La manera en que el Centro Democrático y otros grupos han rodeado la campaña electoral de la Farc produjo que este nuevo partido resolviera suspenderla. Su determinación ha sido señalada por Vargas Lleras y otros dirigentes políticos malquerientes del proceso de paz como desconocimiento de lo que es una campaña electoral en la que nadie está libre de abucheos, tomatazos y huevazos. Ello es cierto, pero en el caso de Farc el ataque no se reduce solo a eso, sino que pasa a las encerronas, cargas con piedras y palos, incitaciones a la violencia con altoparlantes, atropellos y desmanes, incluso contra la autoridad.
Si las cosas se hubieran reducido a gritos y huevos, como es lo corriente, la Farc habría continuado tranquilamente su campaña soportando esos obstáculos. Más lo que aquí se evidencia es un propósito programado, preparado en sus detalles de movilización de gente —se dice que mucha está pagada generosamente— con consignas, pancartas, acopio de materiales de ataque, sitios de concentración, etc.
Si a todo esto se agregan los 40 ataques contra miembros de Farc que dejan 50 muertos, “los 12 familiares de excombatientes, 28 de casos de excombatientes y 10 casos de líderes sociales asociados a Farc que han sido asesinados en los últimos meses”, según el vicepresidente Óscar Naranjo, es claro que existe un plan de exterminio que puede cobrar la vida ya no solo de militantes sino de dirigentes farianos. Hay pues una confabulación que avanza en la medida en que el odio se acrecienta y el cual atizan los llamamientos del Centro Democrático —desde Uribe hacia abajo—, con provocadores profesionales como Gustavo Muñoz y periodistas como Herbin Hoyos, que no son más que incitadores al delito.
En buena hora detiene la Farc su campaña electoral, como una medida de autoprotección y al mismo tiempo de protesta y denuncia. Autocríticamente, se debe aceptar que la Farc se dejó envolver y arrastrar por el quehacer electoral, dándole prioridad sobre otras tareas urgentes, contrariando una previa decisión y la recomendación “a no apresurarse de cara al debate presidencial”.
Cuando en enero de este año la Farc presentó al Gobierno el análisis sobre la implementación de los acuerdos de la Habana, dado el flagrante incumplimiento de estos acuerdos por parte del Estado Colombiano —gobierno, poder judicial, Congreso y Fiscalía—, señaló con claridad y precisión los protuberantes incumplimientos y errores cometidos a sabiendas por parte de este, el listado no debió quedarse como un simple memorial de agravios, sino que en orden a llamar la atención internacional y nacional pudo haberse respaldado con una negativa a la participación en la campaña electoral.
Esta determinación finalmente se ha tomado y no es tarde para la acción y la denuncia internacional de Colombia como un Estado corrupto y mafioso, como en su oportunidad lo calificó Gustavo Petro. Ahora hace falta atender prioritariamente cuestiones internas tales como la liberación de los centenares de prisioneros farianos, la detención de guerrilleros amnistiados, el apoyo a los proyectos productivos de excombatientes, los problemas de su identidad, su acceso a la bancarización, etc.
Logrado esto, organizado el cuerpo exguerrillero, habrá la fuerza y la generación de opinión necesaria para exigir el cumplimiento de los grandes temas que contemplan los acuerdos. Por supuesto que las denuncias de la corrupción, el mal gobierno, las necesidades populares, la defensa de los acuerdos y la paz han de continuar sin desmayo.
“Paso a paso y con buen tino, la mula se abre camino”, le oímos decir alguna vez al comandante Manuel Marulanda Vélez.
