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En Cali, la ciudad donde habito, se registraron 1061 homicidios durante el año pasado, es decir, 123 más que en 2024, cuando se presentaron 938.
Si se compara con Bogotá, el índice de homicidios de Cali triplica el de Bogotá. Mientras en la capital se presentan 15,2 asesinatos por cada 100 mil habitantes, en Cali se contabilizan 48,6.
Frente al de Medellín, el índice de homicidios de Cali también es muy superior: la capital de Antioquia, que hace treinta años era mucho más violenta, hoy tiene un índice de 14,5 muertes por cada 100 mil habitantes. Menor incluso que el de Bogotá.
Ese es el principal argumento para oponerme a la medida de suspender la prohibición del porte de armas decretado por el gobierno esta semana.
Ese decreto autoriza a los ciudadanos que tienen permiso para portar armas, que son cerca de 700.000, a que saquen sus armas de sus casas y llevarlas permanentemente con ellos.
Es bueno aclarar que el decreto no abre las puertas a que todo el mundo ande armado. Los requisitos para portar un arma singuen siendo muy rigurosos. Mediante el decreto 1368, publicado el 8 de septiembre, el Gobierno revive un sistema con más de 30 años, creado por un Decreto Ley en 1993. En él se determinó que quienes quisieran portar un arma debían primero demostrar ante las autoridades su idoneidad física y mental, para así conseguir un permiso.
De todas formas, en adelante habrá más gente armada en las calles. Y eso, al menos en el caso de Cali no es bueno, pues se corre el peligro de que la cifra de homicidios crezca aún más.
Los defensores del porte de armas arguyen que la mayoría de homicidios se comenten con armas ilegales y que la gente “de bien” tiene derecho a defenderse. Argumentos respetables pero rebatibles.
Me remito al caso de Cali, ciudad en la que, por desgracia, reina la agresividad, la intolerancia y el irrespeto por la autoridad. Acá todos los días se registran riñas callejeras por las razones más nimias: porque alguien se le cerró a otro con el carro, porque le hablaron feo a alguien, porque no lo atendieron rápido, porque miraron a la novia.
Esas riñas suelen tramitarse a gritos y, en el peor de los casos, a puñetazo limpio. Me da mucho temor de que con más gente armada terminen resolviéndose a tiros.
Cuento una experiencia personal. Hace unos días fui a comprar un aguacate y cometí el “pecado” de tocar uno para constatar si estaba maduro. La dueña del establecimiento montó en colera me arrebató el fruto. “No me magulle los aguacates”, me expeló. Frente a lo cual exigí respeto. No en los mejores términos, admito.
De pronto apareció el hermano de la vendedora, quien, sin mediar palabra, me empujó con tal fuerza que me fui de bruces.
La cosa no pasó a mayores porque resolví largarme. Pero me pregunto que hubiera pasado si yo fuera armado. Con seguridad no le habría disparado al agresor, pero es probable que le hubiera mostrado el arma. Y de ahí para allá quien sabe en qué hubiera terminado el lío.
Conflictos de estos se presentan a Cali a diario. E, insisto, no pasan de los gritos, o de pronto llegan a los golpes. Pero con armas de por medio la cosa puede desembocar en una tragedia.
Es matemático: entre más armas anden en circulación, más violencia habrá.
Y eso de que la gente buena tiene derecho a defenderse y por tanto a portar un arma tiene tanto de ancho como de largo. Si a alguien lo atracan y no opone resistencia lo más seguro es que no le pase nada. Pero si esa persona anda armada y saca la pistola al momento del robo, las de perder las lleva la víctima del hurto que tiene menos sangre fría y menos experticia en el manejo de armas que el ladrón.
Yo creo que lo más sensato es que el gobierno deje la autorización para el portes en manos de los alcaldes. En ciudades donde el problema no es el índice de asesinatos sino el robo, de pronto la medida sea útil.
Pero ciudades con índices de violencia tan altos como Cali lo que requieren es que la gente se desarme y que haya menos armas en circulación. Legales e ilegales.
Lo que necesita esta ciudad es una ofensiva frontal para incautar esas armas ilegales que circulan por la ciudad. Pero también parece aconsejable no facilitar que se porten armas legales. Eso, en una ciudad en la que matan más de mil personas al año es como tratar de apagar un incendio a punta de gasolina.
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