Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de ciencias económicas y administrativas de la Universidad Javeriana, publicó en el periódico El Espectador el pasado 3 de enero de 2026 una propuesta que llamó: “Lo que el próximo gobierno deberá hacer para retomar el rumbo en educación”. Se trata de una hoja de ruta para un posible gobierno contrario al que termina su período en agosto de este año. Su propuesta es tan clara, en términos de agenda para un gobierno no progresista, que podríamos derivar de allí, a manera de espejo, otra propuesta para darle un obligado rumbo distinto a la educación.
La decana habla de recuperar el sector educativo, lo cual considera inaplazable, aunque señala que no será rápido ni sencillo, pues de ello dependería la movilidad social, la productividad y la cohesión social. Estamos de acuerdo, un nuevo gobierno debe propender por recuperar el sector educativo, porque estos cuatro años no se avanzó lo suficiente, pero sobre todo por el daño estructural causado por los gobiernos de los últimos veinticinco. Pero no recuperarlo porque de ello dependa la movilidad social, sino la justicia social, no la productividad, sino la igualdad, y no la cohesión social, sino la paz y la democracia, en parte. Y digo en parte porque la justicia, la igualdad, la paz y la democracia dependen de otros factores más determinantes, y no es justo responsabilizar a la escuela, a la educación superior y a sus maestros, de lo lejos que estamos de esta realidad.
Para la decana: “Durante este cuatrenio se han tomado decisiones desafortunadas que han afectado la calidad del sistema, frenando avances en cobertura, deteriorado las finanzas del sector, reducido la inversión en primera infancia, y quizás lo más grave, erosionado la confianza en las instituciones que sostienen el sistema educativo colombiano.” Es cierto que durante este cuatrenio no se logró avanzar lo suficiente en estos propósitos, por una razón, porque las decisiones que llevaron a afectar la calidad, a frenar la cobertura, a deteriorar las finanzas, a reducir la inversión en primera infancia y a erosionar la confianza en las instituciones educativas, fueron tomadas durante lo que va corrido del siglo XXI, y algo más. Por eso, para recuperar el sector educativo se necesitan más de cuatro años.
El primer tema que se trata en el artículo es el de la financiación. Casi todas las universidades privadas tienen problemas financieros por la caída en la demanda, consecuencia del bajo crecimiento demográfico y por la falta de motivación de los jóvenes a estudiar carreras largas, inducidos por la propaganda del emprendimiento que los lleva a formarse en el mundo de las micro certificaciones. La otra razón por la que tienen esos problemas es porque durante los anteriores gobiernos se les había entregado mucha plata, gracias a los subsidios focalizados a la demanda, y con ellos ampliaron su infraestructura y su nómina, que ahora les cuesta sostener.
Por esa razón propone “recuperar” el ICETEX como instrumento de movilidad social, porque “permitía acceder a instituciones de educación superior privadas de alta calidad”. Este debilitamiento estaría afectando la competencia en el sistema. Por la vía del ICETEX esperarían volver a recuperar la demanda. Lo que pide es que el Estado les subsidie los créditos a los jóvenes para que se animen a pagar las matrículas caras de las universidades privadas de “alta calidad”. Lo que un nuevo gobierno debe continuar haciendo es destinar la plata de esos subsidios a fortalecer las instituciones de educación superior públicas, de manera que puedan ampliar su cobertura y mejorar su pertinencia, pero no para la movilidad social, sino para que se avance en la garantía del derecho universal a la educación superior, borrando la escalera de ascenso social que reproduce las desigualdades.
Según la autora del artículo el actual gobierno afectó las finanzas porque “(…) se aumentó el presupuesto de funcionamiento, sacrificando la inversión”; el presupuesto de funcionamiento lo considera gastos ineficientes porque el uso de los recursos no genera impacto. Lo que se necesitaría es movilizar fuentes adicionales para avanzar en acceso, calidad, pertinencia y equidad. Si lo que se quiere es recuperar el sector, justamente es en funcionamiento donde se debe destinar el presupuesto, porque es así como se garantiza la sostenibilidad de las instituciones, ampliando y mejorando su infraestructura, contratando profesores de planta con programas permanentes que los cualifiquen, con buenos recursos para investigación, movilidad y publicaciones.
Las instituciones de educación superior públicas se habían empobrecido al extremo porque el presupuesto venía privilegiando la inversión, y no el funcionamiento. Por eso más del 50 % de sus profesores son ocasionales o de horas cátedra, contratados por cuatro o cinco meses al semestre. Antes, el presupuesto se destinaba a inversión porque le permitía a los gobiernos entregarle recursos a las instituciones sin que fueran a la base presupuestal, es decir, que no se volvieran recurrentes, de manera que podían condicionar cada año la entrega de recursos a cambio de que los invirtieran en el cumplimiento de sus metas de los Planes de Desarrollo, que por lo general eran metas referidas a la llamada “eficiencia”, esto es, a producir resultados de aprendizaje medidas en las pruebas Saber Pro, que retornaran capital en forma de conocimiento al sistema productivo; eso sí tendría “impacto”.
El llamado a movilizar fuentes adicionales para avanzar en acceso, calidad, pertinencia y calidad, fue lo que hicieron por mas de treinta años las instituciones de educación superior públicas vendiendo servicios, esto es, mendigando recursos a través de proyectos de “impacto”, lo cuál desvió su tarea misional y las desgastó creando oficinas de gestión de proyectos de extensión que terminaron siendo más importantes que sus propias Facultades.
