Gremios le dicen sí a la ley de pago a plazos justos

ANRACI, COLFECAR y otras ocho organizaciones anunciaron su respaldo al proyecto radicado por Mauricio Toro. Acá las razones

Por: Jessica González
noviembre 07, 2019
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Gremios le dicen sí a la ley de pago a plazos justos
Foto: Pixabay

En las últimas semanas, el Proyecto de Ley No. 181 de 2018, radicado por el congresista Mauricio Toro, con el cual se busca “adoptar normas de Pago en Plazos Justos en el ámbito mercantil y dictar otras disposiciones en materia de pago y facturación” ha generado diversas posturas en el sector empresarial del país debido a que, según un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá en el año 2018, la falta de liquidez es la principal causa del cierre de las pequeñas y medianas empresas.

Por esta razón, las pymes, principales defensoras de esta iniciativa, han decidido pronunciarse y dar a conocer las razones por las cuales consideran a la ley de pago a plazos justos una necesidad fundamental para lograr el equilibrio económico en Colombia.

Dentro de las entidades que han respaldado la propuesta desde sus inicios se encuentra el gremio de la protección contra incendios (ANRACI), el cual está conformado por diferentes organizaciones especializadas en el diseño e instalación de sistemas contra incendios que buscan concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de estar preparados y protegidos ante una emergencia con fuego.

La mayoría de los miembros de este gremio son catalogados como pequeñas y medianas empresas, ya que cuentan con menos de 200 empleados y sus activos oscilan entre los 500 y los 30.000 SMLV. De igual forma, gran parte de ellos realiza importantes inversiones en la adquisición de productos en el exterior para de esta manera, atender las necesidades de sus clientes. Estas negociaciones exigen el pago por adelantado de la importación lo que obliga a la empresa a tener un capital de dinero sólido para realizar la transacción.

Ahora bien, después de realizado el pago a los proveedores, los productos entran a una fila de despacho o producción, según el servicio prestado, período de tiempo donde el capital de estos pequeños y medianos empresarios está sujeto y depende únicamente del pago por parte de sus clientes. Es precisamente en este punto donde se busca que el proyecto de ley tenga efecto, debido a que, según los voceros de la agremiación, la problemática empieza desde la generación de la factura de pago.

“La cantidad de trámites administrativos para radicar las facturas hacen que los periodos de pago se dilaten entre 90 y 180 días haciendo que hasta una firma se ponga en contra de los intereses de las Pymes. Mientras esto sucede, los empresarios tienen la obligación de realizar pagos ordinarios como personal, arriendo y servicios públicos, los cuales no dan espera hasta el desembolso del cliente”, afirma Hugo Torres, director ejecutivo de ANRACI Colombia.

Este hecho ha sido el detonante para que negocios, comercios y emprendimientos —los cuales integran más del 96% del tejido empresarial del país—, según la Cámara de Comercio de Bogotá, hayan decidido solicitar al Congreso de la República la reconsideración de los períodos de transición que se han venido formulando dentro del Proyecto de Ley No. 181 de 2018 el cual estipula que el plazo máximo para el pago de las obligaciones mercantiles sea de 60 días.

“Las pymes colombianas necesitamos con urgencia la sanción de la ley de pago a plazosjustos, la cual permita equilibrar las condiciones de los mercados, garantizando la estabilidad de cientos de pequeñas y medianas empresas que contribuyen a la generación de empleo y aumentan la capacidad productiva del país”, agrega Torres.

Por esta razón, organizaciones como ACOPI, la Cámara Colombiana de la Energía, la Asociación de Emprendedores de Colombia, el gremio de la protección contra incendios, entre otras, decidieron firmar el pacto gremial Equilibremos la cancha, el cual busca ser un respaldo para la sanción del proyecto de ley.

De igual forma, los participantes de esta iniciativa afirman rechazar la posición asumida por la Andi a través de su presidente Bruce Mac Master, ya que en sus declaraciones “se desconoce la realidad de los pequeños y medianos empresarios que a diario están siendo quebrados por el uso de estas prácticas comerciales injustas que reafirman la inequidad económica en la que está inmerso nuestro país”.

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