Texto escrito por: Carlos Lagos
Un terremoto no solo mide la resistencia de los edificios. También revela la capacidad de una sociedad para tomar decisiones bajo presión, coordinar instituciones y utilizar correctamente los recursos disponibles.
El sismo de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia puso sobre la mesa una discusión particularmente sensible: ¿era necesario recibir desde el primer momento equipos internacionales de búsqueda y rescate o era más conveniente concentrar los esfuerzos en las capacidades nacionales?
La respuesta no admite posiciones absolutas.
Colombia cuenta con una importante capacidad de respuesta. Tiene equipos especializados de búsqueda y rescate urbano, organismos como Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil, Fuerza Pública y autoridades territoriales con experiencia en emergencias. Existe, además, una realidad que ningún protocolo puede ignorar: en las primeras horas, los ciudadanos suelen convertirse en los primeros rescatistas. Vecinos, familiares y comunidades enteras remueven escombros antes de que llegue cualquier organismo especializado.
Pero disponer de una capacidad considerable no significa tener una capacidad ilimitada.
Un terremoto de gran magnitud puede afectar simultáneamente varios municipios, destruir vías de acceso, interrumpir las comunicaciones, comprometer hospitales y generar daños incluso en las estructuras destinadas a atender la emergencia. En esas circunstancias, la capacidad nacional puede quedar rápidamente sometida a una presión extraordinaria.
El debate, entonces, no debería plantearse como una competencia entre rescatistas colombianos y extranjeros. La cuestión esencial consiste en determinar qué capacidades necesita cada territorio y en qué momento, y establecer mecanismos para incorporarlas sin producir desorden.
La cooperación internacional tampoco puede reducirse al número de personas que llegan con equipos de rescate. Hospitales de campaña, agua potable, alimentos, medicamentos, maquinaria, comunicaciones, transporte y recursos financieros pueden ser determinantes para una población afectada.
Aquí aparece uno de los mayores desafíos de cualquier emergencia: tener recursos no equivale a saber coordinarlos.
Colombia cuenta con un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo concebido precisamente para articular capacidades públicas y privadas. La prueba verdadera de ese sistema ocurre cuando las circunstancias desbordan las previsiones y obligan a tomar decisiones rápidas.
También conviene separar la cooperación humanitaria de cualquier consideración política. La ayuda internacional no debería aceptarse por afinidad ideológica ni rechazarse por razones similares. Debe evaluarse con criterios técnicos: certificación, capacidad operativa, pertinencia, oportunidad y necesidades reales del territorio.
Después de las primeras 72 horas, la discusión adquiere otra dimensión. Ya no basta con preguntarnos quién llegó primero o quién ofreció ayuda. Es necesario evaluar qué funcionó, qué falló y qué capacidades debemos fortalecer.
Hay una paradoja que merece atención. Colombia posee uno de los equipos USAR más reconocidos de la región, pero ningún equipo de rescate, por especializado que sea, puede reemplazar una estructura permanente de gestión del riesgo.
La prevención ocupa allí un lugar fundamental. En Colombia todavía existe una cultura que suele considerar la preparación para las emergencias como un gasto que puede aplazarse. Familias sin botiquines, edificios sin suficiente preparación, empresas que postergan inversiones de seguridad y comunidades que desconocen sus protocolos forman parte del mismo problema.
En propiedad horizontal existe incluso una obligación legal: la Ley 675 de 2001 establece el seguro contra incendio y terremoto de los bienes comunes susceptibles de ser asegurados. Pero contar con una póliza tampoco garantiza por sí solo una recuperación adecuada. El valor asegurado, las coberturas y las condiciones contratadas determinan la capacidad real de reconstrucción.
La prevención comienza mucho antes de que la tierra tiemble.
La lección inmediata de este terremoto es más sencilla y más exigente: una emergencia no se enfrenta únicamente con recursos, sino con organización, mando y capacidad para tomar decisiones.
La pregunta que queda para Colombia no es solamente si estaba preparada para este terremoto.
Es si estará mejor preparada para el próximo.
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