Frenazo de Tribunal Administrativo a erradicación forzada en el Cauca

Según la decisión que cobija los municipios de Caloto, Cajibio y Piamonte, no se podrán erradicar forzosamente cultivos ilícitos, sin antes intentar sustitución voluntaria

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septiembre 02, 2020
Frenazo de Tribunal Administrativo a erradicación forzada en el Cauca
Foto: Flickr Policía - CC BY-SA 2.0

La decisión la tomó el Tribunal Administrativo del Cauca y tiene alcance sobre todo el territorio municipal de Caloto, Cajibío y Piamonte, en donde hay casos de campesinos que aunque tienen cultivos amapola y marihuana, han manifestado su voluntad de sustituirlos voluntariamente. Son cientos las familias y comunidades que se inscribieron en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilicitos - PNIS, implementado desde el gobierno de Juan Manuel Santos en el marco de los Acuerdos de Paz firmados en el 2016.

Esta decisión se materializa tras varias semanas de fuertes enfrentamientos entre comunidades campesinas de todo el departamento y la fuerza publica por las jornadas de erradicación forzada en estos territorios que han aumentado el nivel de tensión y violencia en los últimos meses.

Así pues, el Ejército Nacional no podrá intervenir forzadamente los cultivos de coca, amapola y marihuana de los campesinos de dichos municipios sin que primero haya fracasado un intento de parte de las comunidades para sustituirlo voluntariamente, pues la voluntad de hacerlo ya ha quedado expresa. De no ser así, el primer paso debe ser entonces entrar al territorio con alternativas de sustitución o se estaría vulnerado el derecho al debido proceso de las comunidades campesinas.

Dicha desición se da tras el fallo en segunda instancia una tutela interpuesta por representantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío (ATCC), la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), entre otras organizaciones campesinas de la zona y el Colectivo de Abogados José Álvear Restrepo (Cajar) que buscaban acabar con las jornadas de erradicación forzada en todos los territorios del departamento.

La tutela fue interpuesta desde el argumento que la erradicación forzada se ha adelantado en zonas donde los campesinos han manifestado su voluntad de sustituir voluntariamente sus cultivos ilícitos.

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