En noviembre de 2019, en medio del ruido del paro nacional y la rabia que recorría las calles, apareció un video que terminó volviéndose símbolo y problema judicial. En él, una joven golpeaba con un martillo una estación de TransMilenio mientras hablaba a cámara. No era una escena aislada ni anónima: era Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, quien sin saberlo estaba firmando el inicio de una de las historias judiciales más discutidas de los últimos años.
El video se viralizó con la misma velocidad con la que el país se polarizó. Para unos, era una protesta desbordada; para otros, vandalismo puro. Lo cierto es que ese acto quedó registrado, fue judicializado y terminó convirtiéndose en una condena que hoy sigue vigente. En enero de 2025, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme una pena de cinco años y dos meses de prisión, por delitos que incluyeron daño en bien ajeno, perturbación del servicio público e instigación a delinquir con fines terroristas.
La última puerta que se cerró para Epa Colombia
Con la condena ejecutoriada, la defensa de Epa Colombia intentó un último camino: acogerse a la Ley 2477, una norma reciente que promueve la justicia restaurativa y permite, bajo ciertas condiciones, extinguir o reducir penas cuando hay reparación integral. El argumento parecía sólido: Barrera había llegado a acuerdos económicos con TransMilenio, ofrecido disculpas públicas y participado en actividades pedagógicas.
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Sin embargo, el juez de ejecución de penas fue claro. La ley, dijo, no se puede aplicar de forma automática ni simbólica. Según el despacho, no se cumplieron todos los requisitos exigidos, especialmente por la gravedad de los delitos y el tipo penal por el que fue condenada. La petición fue negada y, con ella, la posibilidad de salir anticipadamente de prisión.
La decisión implica que Epa Colombia deberá cumplir su pena completa, al menos hasta 2028, cerrando por ahora cualquier resquicio jurídico para recuperar la libertad. No es la primera negativa ni será, probablemente, la última discusión pública alrededor de su caso.
Porque más allá de Daneidy Barrera, su historia sigue incomodando al país. ¿La justicia fue proporcional o ejemplarizante? ¿Pesó más el daño causado o la figura pública que lo cometió? Mientras esas preguntas siguen abiertas, una cosa queda clara: en este episodio, la justicia decidió no improvisar, ni ser creativa, ni dejarse llevar por la viralidad. Y Epa Colombia seguirá pagando, día tras día, por aquel video que nunca dejó de reproducirse.
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