El reciente caso de Frisby, una de las marcas más queridas y representativas de Colombia, ha encendido las alarmas sobre un tema que suele pasar desapercibido: la débil protección de la propiedad intelectual de nuestras empresas a nivel internacional. Hoy, Frisby enfrenta una batalla legal contra una empresa española que registró su nombre en Europa con la intención de apropiarse de él sin asumir ninguna responsabilidad. Frente a esta situación, cabe preguntarse: ¿qué está haciendo el Estado colombiano para prevenir y enfrentar este tipo de atropellos?
Hasta ahora, la conversación pública se ha centrado en la defensa emocional de la marca, que ha logrado unificar a ciudadanos y empresas en un gesto admirable de solidaridad. Sin embargo, la emoción no es suficiente. Este caso debe convertirse en una alerta que obligue al Congreso, al Ejecutivo y a las instituciones competentes a revisar y fortalecer las herramientas legales con las que se protege la propiedad intelectual de las empresas colombianas fuera del país.
Actualmente, muchas marcas nacionales no cuentan con asesoría jurídica adecuada para registrar y defender su nombre en mercados internacionales. Tampoco existe una estrategia estatal clara que promueva el blindaje legal de los emprendimientos nacionales ante registros abusivos por parte de terceros en el extranjero. Esta ausencia deja a nuestras empresas, especialmente las medianas y pequeñas en una posición de vulnerabilidad en mercados donde la competencia es feroz y las reglas, diferentes.
Frisby, nacida en Pereira hace casi cinco décadas, ha trascendido como un símbolo de esfuerzo, innovación y pertenencia. No se trata solo de pollo frito, se trata de una marca que representa el espíritu emprendedor colombiano. Por eso, el respaldo a Frisby debe ir más allá del afecto popular: se necesita una respuesta institucional firme.
El Ministerio de Comercio, la Cancillería y la Superintendencia de Industria y Comercio deben pronunciarse y, más aún, actuar. El Congreso debe abrir el debate sobre cómo proteger legalmente nuestras marcas en otros países. Una propuesta clara sería la creación de un fondo estatal o una oficina especializada que brinde asesoría jurídica internacional a empresas colombianas, especialmente en procesos de registro y defensa de marcas en el exterior. También es urgente explorar mecanismos multilaterales y acuerdos bilaterales que impidan registros de mala fe.
Si el Estado permanece en silencio, el mensaje será devastador para cientos de startups y emprendedores que, como Frisby en su momento, sueñan con crecer y dejar huella. El caso Frisby no es un hecho aislado, es el reflejo de una deuda pendiente con quienes apuestan por construir empresa en Colombia.
Este no es solo un conflicto legal, es un llamado a proteger lo que nos representa: la creatividad, la constancia y la identidad de un país. Ojalá esta historia no termine en una pérdida, sino en el inicio de un cambio que garantice que ninguna otra marca nacional vuelva a enfrentar sola una lucha como esta. Porque sí: Frisby es más que pollo frito. Es Colombia.
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