años, si no tiene antecedentes judiciales y más, según la gravedad del daño ocasionado y la reincidencia en el delito.
4.-Los organismos de seguridad; ejército, policía, armada y fuerza aérea, deben hacer requisas en toda las vías de la geografía nacional y lugares donde puede acampar el delincuente, las 24 horas de los 365 días del año, para hacer cumplir lo ordenado en la declaración de la Emergencia Nacional por Inseguridad Ciudadana.
5.-El gobierno debe ordenar y financiar la construcción de centros de reclusión, en cantidad que cuadruplique la capacidad de reclusión carcelaria presente, en cada capital de departamento, con infraestructura con costo no superior a $800.000 por metro cuadrado construido. Ese costo es posible, para garantizar máxima seguridad y servicios básico, higiénicos y de salubridad. ¿La corrupción no lo permite?
6.-Daecretar específicas y concretas medidas legales para controlar y sancionar a jueces y abogados litigantes, que pretendan ponerle conejo al ordenamiento legal vigente, para garantizar aplicación honesta de las normas jurídica y garantizar seguridad al ciudadano
. En estos casos, las sanciones a jueces y litigantes deben consistir en: la destitución del cargo e inhabilidad para ejercer cargo público, en el caso de los jueces y del ejercicio de la profesión de abogado litigante, inhabilidad para ejercer la profesión, por el resto de sus vidas. Son entre otros, planteamientos e interpretación de la problemática de inseguridad nacional.
Superar las causas que originaron la problemática de inseguridad ciudadana, demanda toda una revolución jurídico-legal, socioeconómica e institucional y darle un vuelco de 180 grados al modelo económico-político vigente, que los gobiernos y el poder económico-político, han auspiciado y tolerado durante más de doscientos años de vida independiente.
Debe comenzar por dinamizar la economía con aplicación de conocimientos, ciencia y tecnología de punta y definir políticas y metas de sustitución de importaciones por producción nacional. Los mismos bienes, que se producían antes de la desafortunada e irresponsable Apertura Económica, impuesta por el poder económico mundial y aceptada por los secuaces gobernantes colombianos.
Demanda redefinir la formación académica, de manera que se articule con los adelantos del conocimiento y las tecnologías y las pertinencias específicas de la nación y el entorno global.
La erradicación de la inseguridad y criminalidad, demanda equidad socioeconómica y esta, debe corresponder con generación de empleo racionalmente pagado, con lo que se estimula el consumo y la economía en general.
El desafío de cambiar la inseguridad por seguridad general es cósmico. Requiere de decisiones concretas, normas legales y procedimientos permanentes eficaces y de quien las haga cumplir. Exige cortar privilegios rentísticos, politiqueros y de conveniencia de los usufructuarios del poder. Es el meollo del problema y por eso no hay solución.
Se requiere que el régimen que gobierna, crea y actúe consciente y responsablemente. Que crea en los efectos del desempleo, la marginalidad, la pésima educación. Son los caldos de cultivo de todo lo que se relaciona con la inseguridad de los ciudadanos.
Con la estructura de poder legal del régimen imperante hasta el presente es imposible garantizar seguridad y justicia y derrotar la corrupción y la mediocridad burocrática.
No hay seguridad, donde centenares de ciudadanos son víctimas del atraco, el raponazo, el fleteo, la extorsión y el chantaje y desaparición. Donde hay más de cinco mil niños que mueren anualmente por desnutrición o enfermedades asociadas y más de 40% de la población, padece algún nivel de desnutrición y más del 60% sufre la informalidad y el desempleo.
No hay seguridad donde los organismos del estado, cuya función es la seguridad ciudadana, recurren al crimen, para mostrar resultados y donde la misma autoridad puede ser perseguida por organismos del estado, bajo el ropaje de acciones de inteligencia y contrainteligencia y donde la brecha entre pobres y ricos es cada día más amplia y se concentra más la riqueza, cada día.
