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La noche en que un adolescente de 14 años atentó contra la vida del senador y candidato Miguel Uribe Turbay no fue simplemente un episodio aislado de violencia juvenil. Fue un mensaje. Un mensaje cuya autoría aún está en disputa, pero cuyas implicaciones ya son imposibles de ignorar.
Aunque el presidente Gustavo Petro ha sido señalado en redes y en círculos opositores como responsable político del ambiente de polarización que permea el país, el análisis debe ir más allá de la coyuntura y adentrarse en las estructuras que parecen haber parido este atentado. Y es que no fue un loco con arma blanca. Fue un menor reclutado. Un eslabón más dentro de una cadena.
Una red que opera en silencio
La Fiscalía, en un pronunciamiento inicial, afirmó que investiga a una red criminal detrás del atentado. El propio presidente habló de una supuesta “nueva junta del narcotráfico”, una suerte de gobierno criminal que opera a la sombra, con tentáculos en la política, la seguridad, los negocios y —como se ha visto— incluso en los esquemas de protección. ¿Estamos ante la reedición del paramilitarismo urbano? ¿O es esta una versión más sofisticada, más líquida, del crimen organizado?
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Nada de esto es nuevo. Colombia ha sido por décadas el terreno fértil para que las redes criminales se fundan con intereses políticos, y cada época ha tenido su síntesis: los carteles, las cooperativas de seguridad rural, las BACRIM, y ahora, tal vez, una red camaleónica que no necesita grandes nombres, solo resultados precisos.
La hipótesis del mensaje
Todo indica que este no fue un ataque espontáneo. Que hubo vigilancia, selección del día, lugar y modalidad del atentado. Que se utilizó un menor para minimizar la reacción institucional, y que el objetivo no era asesinar, sino dejar claro que se puede llegar hasta donde sea. Que ni siquiera un senador en campaña puede sentirse seguro. Ese es el verdadero mensaje.
Por eso, es un error pensar que esto fue un ataque contra Miguel Uribe como individuo. Fue contra la democracia, contra la autonomía del disenso, contra la idea misma de que el poder puede ser enfrentado con argumentos y con votos.
No es crimen de Estado, pero…
Decir que el presidente Petro es directamente responsable del atentado es desproporcionado y sin fundamento. Pero sería ingenuo desconocer que el clima de división extrema, de discurso hostil, y de estigmatización política contribuye a que ciertos actores encuentren licencia moral para ejercer violencia. No se trata de una cadena de mando, sino de un ecosistema tóxico en el que florecen decisiones como esta.
La crítica no debe ser solo al oficialismo. También hay responsabilidad en quienes normalizan el odio, en quienes utilizan las redes como campo de batalla y en quienes creen que la política es una guerra a muerte.
¿Y ahora qué?
El Estado tiene herramientas para desactivar esta bomba antes de que estalle de nuevo:
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Revisión urgente de los esquemas de protección.
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Investigación profunda sobre el reclutamiento de menores en zonas urbanas.
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Análisis financiero de redes que pagan por este tipo de actos.
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Y sobre todo, una estrategia de inteligencia que vaya más allá de los chivos expiatorios.
Este atentado no debe archivarse bajo el titular de “hecho aislado”. Es un síntoma. Y en un país que ha aprendido a leer los síntomas cuando ya es tarde, este podría ser un punto de inflexión.
Porque si un adolescente, pagado por manos invisibles, puede herir a un senador en campaña, entonces el mensaje es claro: la democracia está bajo amenaza directa, no desde la oposición o el gobierno, sino desde las sombras. Y ese sí que es un enemigo real.
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