No hay nada más auténtico —no solo en la región Caribe, sino en todo el país— que la fiesta de acordeones que cada año convierte a Valledupar en el epicentro de la cultura popular. Durante esos días, el aire parece detenerse, la ciudad se engalana y una corriente de parrandas sin fin nos recuerda que la alegría también puede ser un patrimonio. El Festival Vallenato no es únicamente música: es economía en movimiento, reencuentros, memoria y la llegada de un mundo que viene a escucharnos.
Pero Valledupar también es Colombia. Y esa verdad, tan simple como incómoda, nos obliga a mirar de frente la otra cara de la ciudad: la inseguridad que crece, que se normaliza y que empieza a condicionar la vida cotidiana. Hoy no se trata solo de percepción. Los hechos recientes —hurtos que terminan en tragedia y ciudadanos asesinados por resistirse— han dejado de ser episodios aislados para convertirse en señales de alarma.
Se extrañan tiempos que parecen lejanos: cuando portar una cadena, un anillo o un reloj no implicaba una sentencia de riesgo. Hoy, en cambio, esos mismos símbolos de esfuerzo se han convertido en señuelos. La ciudad que canta también teme.
En este contexto, las críticas a la administración del alcalde Ernesto Orozco no son gratuitas. La ciudadanía percibe un aumento sostenido de los hechos delictivos y, lo más preocupante, una ausencia de resultados visibles frente a la criminalidad. La pregunta, entonces, no es retórica: ¿cómo se blindará Valledupar en plena temporada del festival, cuando miles de visitantes recorrerán sus calles sin conocer los riesgos que enfrentan quienes viven en ella?
El interrogante adquiere mayor dimensión si se entiende que el Cesar no es ajeno a las dinámicas de violencia que persisten en el país. Mientras en zonas rurales aún se disputan territorios actores armados, en la capital los delitos urbanos avanzan con una lógica distinta pero igual de preocupante: la del oportunismo criminal, la impunidad y el miedo silencioso.
Blindar la ciudad no puede reducirse a aumentar el pie de fuerza o a desplegar operativos temporales. Eso sería, en el mejor de los casos, un paliativo. Se requiere inteligencia efectiva, articulación institucional y decisiones de fondo que apunten a desmantelar las estructuras que hoy operan con relativa tranquilidad. También implica reconocer una realidad incómoda: que el ciudadano, hoy por hoy, se siente desprotegido.
Resulta paradójico —y profundamente injusto— que se deba recomendar a propios y visitantes no portar objetos de valor para evitar convertirse en víctimas. Pero ignorarlo sería irresponsable. Entre la vergüenza de aceptar esa medida y el dolor de lamentar nuevas tragedias, la elección parece obligada.
Valledupar no puede limitarse a embellecer sus calles mientras la incertidumbre se esconde en sus esquinas. No basta con pintar fachadas si el miedo sigue intacto. La seguridad no puede ser un accesorio del festival; debe ser su condición.
Que esta edición del festival no quede marcada por titulares de violencia, sino por la fuerza de su cultura. Que los acordeones sigan contando historias y no silencien las nuestras. Que la ciudad de los palos de mango y las trinitarias no sea recordada por el temor, sino por su capacidad de sobreponerse.
Porque Valledupar no necesita blindarse solo por unos días. Necesita, con urgencia, volver a ser un lugar donde la vida no se ponga en riesgo por el simple hecho de habitarla.
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