Gobierno y daño ambiental

Gobierno y daño ambiental

A pesar de que las comunidades no desean que las empresas mineras exploten sus territorios, los gobiernos se encargan de asegurar que estas empresas lo puedan hacer

Por: ALEJANDRO FLOREZ
abril 04, 2018
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Gobierno y daño ambiental
Foto: Ecopetrol

En estos tiempos en que el equilibrio natural del planeta está siendo seriamente comprometido, muchos países están en la tarea de abandonar los automóviles de combustión por los eléctricos y buscando energías limpias para evitar el consumo de carbón.

Pero lamentablemente en países como Colombia que siempre ha tenido crisis de legitimidad en sus instituciones, producidas por los altos niveles de corrupción lo que está prosperando, es un avance desmesurado de la explotación minera y petrolera.

La razón principal de todo esto es que sostenemos una estructura jurídico administrativa perversa, así es: nuestro Estado es retrogrado y dañino ya que no logra cumplir sus fines, somos un país desigual y pobre.

Un ejemplo, ponemos al ratón a cuidar el queso: el presidente nombra al Ministro de Medio Ambiente, para que este con sus entidades trace los límites del páramo de Santurbán, después el presidente le otorga títulos mineros a una multinacional árabe en el mismo lugar.

También: Ecopetrol es una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Minas y Energía (Ley 1118 de 2006) y al ministro de Minas también lo nombra el presidente. Así cuando haya un desastre ambiental por derrame de petróleo o daños de la minería ni el fiscal General, que fue nombrado por el presidente, y tampoco el Ministerio de Medio Ambiente van a investigar a Ecopetrol.

Los congresistas ayudan a gobernar al presidente, le hacen campaña y aprueban sus proyectos y el presidente, quien nombró al fiscal, evita que este investigue a los congresistas corruptos que le ayudaron al presidente. Este fenómeno se replica en todas las entidades del Estado.
Sostenemos unas instituciones contagiadas por el virus de la corrupción, desde el ejecutivo, legislativo y judicial.

Así las cosas no es raro que las comunidades tengan que rebelarse para evitar que las empresas mineras lleguen a sus territorios y no acaben con sus ecosistemas; pues el Estado es el principal gestor de la destrucción ambiental.

A pesar de que las comunidades insistentemente no desean que las empresas mineras exploten sus territorios (consultas), los gobiernos se encargan de asegurar que estas empresas lo puedan hacer.

Las autoridades ambientales como las Corporaciones Autónomas, el ANLA (Agencia Nacional de Licencias Ambientales), Ministerio de Minas y el Ministerio de Medio Ambiente son nombrados por el ejecutivo, consolidándose de antemano una parcialidad ya que un funcionario corre el riesgo de perder su empleo si no satisface los designios de quien lo recomendó.

En Colombia no existe una autoridad ambiental que pueda garantizar el derecho al medio ambiente, y esto obedece al sistema retrogrado donde el presidente nombra a dedo a todos los funcionarios del SINA (Sistema Nacional Ambiental), así como al Fiscal General de la Nación.

Debemos tener en cuenta que los gobiernos locales departamentales y nacionales les interesan dejar explotar recursos porque es más fácil recibir dinero de una empresa petrolera o minera que solo necesita acceso a un territorio y unas cuantas licencias ambientales.

Es poco probable que en Colombia se pueda conseguir una economía sostenible donde el mismo ejecutivo impulsa la exploración de hidrocarburos con frackin, y permite la minería dentro de reservas estratégicas.

Es abominable la doble cara de los gobiernos, que para lograr los objetivos de las grandes multinacionales, engañan al pueblo por medio de los medios, mostrándose como protectores del medio ambiente mientras tras bambalinas permiten la destrucción ambiental.

Entonces todas aquellas comunidades que tienen sus ecosistemas en peligro por el avance de la exploración de hidrocarburos o la minería, no esperen a su corporación ambiental para que les ayude, muchos menos al Ministerio de Medio Ambiente; lo único seguro que tienen es al Esmad si se llegan a manifestar, pero solo aquellas poblaciones que se resisten a aceptar la minería logran proteger sus recursos.

Lamentablemente estamos secuestrados por un Estado que sostiene una estructura jurídico administrativa envenenada por los intereses personales de los corruptos.

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