El laberinto del proyecto Mirador del Paraíso
Una investigación de la Comunidad Paraíso Mirador revela la cadena de fallas de control que permitió a una constructora recibir millonarios recursos en subsidios de vivienda sin entregar apartamentos habitables a 58 familias reasentadas de esta comunidad.
La Caja de la Vivienda Popular (CVP), dirigida por Juan Carlos Fernández Andrade, intentó deslindarse de su responsabilidad en el proyecto Edificio Mirador del Paraíso, pero su propia respuesta oficial a una denuncia ciudadana confirma el origen del problema: la entidad autorizó el desembolso de los recursos con base en una certificación de avance del 90% emitida por un veedor elegido por el fideicomitente constructor, la Corporación Cuéllar Urrea.
El reconocimiento de la ceguera institucional
La CVP admitió que el veedor no era un ente de control independiente, sino designado dentro del contrato fiduciario por el fideicomitente constructor. Esta cadena de mando pone en duda la independencia del control de obra, al confiar ciegamente en una figura escogida por el propio constructor.
La entidad también reconoce que, pese a esa certificación del 90% de avance y la autorización del desembolso, los apartamentos siguen sin contar con acueducto y con la aprobación de la subestación de energía por parte de ENEL. En esencia, la CVP liberó recursos mientras persistían carencias en los servicios básicos, una situación que hoy impide la ocupación de las viviendas.
La indignidad burocrática y el silencio de los funcionarios
La respuesta de la Dirección Jurídica de la CVP utiliza un tono legalista para justificar los retrasos. La entidad niega haber suspendido el subsidio de arriendo, alegando que los pagos están condicionados a que las familias cumplan los requisitos normativos y radiquen la documentación completa. De esta forma, la carga por el incumplimiento recae sobre los propios beneficiarios, quienes siguen esperando soluciones concretas.
La CVP afirma además que las familias son propietarias de las viviendas desde abril de 2025, fecha en que las escrituras fueron registradas en la Oficina de Instrumentos Públicos. Sin embargo, la entrega efectiva de los apartamentos se mantiene pendiente.
Negación sin investigación
La entidad negó tener conocimiento sobre la supuesta orden de la funcionaria Hasbleidy Puentes para contactar a las familias y frenar protestas, aunque reconoció que en marzo de 2025 sí se realizaron contactos para la firma de promesas de compraventa. También rechazó haber ofrecido dinero o incentivos a las familias, señalando que todas las gestiones se han hecho dentro del marco legal.
El director Juan Carlos Fernández Andrade afirmó que esta administración recibió el proyecto sin solución efectiva para las familias beneficiarias y negó que el proceso haya fracasado, pese a las evidentes demoras en la entrega.
La deuda con las familias
La respuesta oficial de la CVP deja abiertas las preguntas sobre la supervisión del proyecto y la responsabilidad compartida entre los actores públicos y privados involucrados. Las 58 familias de Ciudad Bolívar siguen esperando que se materialicen las promesas de vivienda digna que hace años les ofrecieron como parte del reasentamiento del sector Paraíso Mirador
A continuación se anexa la respuesta del derecho de petición contestado por la CVP, el cual sustenta lo dicho en el texto:
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