Las movilizaciones legítimas de los estudiantes universitarios para exigirle al gobierno de Iván Duque mayores recursos para las universidades públicas, hoy envueltas una grave crisis presupuestal al no contar con los recursos necesarios para terminar el presente semestre, han sido reprimidas brutalmente por las fuerzas armadas, en el marco de la estrategia del ministro de Defensa de regular la protesta social, la cuales ha señalado de estar infiltradas por organizaciones criminales al margen de la ley.
Como se ha visto recientemente, la respuesta del gobierno nacional a las exigencias estudiantiles ha sido la negligencia del presidente Duque al no sentarse con los voceros de los estudiantes, la infiltración de agentes ajenos a las marchas para avivar acciones violentas y la respuesta brutal de las fuerzas del ESMAD, difundida ampliamente por las redes sociales. Estos hechos nos remiten a dolorosos episodios de violación de los derechos ciudadanos durante el Paro Cívico Nacional, del 14 de septiembre de 1977, en el gobierno de Alfonso López Michelsen, convocado por las cuatro centrales obreras existentes en el momento, en la que la población energúmena salía a protestar por la miseria creciente. El resultado de la represión de la policía y las fuerzas militares fue más de 265 muertos, miles de personas detenidas y cientos de desaparecidos, especialmente jóvenes.
Ahora bien, la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe se concibió como una estrategia en la que se propone un papel más activo de la sociedad colombiana en la la lucha del Estado contra la amenaza de grupos armados ilegales, creando redes de cooperantes y ofreciendo recompensas por información que permitiera ubicar a jefes de las organizaciones guerrilleras. Además, con esta estrategia se estigmatizó la protesta social, señalando a líderes sociales de mantener vínculos con organizaciones insurgentes, y tuvo como consecuencia negativa los numerosos crímenes cometidos por agentes del Estado, conocidos como los falsos positivos, en los que se cometieron actos de violación de los derechos humanos.
Con eso en mente, lo que se ve hoy durante las movilizaciones estudiantiles (personas encapuchadas infiltrando las marchas, individuos motorizados de civil escondiendo el rostro detrás de los cascos y protegidos por miembros de la policía nacional, agrediendo y arrestando a jóvenes indefensos) nos coloca ante la posibilidad de que resurjan las épocas dolorosas de violación de los derechos ciudadanos y de criminalización de la protesta social, reviviendo la política de seguridad democrática, conformando un gobierno autoritario populista con una visión autoritaria del poder, bajo una concepción de Estado que está basada en el uso de la fuerza legítima para contener la inconformidad ciudadana. Luis Carlos Galán manifestó en su momento que “el estatuto de seguridad era simplemente una respuesta represiva del Estado a la miseria de la población”, hoy esas palabras cobran una enorme vigencia.