La decana reclama la defensa del carácter mixto del sistema educativo, para garantizar la articulación “virtuosa” entre instituciones públicas y privadas. En efecto, nuestro sistema educativo históricamente se ha construido con una fuerte presencia de la iniciativa privada, esto, a diferencia de muchos países del mundo y de la región. Hay que decir que los países donde predomina el sistema público de educación tienen niveles de cualificación de sus jóvenes mucho más alto, promueve sociedades más igualitarias y no el apartheid educativo del que habla Mauricio Villegas en su valioso trabajo llamado “Educación y clases sociales en Colombia: un estudio sobre apartheid educativo” (Dejusticia. 2021). Un nuevo gobierno no debe impedir la iniciativa privada en educación, pero no puede tampoco seguir manteniendo el apartheid, para ello debe fortalecer la educación pública de manera que la infancia y la juventud encuentren en ella, sin distinción de clase social, una formación que dignifique sus vidas.
Pide también revisar las inversiones en infraestructura, para no dejar elefantes blancos, pues considera que la educación superior es mucho más que edificios. Y eso es verdad. Un nuevo gobierno debe revisar muy bien dónde hacer inversiones en infraestructura, para que no le pase lo de las universidades privadas, y es que no previeron la sostenibilidad de sus inversiones y hoy se están quedando con lo que llama elefantes blancos. Claro que sí se necesita buena y digna infraestructura, por eso hay que destinar presupuestos al funcionamiento para que se prevea su sostenibilidad, la de sus edificios y la pertinencia y flexibilidad de sus programas, con profesores de planta bien calificados capaces de responder a los cambiantes intereses de los jóvenes y sobre todo del desarrollo integral de las regiones, a donde nunca ha llegado la educación superior.
La autora hace un llamado a priorizar la inversión en primera infancia porque la mayor rentabilidad social de la inversión educativa se encuentra en los primeros años de vida. En esto también se coincide, y es verdad que allí debe haber una especial atención, pero no porque esto genere rentabilidad social, es decir fortalecimiento temprano de capacidades de aprendizaje para generar el conocimiento que necesita el aparato productivo, como lo entienden algunos economistas cuando hablan de rentabilidad social, sino porque los derechos de la infancia están, según nuestra constitución, por encima de los demás.
No está de acuerdo la decana con la gratuidad en la educación superior pública porque lo que importaría sería la calidad, según ella, y la educación superior es una inversión con altos retornos privados, cuando es de calidad. La gratuidad, dice, debería concentrarse exclusivamente en jóvenes de bajos recursos; quienes tienen capacidad de pago deberían contribuir o recurrir a instrumentos como el Icetex. Esto no se compadece con el principio universal del derecho a la educación. La educación superior no es una inversión con altos retornos privados, sino un derecho humano, por eso hay que avanzar en la gratuidad; este gobierno dio pasos muy importantes en esa dirección, y deben profundizarse en el futuro.
También propone auditoría exhaustiva de los títulos otorgados por instituciones de baja calidad, que han convertido la educación superior en un negocio. Velar porque la educación no sea un negocio, implica afinar los mecanismos de control sobre aquellas instituciones que dicen ser sin ánimo de lucro y en realidad sólo buscan enriquecer a sus dueños.
Pide también fortalecer la operación estadística del sector, garantizando la producción de información relevante y retomar las pruebas de Estado como instrumento esencial para monitorear aprendizajes y calidad. En efecto, un buen sistema de producción de datos estadísticos es fundamental, si se quiere fortalecer la inteligencia con la cuál conducir adecuadamente la política educativa. Lo que no puede seguir promoviendo es la odiosa comparación que se ha hecho por décadas de los resultados de las pruebas de Estado (Saber), entre buenos y malos colegios, entre los que promueven la calidad de los aprendizajes y los que no.
Claro, cuando las pruebas están diseñadas para eso, muchos colegios públicos, sobre todo los que trabajan con niños, niñas y jóvenes en condiciones de pobreza y violencia, tienen bajos puntajes; pero no porque sean malos, sino porque lo que llaman aprendizaje de calidad lo tienen a disposición los hijos e hijas de familias con un capital cultural heredado, no porque se los den los colegios donde estudian. Si se quisiera medir qué tanto aporte hace un colegio a la dignificación de la vida de sus estudiantes, seguramente los colegios públicos tendrían los primeros lugares en el ranking de las pruebas. Pero serán otras pruebas, que un nuevo gobierno debe diseñar.
También reclama retomar la inversión en formación de alto nivel, restableciendo los recursos que se destinaban a Colfuturo y Fulbright para que jóvenes con talento cursen maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo. Si, un nuevo gobierno debe promover la formación de alto nivel, pero no necesariamente a través de Colfuturo y Fulbright, sino a través de becas completas para estudiar en el exterior o en nuestro país. Brasil es un ejemplo a seguir, con su sistema de “bolsas”.
Finalmente pide financiar investigaciones y consolidar ecosistemas científicos, involucrando tanto universidades públicas como privadas. De nuevo hay coincidencia en lo de ecosistemas científicos. Y claro que debe contarse con el concurso de las universidades privadas y públicas, pero esto va a significar invertir a la base presupuestal de las universidades públicas (no como recursos pasajeros), esto es, al funcionamiento, para que desarrollen verdaderos programas científicos de largo aliento. Además, un nuevo gobierno debe convocar al sector productivo para que concurran con generosidad en la creación de fundos suficientes, como sucede en muchos países en los que se valora de verdad la ciencia. Es una deuda histórica que se debe comenzar a pagar en algún momento, y ojalá sea un próximo gobierno el que lo logre.
El debate está abierto, ojalá en estas campañas electorales de 2026 el tema se aborde con seriedad y de cara a los intereses de las nuevas generaciones, especialmente las que históricamente han sido marginadas del sistema educativo.
* exrector de la Universidad Pedagógica Nacional y exviceministro de Educación
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