Es pertinente evaluar la conducta de ciertos operadores de taxis y autobuses en Barranquilla y su área metropolitana, quienes, bajo el pretexto de disponer de un medio de autoprotección frente a la delincuencia, portan armamento de variada índole (contundentes, blancas y de fuego). A pesar de ello, las evidencias empíricas y los reportes de campo indican que dichos instrumentos no se utilizan en el marco de la legítima defensa, sino que se emplean de forma sistemática para infundir temor en los usuarios y coartar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Esta situación configura un comportamiento susceptible de ser considerado intimidatorio, factor que probablemente agrave la comisión de actividades ilícitas conexas, entre ellas la extorsión y la coacción.
Es importante destacar que, dentro de este sector, existe un porcentaje involucrado en hechos punibles que abarcan desde hurtos calificados y agravados, extorsiones, hasta agresiones físicas y abusos sexuales. En consecuencia, es imprescindible que las autoridades competentes implementen investigaciones rigurosas para determinar la auténtica finalidad del porte de esos elementos, a fin de proceder con las sanciones administrativas y penales.
Es fundamental la creación de una entidad adscrita a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, enfocada en investigar las prácticas delincuenciales en el sector del transporte, especialmente en taxismo, autobuses y aplicaciones digitales. Este organismo tendría la tarea de analizar, a través de factores criminológicos que favorecen conductas delictivas, y aplicar medidas preventivas y sancionadoras, garantizando así la protección de los usuarios, el orden público y la integridad del sistema de transporte.
El programa que deben adoptar las autoridades facultadas podría fundamentarse en dos ejes cardinales: el fortalecimiento de la presencia física y la implementación masiva de sistemas de videovigilancia equipados con inteligencia artificial (IA). Dicho planteamiento extinguiría o reduciría el ciclo delictivo que afecta a los usuarios. La obligatoriedad de instalar estos dispositivos en taxis y autobuses se considera una disposición crucial, puesto que, junto con el respaldo de unidades policiales especializadas, posibilitará la monitorización continua de las plataformas de transporte.
La supervisión permanente que se derive de este esquema funcionará como el «guardián eficaz» planteado en la teoría de las actividades rutinarias de Cohen y Felson, la cual sostiene que la convergencia de un ofensor motivado, un objetivo vulnerable y la ausencia de un vigilante idóneo favorece la comisión de actos delictivos.
En los últimos años, en la urbe, se ha evidenciado un notable incremento en la presencia de extranjeros que deciden establecerse de forma permanente, junto al afluente constante de turistas en visita. Este cambio plantea nuevos desafíos en materia de seguridad pública, ya que ciertos actores, como algunos conductores de taxis, pueden aprovechar la vulnerabilidad de estos grupos para apropiarse indebidamente de sus pertenencias o proporcionar un trato inadecuado. Ante dicho escenario, la implementación de medidas preventivas es imperativa.
La obligatoriedad en la instalación de varios GPS en estos automotores constituye una herramienta de gran valor para fortalecer la seguridad ciudadana. Este dispositivo posibilita la localización y el seguimiento en tiempo real de la trayectoria de los vehículos, actuando así como un elemento disuasorio ante conductas criminales. Además, la evidencia generada por esta tecnología facilita la intervención oportuna por parte de los policiales, permitiendo una respuesta inmediata frente a cualquier anomalía detectada.
La promoción para que ciudadanos extranjeros residan e inviertan en nuestro entorno constituye un valor fundamental para el desarrollo urbano y la proyección internacional. Pero, para ganar la confianza de estos actores y asegurar la tutela de sus derechos e intereses, es imperativo implementar una estrategia de seguridad integral.
Esta medida deberá garantizar la salvaguarda tanto del patrimonio económico como de la integridad física, en estricta conformidad con el marco jurídico en vigor y los principios de protección y seguridad establecidos.
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